El recurso legal de la ACLU alega que esta y otras acciones de la Policía el 1 de mayo de 2018 fueron contrarias a reglamentos de la misma agencia establecidas como parte de la Reforma.(GFR Media) (semisquare-x3)
El recurso legal de la ACLU alega que esta y otras acciones de la Policía el 1 de mayo de 2018 fueron contrarias a reglamentos de la misma agencia establecidas como parte de la Reforma. (GFR Media)

La Unión de Libertades Civiles (ACLU) sometió una demanda federal contra la Policía de Puerto Rico por supuestamente agredir con balas de goma a un vendedor de agua durante las manifestaciones del 1 de mayo de 2018.

La demanda también va dirigida contra el gobernador, Ricardo Rosselló; el secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera; y el comisionado de la Policía, Henry Escalera; entre otros oficiales.

Como había adelantado la semana pasada a El Nuevo Día el director de la ACLU, William Ramírez, el recurso legal fue sometido a nombre de Jonathan Hernández Zorrilla, un vendedor de botellas de agua que se encontraba en la Milla de Oro en Hato Rey en la fecha mencionada.

Relata que cuando comenzaron las confrontaciones entre manifestantes y la Policía, Hernández Zorrilla le indicó a su compañera, Katiria Fontánez, que se alejara para que no resultara afectada por los gases lanzados por la Uniformada.

Señala que para tratar de protegerse Hernández Zorrilla se cubrió el rostro con su camisa.

“El demandante tenía dificultades respirando, sufrió irritación en la piel, sus ojos y sistema respiratorio, y como consecuencia dejó de correr; también le era imposible ver apropiadamente”, indica la demanda.

Añade que, en ese momento, alguien le echó una sustancia en el rostro y le dio $20 para que distribuyera agua a cualquier persona afectada por los químicos, pero Hernández Zorrilla se volvió a afectar por los gases y alguien lo ayudó a moverse a una esquina frente al edificio de la compañía de cable Liberty en la avenida Roosevelt.

Según la demanda, en ese momento un oficial con el rostro cubierto con una máscara y vestido de verde le ordenó que se moviera, “pero era imposible para el demandante moverse debido a los efectos de los gases en sus ojos y sistema respiratorio”.

El oficial le emitió la orden en una segunda ocasión, pero Hernández Zorrilla le dijo que no podía moverse.

Entonces, a eso de la 1:00 de la tarde, de acuerdo con la demanda, Hernández Zorrilla “fue brutalmente atacado por varios oficiales de la Policía también vestidos con uniformes verdes, compatibles con los que son usados por la Unidad de Operaciones Tácticas o ‘Equipo Swat’ del Negociado de la Policía”.

“El demandante informa que mientras la Policía usaba agentes químicos en la avenida Ponce de León, otros también se movían en su dirección, donde ellos lo confrontaron y le dispararon a una distancia cercana en varias ocasiones con balas de goma o perdigones”, indica la demanda.

Aseguró que “no ofreció resistencia y solamente intentaba salir del área, halando los contenedores en los que tenía la mercancía que estaba vendiendo”.

“El demandante recibió el primer disparo entre el área de su estómago y pecho, gritando que no había hecho nada malo y que solamente estaba vendiendo agua y refrigerios”, indicó.

Abundó que recibió un “segundo disparo en su cabeza, por el oído izquierdo. Para protegerse de los policías, se giró y se cubrió el rostro y cabeza”.

“Inmediatamente después, los oficiales de la policía detonaron disparos al demandante en diferentes partes del cuerpo, incluyendo la espalda y glúteos”.

Según la demanda, Hernández Zorrilla sangraba, por lo que fue llevado al Doctor’s Hospital, donde recibió atención médica por las heridas y otras condiciones de salud que le surgieron.

La demanda alega que al hospital llegaron oficiales del Negociado de la Policía, quienes “le comentaron que las heridas “eran similares a las producidas por los perdigones y que la Policía no usa ese tipo de municiones. Fotografías tomadas por la prensa refutan la negativa del Negociado de la Policía y los observadores de la ACLU recogieron artefactos en la avenida… que también refutan la declaración de los oficiales”.

En el mismo hospital se percataron que Hernández Zorrilla también sufrió heridas en los glúteos, que estuvieron cubiertos por el pantalón, lo que demuestra que las heridas en torso expuesto tampoco fueron causadas por partículas que emiten el disparo de los gases.

Hernández Zorrilla sometió una querella administrativa, la cual fue desestimada, según la demanda.

El recurso legal de la ACLU alega que esta y otras acciones de la Policía el 1 de mayo de 2018 fueron contrarias a reglamentos de la misma agencia establecidas como parte de la Reforma.

También denuncia que oficiales de alto rango observaron el comportamiento y no hicieron nada para detenerlo.

Explica que la demanda incluye a Rosselló, Pesquera, Escalera y (el comandante Juan) Cáceres, entre otros, porque con su “ceguera deliberada y desprecio por los derechos constitucionales del demandante, fallaron en ejercer sus deberes y directamente avalaron, permitieron, ignoraron y/o participaron en los incidentes de abuso policiaco narrados en la demanda”.

La ACLU denuncia violaciones a la Constitución de Puerto Rico y al Acuerdo firmado con el gobierno federal que dio paso a la Reforma de la Policía.

En la demanda, que el Tribunal Federal emita un interdicto por violaciones a Primera, Cuarta y Catorceava enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

Pide que el interdicto preliminar y permanente sea emitido para “prohibir que los demandados y oficiales de la Policía vuelvan a incurrir en esta conducta ilegal e inconstitucional”.

Asimismo, solicita al tribunal que ordene el gobierno de Puerto Rico negociar una enmienda a la Reforma de la Policía con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para establecer un mecanismo de supervisión civil independiente que permita

Para el demandante, la ACLU reclama una compensación que sea determinada por el mismo tribunal de acuerdo con la evidencia que sea presentada al jurado si el caso llegara a juicio.

Este incidente y otros incidentes de uso de fuerza fueron señalados por el informe del monitor de la Policía, Arnaldo Claudio, quien presentó los hallazgos al Tribunal Federal en diciembre del año pasado.

Al hablar con El Nuevo Día la semana pasada, Ramírez dijo que no encontraron que los incidentes fueran documentados por la Policía como lo requieren los reglamentos de la Reforma, lo que también fue señalado por el informe del monitor federal.

En relación a esos señalamientos específicos del monitor, Escalera recordó la semana pasada que en aquella vista de diciembre el juez federal Gustavo Gelpí “felicitó a la Policía”.

La Policía se ha defendido de los hallazgos, asegurando que trató de permitirle a los manifestantes que se expresaran, pero que usaron la fuerza ante los daños a la propiedad y las agresiones que recibieron los oficiales.

Mientras, Ramírez adelantó el miércoles pasado que también someterán una demanda a nombre de una mujer desarmada que fue rociada con gas pimienta mientras gritaba consignas.

También es posible que se sometan más demandas similares en los próximos días.

Las demandas tienen que ser radicados antes del próximo 1 de mayo, debido a que tal reclamo tiene un año para ser presentado al tribunal, explicó Ramírez.


💬Ver 0 comentarios