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Albergue en Arecibo demanda al Municipio de Río Grande y su alcalde tras allanamiento en búsqueda del perro de Luar la L

La demanda solicita una restitución de $1,400,000 al igual que la rectificación de información

21 de mayo de 2024 - 12:17 PM

Luar la L denunció que su perro Johnny fue recogido de su urbanización en Río Grande pese a que este tenía un collar con chapa e identificación. (Facebook)

El Municipio de Río Grande, su alcalde, Ángel “Bori” González Damudt, y una sargento de la Policía Municipal de ese ayuntamiento fueron demandados el lunes por el Centro de Control y Albergue de Animales Capitán Correa, en Arecibo, y su director ejecutivo, Carlos Negrón Casalduc.

Según el documento legal provisto a El Nuevo Día, la parte demandante alegó que tanto el alcalde como la sargento Yashira Marie Silva Resto incurrieron en difamación, violación de derechos civiles y promovieron un allanamiento ilegal en torno a la búsqueda de Johnny, un perro que pertenecía al cantante de música urbana “Luar la L” y quien desapareció de su urbanización en Río Grande.

De acuerdo con la demanda, el centro de control recibió cuatro perros de Río Grande el 9 de mayo, pero no fueron recogidos por esa organización, sino que fueron entregados por parte de un funcionario público de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias (OMME) de Río Grande de nombre Andrés Castro.

“El sr. Castro... además certificó que renunciaba a la custodia de los cuatro perros, a cualquier reclamación de dominio sobre estos. Acreditó que no presentaría ninguna acción ni civil, ni criminal, administrativa respecto a los animales. Reconoció que los animales podrían ser eutanizados”, lee la demanda que además detalla que se relevó al Centro de Control de las responsabilidades legales.

El documento legal resalta que los cuatro perros que fueron presuntamente entregados al Centro de Control y Albergue Capitán Correa “no tenían chapa, tag o marca que permitiera conocer sus dueños”.

“El empleado del Municipio de Río Grande certificó que le pertenecían al Estado y que ponían en peligro la salud pública”, reitera.

Los cuatro perros, que solamente fueron identificados por sus pesos de 58, 46, 35 y 30 libras, fueron, de acuerdo con el documento, evaluados y se determinó que “constituían un riesgo a la salud y seguridad pública”. En esa determinación, además, pesó la información provista por el empleado municipal de Río Grande.

Tras decidir que no serían aptos para adopción, el Centro concluyó que la mejor opción sería “una muerte compasiva”, pero no se estipula claramente cuándo se dio la eutanasia.

El lunes, el coordinador de la Ley 154 para la Protección de los Animales en Arecibo, Joel Vidot, confirmó a este medio que un allanamiento que se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Control el viernes, 17 de mayo reveló el hallazgo del cadáver de un perro negro dentro de una bolsa semienterrada en la parte posterior del lugar.

Cabe resaltar que, hasta el momento, nadie ha podido identificar si este perro negro era en efecto Johnny, ni tampoco se ha podido encontrar las chapas o identificadores que tenía el can.

La demanda menciona que, a partir del 15 de mayo, las líneas de teléfono del Centro de Control y Albergue Capitán Correa comenzaron a llenarse de llamadas amenazantes, provocando que se tuviese que desconectar el servicio y no se pudiesen aceptar citas de clientes. El Centro ofrece servicios de veterinaria, vacunaciones, esterilizaciones, entre otros.

Esa misma fecha fue cuando Luar la L, cuyo nombre es Raúl Armando Del Valle Robles, lanzó un video por sus redes sociales anunciando la desaparición de su perro y exigiendo respuestas tanto al Municipio de Río Grande como al Municipio de Arecibo sobre el paradero del can.

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El 16 de mayo, la sargento Silva Resto se presentó al Centro de Control en Arecibo e indicó que estaba investigando unas amenazas de daño físico que se hicieron contra el director de la oficina de OMME en Río Grande y además indagó por Johnny y los cuatro perros recogidos en el municipio.

La sargento regresó más tarde en el día a las instalaciones del presunto albergue, junto a los reclamantes y otros funcionarios públicos, para buscar a Johnny. Posteriormente llegaron los alcaldes de Río Grande y Arecibo, González Damudt y Carlos Ramírez Irizarry, respectivamente, al igual que el comisionado de la Policía Municipal de Arecibo.

Negrón Casalduc atendió a las personas y dio paso a que se investigaran las areas de Adopción, Cuarentena y Transición en la búsqueda por Johnny pero no se pudo localizar.

El 17 de mayo fue cuando la Policía de Puerto Rico oficialmente llevó a cabo el allanamiento de las facilidades del Centro de Control y Albergue Capitán Correa.

De acuerdo a la demanda, “a instigación del municipio de Río Grande” se inició una búsqueda por los alrededores del edificio. Según Vidot, esta búsqueda comenzó tras el hallazgo de rescatistas de animales quienes encontraron carcasas y osamentas en la parte posterior del edificio.

“Este allanamiento y la búsqueda alrededor de las facilidades... fue un espectáculo totalmente innecesario promovido por los demandados y dirigido a hacer daños a la parte compareciente”, denuncian.

También hacen hincapié a que el testimonio que ofreció Silva Resto, alegando que Johnny fue entregado al Centro de Control y Albergue Capitán Correa y que esta institución se rehusaba a proveer información o a entregar al perro son falsas y que hicieron a fin de acallar a los medios sobre la responsabilidad del municipio de Río Grande.

Como parte de la demanda, el Centro de Control y Albergue Capitán Correa solicitó que el municipio de Río Grande corrija sus expresiones públicas.

“Ha sido tal la desinformación provista en los medios que llega al extremo de falsamente alegar que (Negrón Casalduc y el Centro de Control y Albergue Capitán Correa) cobra $500 pesos (sic) por (recogido de) perro; que responde por los cadáveres de animales encontrados fuera de sus facilidades; que se lleva legalmente los perros, cuando son los municipios quienes recogen los animales; que no siguen los protocolos de salud; etc”, alegan en el documento.

Solicitaron, además, que el Municipio de Río Grande y los demandados restituyan a Negrón Casalduc, al igual que al Centro de Control, con $1,400,000 por daños mentales y de reputación al igual que por citas que no se pudieron llevar a cabo a causa de la suspensión de servicios durante las manifestaciones por encontrar a Johnny al igual que durante el allanamiento.

El documento, no obstante, no da información sobre qué factores se tomaron en consideración para determinar que estos animales no eran aptos para adopción, si los cuatro animales se eutanizaron y por qué se decidió dispensar de ellos tan expeditamente.

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