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El contrato con Correctional Health Services Corporation caduca este domingo. ([email protected])

El secretario de Corrección y Rehabilitación, Erik Y. Rolón, confirmó ayer que planifican cerrar cárceles y trasladar confinados a Estados Unidos, según la nueva propuesta de plan fiscal que presentó el gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

Rolón precisó que serían entre 800 a 900 confinados los que trasladarían durante el año fiscal 2019 y que, para el 2022, la cifra debería superar los 3,200 reos. El proceso será paralelo al cierre de cárceles.

Con los traslados de confinados, el gobierno espera ahorrar $17.2 millones, en el año fiscal 2019, hasta llegar a $46.9 millones en 2022, según el documento que debe certificar la Junta de Supervisión Fiscal a más tardar el 23 de febrero.

Expertos en criminología y trabajo social alertaron sobre el riesgo para la rehabilitación que supondría un traslado masivo de reos. Hablaron, por ejemplo, de la barrera que representaría para muchos el idioma inglés y que la lejanía de sus familiares retrasa la rehabilitación.

El secretario aseguró que los traslados se realizarán de manera voluntaria, lo que, a su juicio, atiende las preocupaciones de posibles violaciones de derechos civiles.

“Aquí la clave de este programa es que va a ser uno voluntario para el miembro de la población correccional. No va a ser nada impuesto. Esa es la clave que atiende todo ese conflicto que pudiera generar de derechos civiles”, dijo Rolón.

Sostuvo que el traslado será a una institución con un nivel de disciplina similar al de las cárceles locales, con programas de rehabilitación -como estudio o trabajo- y que les enseñen inglés o haya alguien que hable español.

“Obviamente, como medida fiscal, para que se dé el ahorro, tiene que haber un cierre de instituciones (carcelarias)”, afirmó Rolón, pero no especificó cuáles cárceles planifica clausurar.

El funcionario indicó que, por ser un asunto fiscal, se trata de un tema que maneja la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf).

Al cierre de esta edición, Aafaf no ofreció información. En marzo pasado, Corrección cerró el campamento El Zarzal, en Río Grande, y anticipó más cierres.

Rolón aseguró que intentan el departamento de dirige sea eficiente, y que las instituciones en Estados Unidos le cobraría al gobierno $60 diarios por confinado.

“En Puerto Rico, (en) la cárcel más costosa, el per diem (gasto diario) está en $200 diario. El promedio de cada una de estas fluctúa entre $100 a $109 diarios y la cárcel menos costosa está en $80. En los tres escenarios que acabo de mencionar, el per diem de $60 es mucho más bajo”, apuntó el secretario, al concluir una conferencia de prensa en la que anunció la extensión de un acuerdo interagencial con la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV) que permitirá que alrededor de 50 confinados se beneficien de bonificaciones en su sentencia por trabajar reparando casas.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados, Osvaldo Burgos, cuestionó los traslados. “Los van a empezar a presionar y a ponerle medidas disciplinarias. Puedes hablar de voluntariedad cuando hablas de iguales”, dijo.

“Los confiandos, aunque están privados de libertad, no están completamente separados de su relación con su familia y con el país. Es parte de su proceso de rehabilitación. Aquí no se estaría castigando al confinado, sino a toda la familia”, aseveró Burgos.


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