Tras fuertes reclamos de rechazo y denuncias sobre supuestas presiones políticas y económicas, el gobernador Alejandro García Padilla vetó tarde anoche el proyecto de ley que hubiera legitimado las casas enclavadas en aguas de La Parguera mediante una zona de planificación especial  que les hubiera dado permanencia en terrenos de dominio público.

La Fortaleza confirmó el veto expreso del Proyecto del Senado 1621 cerca de las 10:00 p.m. García Padilla tenía hasta anoche para actuar sobre la medida que generó un sólido rechazo y reclamos de veto entre grupos ambientalistas, juristas y miembros de la sociedad civil. 

Al ofrecer las razones para el veto, García Padilla dijo en declaraciones escritas que la legislación hubiera creado "un precedente peligroso".

"El proyecto no atendía adecuadamente el problema de las casas de La Parguera que, no obstante cuentan con permisos de uso, conexiones eléctricas, de agua potable y de alcantarillado pluvial y sanitario autorizadas por el Estado; no se les permite hacer las reparaciones que se derivan de su uso normal. En algunos casos se trata de la única residencia de los ciudadanos que las habitan. Esa inconsistencia debe ser resuelta de forma responsable por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de forma administrativa, tomando en cuenta la preservación de nuestros recursos y las oportunidades turísticas y de desarrollo económico de las zonas donde se localicen" reza el comunicado.

Fuentes  de La Fortaleza indicaron a El Nuevo Día que el primer ejecutivo estuvo reunido con sus asesores hasta entrada la noche discutiendo las disposiciones del proyecto de ley de la autoría de los senadores Antonio Fas Alzamora y Larry Seilhamer.

Los opositores no solo habían advertido sobre el peligro que representan las residencias sobre pilares para los recursos naturales de la zona, sino que plantearon que la aprobación de la legislación abriría la puerta para la proliferación de proyectos de infraestructura en las costas del país, y por ende, para la privatización del litoral.

De inmediato, los oponentes celebraron la determinación de García Padilla.

“Creo que la decisión del gobernador fue la correcta y la más responsable porque la irresponsabilidad de haber permitido esas ocupaciones privilegiadas no podía culminar con otra irresponsabilidad de otorgar derechos definitivos”, manifestó a este medio el abogado ambientalista Pedro Saadé.

“Ahora lo que corresponde es que el Estado desarrolle una política para resolver el problema de La Parguera y otros lugares de ocupaciones ilegales en la costa porque esto resuelve un aspecto, pero no todo el problema”, aseveró.

El profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico había vaticinado que, si la nueva zonificación especial sobre La Parguera cobraba fuerza de ley, la controversia que desató la propuesta culminaría en los tribunales.

Mediaron presiones

Saadé estuvo entre el grupo de profesores de Derecho que a principios de julio se reunieron con el gobernador, en La Fortaleza, para discutir algunos pormenores del proyecto y advertirle sobre el precedente jurídico que establecería al validar las estructuras privadas en terrenos de dominio público.

 En ese entonces, los letrados salieron satisfechos del encuentro luego que el mandatario les manifestara que sería fiel a su programa de gobierno.

Entre los compromisos que hizo García Padilla cuando era candidato a la gobernación en el 2012, estaba realizar “un deslinde nacional de toda la zona marítimo terrestre y planificar nuestro entorno marítimo ordenando y protegiendo ese bien público, para establecer claramente las múltiples actividades económicas para su desarrollo sostenible”.

Sin embargo, diversas fuentes indicaron a este medio que, desde aquella reunión, el gobernador supuestamente recibió presiones de algunos residentes en las casas en controversia y del alcalde de Lajas, Marcos “Turín” Irizarry, para que le diera paso a la medida.

El alcalde popular de Lajas confirmó que se reunió con el mandatario la semana pasada para pedirle directamente que firmara la legislación, e igualmente dijo que el secretario de Estado, Víctor Suárez, estuvo en ese municipio el fin de semana anterior reunido con algunos de los propietarios de las casas flotantes para discutir el proyecto.

Durante la evaluación en la Asamblea Legislativa, la entonces secretaria del Departamento de Recursos Naturales, Carmen Guerrero, fue una de las principales voces en contra del proyecto. Fuentes de este medio indicaron que una vez llegó ante la consideración del gobernador, el Departamento de Justicia emitió una opinión adversa recomendando su veto. Sin embargo, ese documento nunca fue divulgado, pues La Fortaleza se amparó en el uso del privilegio ejecutivo para defender su supuesta confidencialidad.