La exsecretaria de Educación Julia Keleher fue arrestada por las autoridades federales también en julio del año pasado. (GFR Media)

La exsecretaria de Educación Julia Keleher habría cedido los terrenos de una escuela presuntamente a cambio de recibir beneficios financieros en el arrendamiento y compra de un apartamento ubicado en el complejo Ciudadela, en Santurce, alega una nueva acusación federal en su contra.

Keleher y Ariel Gutiérrez-Rodríguez, propietario de una firma de bienes raíces, fueron acusados hoy, miércoles, por su participación en un supuesto esquema de soborno y conspiración para cometer fraude, confirmó el fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico. W. Stephen Muldrow.

Ambos enfrentan cargos por soborno, fraude bancario y conspiración para cometer fraude.

El gobierno federal sostiene que Keleher firmó un acuerdo de alquiler con opción a compra en junio de 2018 para adquirir un apartamento de dos cuartos en Ciudadela. El apartamento estaba valorado e $297,500, pero Keleher tendría acceso a él por $1 hasta agosto del 2018, según el acuerdo. No obstante, Keleher continuó disfrutando acceso al apartamento sin pagar la renta mensual acordada de $1,500 hasta que lo compró el 4 de diciembre de 2018.

El acuerdo incluía el que Keleher gozara de un "bono" de $12,000 por la compra del apartamento, pero no está claro si la exsecretaria de Educación recibió el dinero o si la cantidad se le restó al precio total del apartamento.

La fiscalía federal no celebró una conferencia de prensa para anunciar la radicación de cargos, por lo que múltiples preguntas quedaron sin contestar.

Según fiscalía federal, Keleher estaba obligada a reportar estos beneficios, calculados en $20,000, a la Oficina de Ética Gubernamental.

Mientras, Gutiérrez Rodríguez, quien se declaró no culpable esta tarde por cargos de corrupción frente a la magistrada Silvia Carreño, salió del Tribunal Federal con una fianza de $50,000 y bajo la responsabilidad de su pareja por los pasados 47 años.

El juicio contra Gutiérrez Rodríguez y contra Keleher será presidido por el juez José Besosa.

A Gutiérrez Rodríguez se le imputa "facilitar" el acceso que tuvo Keleher al apartamento en Ciudadela y lograr el acuerdo de alquiler con opción a compra. También se le acusa de entregar al Departamento de Educación una carta ya preparada y que Keleher solo tenía que firmar para que la agencia cediera 1,034 pies cuadrados de la escuela bilingüe Padre Rufo para ensanchar una carretera cercana a Ciudadela.

En síntesis, se alega que Keleher autorizó la cesión de ese terreno a cambio de tener acceso gratuito por un puñado de meses al apartamento en Ciudadela.

En el caso de Keleher, el fiscal José Capó Iriarte, indicó a la prensa que la exsecretaria de Educación tiene la opción, a través de su abogada María Domínguez, de solicitar al tribunal que se le exima a su clienta de tener que comparecer a la vista inicial, por lo que no tendría que acudir al Tribunal Federal en Puerto Rico hasta el inicio del juicio.

La nueva imputación le suma cinco cargos a Keleher, que ya enfrentaba otros siete cargos por corrupción por una acusación que fue presentada en julio de 2019.

Sobre la nueva acusación en contra de Keleher, el secretario de Educación Eligio Hernández se limitó a decir que "como en todas las instancias, el Departamento de Educación se mantiene en colaboración continúa con todas las agencias investigativas, incluyendo el Negociado Federal de Investigaciones".

"Por esto ser un caso que está en la etapa inicial de un proceso judicial, y dándole total deferencia tanto al Departamento de Justicia Federal como a los acusados, quienes les cobija la presunción de inocencia, no haremos expresiones adicionales sobre este asunto", dijo.

De otro lado, contra Gutiérrez Rodríguez también pesan cinco cargos, detalla la imputación presentada ayer, 14 de enero, por un gran jurado federal.

De 76 años, Gutiérrez Rodríguez se expone a una pena de 20 años de cárcel y multas ascendentes a $250,000 de ser encontrado culpable.

Gutiérrez Rodríguez, quien según supo El Nuevo Día está encargado de las ventas y el mercadeo de los apartamentos en el complejo, es representado por Francisco Rebollo y el exjuez federal José A. Fusté.

“Esta vez la fiscalía federal no entendió los hechos o tengo que decir que los ha tergiversado. Este caso se trata de que la corporación que construyó Ciudadela está haciendo mejoras a la infraestructura del área de Santurce donde está Ciudadela en términos de ampliación de unas calles y la construcción de parques pasivos”, dijo Rebollo al insistir que estos trabajos son costeados por empresas privadas.

“Para poder cuadrar una de las calles, fue necesario que el Departamento de Educación cediera una franja de la escuela Padre Rufo para que las calles quedaran perpendiculares. Eso permitió que la construcción se lleva a cabo de la manera exitosa en que se está llevando a cabo”, agregó Rebollo al indicar que Keleher compró un apartamento en Ciudadela “y la fiscalía está alegando que, a cambio de apartamento, se hizo la construcción, lo cual es total y absolutamente absurdo e ilógico”.

Rebollo insistió en que Ciudadela trató a Keleher como cualquier “cualquier hijo de vecino”, con los mismos precios y el acceso a los mismos bonos que cualquier ciudadano.

La acusación formal alega que el propósito de la conspiración era que Keleher usara su posición oficial como secretaria de Educación para enriquecerse solicitando y aceptando cosas de valor, y para que otros se enriquecieran y fueran favorecidos a través de actos oficiales de la exfuncionaria, por medio de actos de corrupción.

“La corrupción pública continúa erosionando la confianza entre los funcionarios del gobierno y nuestros ciudadanos. La demandada Keleher explotó su posición en el gobierno para beneficiarse a sí misma y a otras personas privada", afirmó el fiscal federal Muldrow, en declaraciones escritas. “A los funcionarios del gobierno se les confía el desempeño de sus funciones de manera honesta y ética. Cuando no lo hagan, serán obligados a rendir cuentas".

Por su parte, el agente especial a cargo del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) en la isla, Douglas A. Leff, sostuvo que “cualquier persona involucrada en el soborno de un funcionario público busca poner sus propios intereses por encima de los del pueblo de Puerto Rico. Sin embargo, esas partes corruptas eventualmente pagarán un precio mucho más alto en el sistema de justicia penal”.

“Continuaremos entregándolos al tribunal federal. Este ha sido nuestro compromiso con el pueblo de Puerto Rico y tenemos la intención de mantenerlo en los próximos años”, manifestó.

Los encargados del caso son José Capó Iriarte y el fiscal federal adjunto Alexander Alum.

Si se los encuentra culpables, los acusados enfrentan posibles condenas de hasta diez años por conspiración y soborno de programas federales, y hasta 20 años por fraude electrónico.

Los detalles de la nueva acusación

El complejo de apartamentos Ciudadela, detalla la acusación, está adyacente a la escuela Padre Rufo en Santurce.

El 7 de junio de 2018 o alrededor de esa fecha, la exsecretaria de Educación firmó un contrato de arrendamiento con la promesa de compra de un apartamento de dos habitaciones en Ciudadela. El acuerdo le permitía ocupar el apartamento hasta el 12 de agosto de 2018, por el pago de $1.00, aunque el acuerdo valoraba el precio de alquiler mensual en $1,500.

Según los términos del acuerdo, Keleher debía comprar el apartamento por $297,500.00, conun bono de $12,000.00 en relación con dicha compra. Esos bonos raramente excedían los $5,000, detalle la acusación.

Aunque el acuerdo expiró el 15 de agosto de 2018, la extitular permaneció viviendo en el apartamento hasta que lo compró en o alrededor del 4 de diciembre de 2018. “Es decir, se le permitió a Julia Beatrice Keleher ocupar el apartamento desde el 7 de junio de 2018 hasta el 4 de diciembre de 2018 por la cantidad de $1.00”, según los alegados hechos.

Como secretaria de Educación, Keleher debía presentar una declaración de divulgación financiera en la Oficina de Ética Gubernamental, pero en ese documento, indicó la fiscalía federal, Keleher "no reveló que recibió un obsequio, ingreso o beneficio superior a $20,000" al ocupar un apartamento en Ciudadela por el monto de $1.00 y recibir un incentivo de $12,000 en la compra. La acusación también menciona un empleado de la Escuela Padre Rufo, aunque no revela el nombre.

"En o alrededor de mayo de 2018, Ariel Gutiérrez Rodríguez y otros, actuando en nombre de la Compañía A, la Compañía B y la Compañía C, se comunicaron con un empleado del PR DOE que trabajó en la Escuela Padre Rufo con el fin de obtener el consentimiento de ese empleado para la cesión de 1,034 pies cuadrados de la Escuela Padre Rufo a la Compañía C”, indica la alegación de hechos.

Entre mayo de 2018 y junio de 2018, el acusado dio instrucciones de que se entregara a ese empleado una carta firmada por el Individuo A solicitando autorización para que la Compañía C adquiriera los 1,034 pies cuadrados de la Escuela Padre Rufo. La supuesta carta tiene fecha de 30 de mayo de 2018.

Luego, Gutiérrez entregó al empleado el borrador de una carta dirigida a Keleher que proporcionaba el consentimiento del empleado para transferir 1,034 pies cuadrados de la Escuela a la Compañía C. Esa cara fue fechada el 8 de junio de 2018.

Según la sucesión de los alegados hechos, en o alrededor del 17 de julio de 2018, Gutiérrez envió por correo electrónico el borrador de una carta de Keleher, dirigida al Individuo A autorizando a la Compañía C a adquirir 1,034 pies cuadrados de la Escuela Padre rufo para fines comerciales.

“Julia Beatrice Keleher hizo que el texto se colocara en papel con membrete del PR DOE (Departamento de Educación de Puerto Rico), tal como fue redactado por Ariel Gutiérrez Rodríguez, y colocó su firma", sostiene la acusación.

Entre la evidencia, hay siete correos electrónicos, como uno de Keleher a un empleado de Educación adjuntando documentos relacionados con la adquisición por parte de la Compañía C de 1,034 pies cuadrados de la Escuela Padre Rufo, un correo electrónico de Gutiérrez a Keleher ofreciendo asistencia para obtener un préstamo bancario, y un correo electrónico del individuo A al representante de la Compañía E y Keleher, conformando que el dinero debe desembolsarse a la Compañía D.

Una mañana de arrestos

El FBI diligenció las dos órdenes de arresto, una de ellas en el complejo de vivienda Ciudadela, en Santurce.

Gutiérrez Rodríguez es propietario de Trillion Realty Group, una firma de bienes raíces que gestiona transacciones en Ciudadela.

Esta no es la primera vez que el acusado enfrenta problemas con las autoridades. Hace dos décadas, fue acusado en un caso del desaparecido banco Caguas Federal por un fraude que provocó al Gobierno federal pérdidas por sobre $300 millones.

Mientras, Keleher fue acusada en julio pasado por un gran jurado federal junto a la ex directora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud (ASES) Ángela Ávila, al expresidente de la firma de consultoría BDO Puerto Rico Fernando Scherrer-Caillet, al subcontratista Alberto Velazquez-Piñol, y las hermanas Mayra y Glenda Ponce Mendoza por 32 cargos relacionados a un esquema de fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico, lavado de dinero y conspiración para el lavado de dinero por poco más de $15 millones.

El juicio está pautado para el 4 de mayo. No obstante, hay una petición pendiente para que se celebre fuera de Puerto Rico.

En esta historia colaboró la periodista Joanisabel González.


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