Wanda Vázquez y Jenniffer González discuten formas para acelerar distribución de fondos federales

Sin abundar sobre detalles, la gobernadora Wanda Vázquez Garced y la comisionada residente Jenniffer González reiteraron este martes que trabajan en una agenda común para avanzar en la distribución de los fondos federales que ha recibido Puerto Rico en ayudas ante la pandemia de coronavirus (COVID-19).

"Muchos de estos fondos al ser firmados por el presidente inmediatamente no los tenemos aquí, depositados en las cuentas el gobierno”, apuntó la gobernadora.

Vázquez Garced sostuvo que uno de los principales propósitos de las reuniones es establecer cuáles son las guías y requisitos con los que debe cumplir cada agencia que tiene fondos asignados, para ser recibidos y distribuidos.

En ese sentido, tanto la gobernadora como la comisionada han estado reuniéndose con los distintos jefes de agencia de la rama ejecutiva, para examinar “cuál es el requisito particular que requiere cada uno de ellos y en qué ella (la comisionada) nos puede asistir”, dijo Vázquez Garced.

Por su parte, González, indicó que ya hay sobre $5,500 millones en fondos federales aprobados para Puerto Rico exclusivamente en el contexto de la emergencia por el COVID-19 “que tienen que estar disponibles de manera inmediata”. Indicó que parte de ese dinero es el que ha sido distribuido por el Departamento de Hacienda. 

Precisamente, uno los asuntos que se discutiría en las reuniones es el pago de $1,200 por parte de esa agencia. La comisionada había dicho que la discusión sobre cómo avanzar en ese desembolso para las personas que no lo han recibido sería uno de los temas principales en las reuniones, pero ayer no abundó detalles.

Hacienda inició el 1ro de mayo, la primera fase del Plan de Distribución del Pago de Impacto Económico (CARES Act). La agencia informó que hoy se completó el tercer desembolso de $365.6 millones para 231,111 familias que verían el dinero reflejado en sus cuentas entre hoy y mañana. Hasta el momento, el total de desembolsos suma cerca de $923.6 millones, para un total aproximado de 569,111 familias.

Para la segunda fase se utilizará la Planilla 2018 y los contribuyentes tendrán que informar su cuenta bancaria en el enlace que se habilitará a mediados de mayo. La tercera fase cubrirá a todas las personas que no están obligadas a radicar planilla y no han sido reclamados como dependientes.

En esa fase también estarán los pensionados, beneficiarios del Seguro Social, del PAN, veteranos, universitarios y otras personas que no están obligadas a radicar planillas. La agencia no ha informado cómo estas personas podrán solicitar el pago.

Ambas funcionarias también se reunieron con la secretaria del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Briseida Torres Reyes, para indagar sobre los desembolsos a las personas desempleadas durante la crisis de la pandemia, un proceso que ha resultado der deficiente, con diversos problemas en el sistema habilitado para que los individuos soliciten la ayuda y con retrasos en los pagos, en momentos en que ya está encaminada una reapertura económica tras casi dos meses de cierres preventivos.

“Designamos a la CIO (Principal Ejecutiva de Innovación e Información) del Gobierno que es Glorimar Ripoll, se identificaron unos problemas que había en la programación, se corrigieron, así que están fluyendo (los pagos) de una manera mucho más expedita. Siempre hay espacio para mejorar”, manifestó la gobernadora. Tampoco se mostró una evidencia concreta de esa mejoría en el sistema.

“Todos los días pueden haber personas que necesiten (la ayuda), lo importante es que puedan entrar al sistema, que se puedan registrar. Una vez la persona se registra tiene que venir un proceso de verificación”, sostuvo Vázquez Garced. “Ese dinero es una ayuda, pero también va a ser auditado”, dijo, en referencia a las auditorías al gobierno.

Respecto a la problemática con los fondos del desempleo, la comisionada apuntó que “estas reuniones también nos ayudan a identificar cuán deficiente puede ser el sistema de tecnología que esté utilizando la agencia que sea para saber si hay que buscar otra alternativa”.

“Eso no puede ser una excusa para que el gobierno no busque los mecanismos de hacerlo inmediato, y para eso también hay fondos federales”, planteó.

Ayer, al inicio de la jornada de reuniones a puertas cerradas, la propia comisionada reconoció que parte de ese dinero federal que ha llegado a las arcas del gobierno “debe transferírsele directamente a los municipios que, primero, acaban de recibir el cantazo de la Ley 29, segundo, están haciendo pruebas, están entregando comida, están bregando con el terremoto, y la realidad es que los empleados municipales están haciendo muchas de las funciones del gobierno estatal, hoy por hoy”. No obstante, ni la comisionada ni la primera ejecutiva abundaron ayer sobre esa posibilidad.