Cuatro personas fueron arrestadas entre la noche de ayer y la madrugada de hoy, sábado, por violentar el toque de queda impuesto por la gobernadora Wanda Vázquez Garced para intentar contener el avance del coronavirus que provoca la enfermedad COVID-19.
De acuerdo con cifras de la Policía, hubo también una denuncia por no cumplir con la orden ejecutiva, emitida el pasado 30 de abril. Esta última disposición de la primera ejecutiva tiene como saldo 21 arrestos y 45 denuncias.
Dos de los arrestos fueron en Guayama y otros dos en Mayagüez. La denuncia fue en San Juan.
La zona con más detenciones y denuncias por violar la cuarta orden ejecutiva es Bayamón, que suma ocho arrestos y 11 denuncias.
Mientras, el Negociado de la Policía cuenta con 99 resultados positivos a COVID-19 entre su matrícula y 537 oficiales que permanecen bajo cuarentena preventiva. Por su parte, 2,211 efectivos se reincorporaron a sus labores. Al momento, la Policía ha realizado 1,058 pruebas, de las cuales 959 arrojaron resultados negativos.
Además, la oficina central de la División de Vehículos Hurtados y la división de San Juan, al igual que los precintos de San Juan, Santurce y la División de Drogas de Aguadilla permanecen cerrados mientras se lleva a cabo el proceso de desinfección de las oficinas y equipo.
Durante la emergencia del COVID-19, Vázquez Garced emitió otras tres órdenes ejecutivas para declarar un toque de queda. Los arrestos como consecuencia de violentarlas suman 754. Mientras, el número de denuncias totales asciende a 45.
Según Axel Valencia, portavoz de la Uniformada, la denuncia se emite cuando identifican que una persona violó el toque de queda y le citan para comparecer al tribunal en una fecha determinada.
"La mayoría de los arrestos conllevan otro tipo de delitos. Muchas veces puede ser una obstrucción a la Justicia... y el policía se ve en la obligación de tener que arrestarlo por obstrucción a la Justicia. También puede ser que tienen armas de fuego, sustancias controladas, vehículos hurtados o algún otro tipo de delito por el que haya que arrestar en el momento", abundó.
Los ciudadanos denunciados se exponen a una pena de seis meses de cárcel o $5,000 de multa, o ambas, según determine un tribunal.
Por otro lado, la Guardia Nacional ha sometido a pruebas a 22,755 camioneros y personal de los puertos, 2,005 en las últimas 24 horas, en el área del muelle de San Juan. De estos, 28 personas fueron enviadas al área de triage, y 27 fueron referidos a cuarentena domiciliaria.
Al momento, 933 adultos mayores (31 en las pasadas 24 horas) han recibido pruebas rápidas y moleculares de COVID-19. Además, 5,430 miembros de servicios de primera respuesta (1,609 en las pasadas 24 horas) han recibido la prueba molecular.
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