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(GFR Media)

Las autoridades federales en Puerto Rico no reaccionaron directamente a la decisión de varios alcaldes de que sus policías municipales no intervengan con los galleros cuando entre en vigor la prohibición federal.

En cambio, los portavoces de varias agencias reiteraron que las autoridades federales sí harán valer la ley cuando entre en efecto.

“El FBI (Negociado Federal de Investigaciones) no entra en política pública de las entidades gubernamentales. La agencia investigará cualquier querella que le llegue en relación a violaciones a leyes federales y las dirigirá a la fiscalía federal para que determine si se procede con alguna acusación”, sostuvo Luis Rivera Santana, portavoz del FBI en Puerto Rico.

En Estados Unidos, las intervenciones federales en contra las peleas de gallos han estado a cargo mayormente del Departamento de Agricultura (USDA) y la Oficina de Investigaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

ICE ya ha procesado y logrado el encarcelamiento de personas por peleas de perros por violación a la Ley contra la Crueldad de Animales. La agencia no pudo contestar directamente sobre la ley que extendió la prohibición de las peleas de gallos porque todavía no ha entrado en efecto.

“De tener jurisdicción, ICE llevará a cabo las investigaciones igual que lo hace con los más de 400 estatutos federales sobre los que tiene jurisdicción”, sostuvo Iván Ortiz, portavoz de ICE.

“Como siempre, los resultados se llevarán ante la consideración de los fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos”, añadió.

Por su parte, la portavoz de la fiscalía federal en la Isla, Lymarie Llovet, recalcó que “cuando la ley entre en vigor la haremos valer de la misma manera que lo hacemos con los demás estatutos federales”.

En esa misma línea, el mes pasado, la jefa de la fiscalía federal en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez, dijo: ““Independientemente de nuestra opinión o interés personal, tenemos que hacer valer la ley”.

Una persona que sea encontrada culpable por cualquier tipo de participación en las peleas de gallos - incluso por asistir como espectador - se expondría una sentencia de hasta cinco años de prisión, según informó el fiscal federal Timothy Henwood en diciembre pasado.

Sin embargo, la fiscalía federal no ofreció ayer comentarios a la pregunta sobre si habría implicaciones legales contra los oficiales municipales que no les refieran información sobre las peleas de gallos, como lo hacen con otros estatutos.

“No creo que tengan implicaciones”, opinó el abogado y exfiscal federal Ignacio Rivera. “Sería muy raro, a menos que esté involucrado directamente en un encubrimiento y sea parte de la gallera, porque el hecho de que yo sepa de que en Adjuntas se esté jugando gallos, eso no implica delito federal alguno”.

“El gobierno federal va a hacer valer la ley, tenga o no tenga la ayuda de algunos municipios. La Policía estatal estaría obligada, quizás porque recibe muchos fondos federales y tiene una relación estrecha”, comentó. “Los municipios no van a entrar en el arresto y eso lo veo hasta positivo, porque se pueden evitar situaciones, y que sean los federales los que hagan todo el trabajo”.

En los 50 estados de Estados Unidos es común ver a oficiales que no son federales interviniendo con los galleros, pues también existen leyes estatales que las prohíben.

En el caso de Puerto Rico, estará por verse el grado de participación que tenga la Policía estatal en las intervenciones con los galleros.

“El gobernador (Ricardo Rosselló) y la comisionada residente (Jenniffer González) están haciendo los esfuerzos por dar la lucha para favorecer la industria de los gallos, pero si al final prevalece la ley federal de la prohibición, se analizará y se tomará cualquier acción que corresponda”, indicó Karixia Ortiz, portavoz del Departamento de Seguridad Pública.


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