Un gran jurado federal emitió, el 5 de junio, un pliego acusatorio contra una pareja que contrajo matrimonio en Puerto Rico con el propósito de evadir disposiciones de las leyes migratorias de los Estados Unidos.

Los acusados, identificados como Shokir Kurbonovich Khalilov, natural de Uzbekistán, y Keily Maisonet Ortiz, vecina de San Juan, Puerto Rico, enfrentan cargos por fraude matrimonial en el Tribunal federal.

El jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, William Stephen Muldrow, y Reggie Johnson, agente jefe de patrullas del Sector Ramey del Negociado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) hicieron el anuncio.

Según documentos judiciales, desde el 29 de febrero de 2024 hasta aproximadamente el 29 de abril de 2025, los acusados contrajeron matrimonio para evadir las leyes migratorias de los Estados Unidos.

Kurbonovich Khalilov y Maisonet Ortiz presuntamente obtuvieron una licencia de matrimonio y se casaron el 13 de marzo de 2024 en San Juan, Puerto Rico.

Meses después, en octubre de 2024, Maisonet Ortiz supuestamente presentó una Petición I-130 para Familiar Extranjero a favor del acusado ante el Departamento de Seguridad Nacional.

En esa misma fecha, según la Fiscalía federal, Kurbonovich Khalilov presentó una Solicitud I-485 para Registrar Residencia Permanente o Ajuste de Estatus como resultado de su matrimonio con la acusada.

Los acusados enfrentan cargos por conspiración para cometer fraude matrimonial y por fraude matrimonial.

La acusada Maisonet Ortiz tiene programada hoy, miércoles, su primera comparecencia ante el Tribunal federal, ante la jueza Giselle López Soler. Mientras, el acusado comparecerá la próxima semana.

De ser hallados culpables, los acusados enfrentan una pena de hasta cinco años de prisión. Un juez federal de distrito determinará la sentencia tomando en cuenta las Reglas de Sentencia de Estados Unidos.

La Fiscalía federal informó que CBP está a cargo de la investigación. Mientras, la fiscal federal auxiliar Emelina M. Agrait Barreto está a cargo de la acusación.

“Una acusación formal es simplemente una alegación, y todos los acusados se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia”, dijo la fiscalía.

Ayer, el Departamento de Seguridad Pública (DSP) reveló en un comunicado de prensa que la acusada, de 24 años, fue arrestada en los predios del centro comercial The Mall of San Juan.

Asimismo, la agencia estatal reveló que la investigación continúa en curso y no se descartan más intervenciones ni arrestos relacionados a este inusual caso.

Según la investigación preliminar, las autoridades “sospechan que la detenida podría estar vinculada a una red operada por individuos provenientes de un país de alto interés para las autoridades federales”.

En el operativo, liderado por el CBP, participó la Oficina de la Interpol, el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), la Policía estatal y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

“La colaboración interagencial es clave para maximizar la seguridad pública y enfrentar con firmeza cualquier modalidad de fraude que atente contra los recursos del Estado y el bienestar colectivo”, dijo la directora de la Interpol, Laura Peña, en comunicado de prensa.

Las autoridades estatales confirmaron que la mujer es madre de dos menores, cuya custodia fue asumida de emergencia por el Departamento de la Familia, como parte del protocolo de protección.

El comisionado del NIE, licenciado Ángel García Rodríguez, señaló que “este arresto es ejemplo del compromiso firme de nuestros agentes y de la importancia de la cooperación interagencial para llevar a los responsables ante la justicia“.

“En el NIE continuamos reforzando nuestra capacidad operativa para identificar y colaborar en la desarticulación de esquemas criminales complejos que atentan contra la seguridad y los recursos de la isla”, agregó García Rodríguez.

Este operativo forma parte de los esfuerzos integrados entre agencias estatales y federales para combatir esquemas de fraude, indicó el DSP.

Mientras, el secretario del DSP, general Arturo Garffer, reafirmó el compromiso del gobierno con este tipo de intervenciones: “en el DSP estamos comprometidos con poner todos los recursos de nuestros negociados al servicio de la ley para atajar el crimen, máxime cuando se trata de esquemas vinculados a países de alto interés para la seguridad global”.

“Nuestra responsabilidad es actuar con determinación y en estrecha colaboración con nuestros aliados federales”, puntualizó Garffer.