La Unión Americana de Libertades Civiles en Puerto Rico (ACLU-PR, en inglés) busca crear una lista de abogados locales que se le pueda entregar a los inmigrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas(ICE, en inglés) antes de ser trasladados o cuando son enviados al centro de detención en Miami, en Florida.

El objetivo de la iniciativa es que los inmigrantes “tengan alguien a quien llamar aquí, en Puerto Rico”, resumió la licenciada Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU‑PR, quien denunció las barreras de comunicación que han enfrentado los detenidos en las pasadas semanas.

Luego del operativo del 8 de mayo en La Concha –en el que arrestaron a 53 inmigrantes mientras laboraban en una remodelación del hotel a cargo de una compañía subcontratada–, representantes de la ACLU-PR y su asesora legal en inmigración, Julie Cruz Santana, llegaron hasta el centro temporero de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) en Guaynabo.

“Nos preocupó que, cuando preguntamos si se les daba a los detenidos una lista de abogados o abogadas dispuestos a dar orientación legal, nos dijeron que sí, que les daban una lista. Pedimos copia y, muy amablemente, nos dieron la copia. Era una lista de abogados de Florida”, contó.

Martínez Orabona planteó que la falta de información legal local dificulta a los detenidos orientarse con abogados y abogadas puertorriqueños, porque el proceso “está pensado en que los van a mover”, ya que HSI sostiene que su centro temporero solo tiene 22 camas y los casos no se ven en la isla.

“En esta etapa inicial, en Puerto Rico, nos preocupa que a las personas detenidas por Inmigración no se les facilite la posibilidad de hablar con abogados localmente, que puedan acceder de manera más inmediata. Hay casos en los que, a lo mejor, estas personas pudiesen tener un remedio y, después, se dificulta muchísimo cuando esa persona es removida”, sostuvo.

Para la abogada, el tiempo es crucial para que familiares puedan traer la documentación que necesiten, obtener medicamentos para su salud o comunicarse con sus abogados para un remedio inmediato o, al menos, orientarse en el difícil momento que atraviesan.

“(Inmigrantes detenidos) han terminado, incluso, en uno de los centros de detención más lejanos, en áreas bien inhóspitas, como el centro de detención de Río Grande (Texas), que es bien difícil llegar allá“, señaló.

Martínez Orabona compartió que supieron de un caso de un detenido que ya tenía representación legal en Puerto Rico, porque tenía un caso en curso pendiente de inmigración, pero se lo llevaron al centro de Río Grande. Además, mientras esperaban en el centro de HSI, presenciaron cómo una madre y su hija intentaron llevarle pertenencias a su esposo y dos guardias de seguridad privada –que presuntamente no tienen los adiestramientos requeridos sobre inmigración– le impidieron el paso.

“Le dijeron que no, que ella no podía pasar, que se le va a dar la oportunidad al detenido de llamarla en algún momento. No le dan ninguna información sobre el detenido, no le dijeron a dónde lo van a llevar, no le permitieron ni siquiera hablar sobre la situación particular de este detenido o si tiene una condición de salud”, narró.

La solicitud de fianza es una de las primeras etapas del procesamiento administrativo de ICE y, dijo, “hay una necesidad de representación legal”. A diferencia del ámbito criminal, en los casos migratorios no existe un derecho a representación legal gratuita por parte del gobierno.

Subrayó que la política antiinmigrante del presidente Donald Trump es “de las más agresivas”, por lo que la ACLU-PR está preparando unos talleres intensivos sobre el debido proceso en la detención y el derecho a fianza en procesos migratorios.

“La idea es preparar un cuerpo de abogados y abogadas que, aunque no se dediquen al área de inmigración, se preparen para recibir estos casos que nos están llegando a la oficina con necesidad de representación legal inmediata”, detalló.