Todo vehículo en la calle entre las 9:00 de la noche y las 5:00 de la mañana se expone a ser detenido por la Policía para determinar si está autorizado por la Orden Ejecutiva. (GFR Media)

"La Policía tiene la facultad en ley para intervenir con las personas que violen esta orden".

Así lo advirtió la gobernadora Wanda Vázquez este domingo en relación a cómo las autoridades harán cumplir la orden ejecutiva que emitió hoy para implantar un toque de queda en Puerto Rico hasta el 30 de marzo para tratar de contener la propagación del coronavirus COVID-19.

La orden ejecutiva dispone que cualquier persona o empresa que viole la misma se expone a sanciones penales y aquellas multas establecidas por la Ley 20 del 2017 que creó el Departamento de Seguridad Pública.

Dicha ley dispone una pena de cárcel de hasta seis meses o una multa de un máximo de hasta $5,000, o ambas penas a discreción del tribunal.

El comisionado de la Policía, Henry Escalera, aseguró "que vamos a hacer cumplir la orden".

Señaló que a partir de esta tarde los policías comenzarán a trabajar en turnos de 12 horas para tener más efectivos disponibles en la calle.

Según Escalera, en la tarde de hoy envió las instrucciones a las 13 comandancias de la Policía para informar el proceder de la orden ejecutiva.

Las medidas restrictivas se tomaron horas después de que cientos de personas se congregaran en lugares públicos, como la Placita de Santurce, que lució abarrotada de público pese a que ayer, sábado, las autoridades solicitaron que voluntariamente los ciudadanos se quedaran en sus casas a menos que fuera necesario.

Ahora, la orden dispone que los ciudadanos no estén fuera de sus casas entre las 9:00 de la noche y las 5:00 de la madrugada, a menos que tengan que atender alguna emergencia.

Mientras, de 5:00 de la mañana a 9:00 de la noche solo podrán estar en la calle las personas que, además de alguna emergencia, tengan que realizar alguna gestión esencial de trabajo o para su familia, como comprar suministros, medicinas, gasolina o asistir a una consulta médica.

En el caso de los comercios, solo podrán operar los que están especificados en la Orden Ejecutiva, tales como empleados de agencias de seguridad pública o privada, a nivel estatal y federal, y profesionales de la salud.

También permite el movimiento de "personal que labora en hospitales, farmacias, farmacéuticas, instalaciones de biociencia o centros de salud, personal que se encuentre trabajando en la cadena de distribución al por mayor y manufactura de bienes y alimentos, desde el origen hasta los establecimientos de venta al consumidor, personal que se encuentre trabajando con utilidades o infraestructura, centros de llamadas ('call centers'), personal de puertos y aeropuertos, miembros de la prensa, o aquellos ciudadanos que estén atendiendo situaciones de emergencias o de salud".

Escalera explicó que entre las 9:00 de la noche y las 5:00 de la mañana intervendrán con los vehículos que vean en la calle.

"El Negociado de Patrulla de Carreteras y el personal uniformado operacionalmente va a intervenir con las personas. De la entrevista con la persona se sabrá si pueden estar en la calle o no", dijo Escalera.

"Si están autorizados, no hay problema, pero si no, podemos citarlos (para la formulación de cargos)", agregó.

De igual manera, aseguró que "vamos a intervenir con los negocios que no estén autorizados a abrir".

"Un 'liquore store', por ejemplo, no puede abrir a menos que también tenga cafetería, pero en cualquier sitio de comida tiene que ser para llevar, nada de quedarse mucha gente comiendo adentro", abundó.

Por otro lado, Escalera indicó que ha recibido información de que instituciones religiosas han anunciado el cierre de iglesias, particularmente protestantes.

En cambio, no estaba muy claro sobre si las iglesias católicas también cerrarán, pero destacó que la orden ejecutiva le toca a todo el mundo.

En ese sentido, aunque no fue categórico de que propiciaría una intervención de la Policía, Escalera sí citó la quinta sección de la orden ejecutiva que prohibe cualquier "evento que propicie la reunión de un grupo de ciudadanos en el mismo lugar".

"Es una medida necesaria porque hay lugares, como en el de (la Plaza de) Santurce, que había gente compartiendo, a pesar de todas las advertencias que se habían dado. Es una responsabilidad individual para proteger a las personas para que no haya más contagios", afirmó.


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