Tras los nueve casos de intoxicación reportados el pasado fin de semana en una cárcel de Arecibo, el secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Francisco Quiñones Rivera, confirmó que la agencia está procesando a un confinado por posesión de una sustancia que se sospecha era fentanilo y que investiga si pudo haber causado la situación.

“El sábado, (los confinados afectados ya) estaban de vuelta a sus celdas. Se limpió y se verificaron a todos los confinados. Hubo unos hallazgos en uno de los confinados. Eso se está procesando. Aparte de la falta que implica poseer material de contrabando, sustancias o lo que sea, pues, también hay una violación de ley”, dijo El Nuevo Día vía telefónica.

Reveló, además, que también se ocupó una “sustancia indeterminada”, en un vehículo de una persona que trabajaba para un contratista del DCR, que pretendía entrar a la cárcel de Sabana Hoyos, en Arecibo.

“La prueba de campo no arrojaba lo que era, por lo que se envió al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para análisis químico y, en este caso, se tomaron medidas con el suplidor. Se le dijo a esa persona, que pretendía acceder a las facilidades con ese material en su vehículo, que no puede ingresar más a nuestras instituciones”, indicó.

De acuerdo con Quiñones Rivera, la Policía está investigando tanto el caso del confinado como el del proveedor.

Luego de visitar la cárcel arecibeña, precisó que, entre jueves y viernes pasado, identificaron a nueve confinados intoxicados por una sustancia, de la que aún aguardan por las pruebas periciales para confirmar si se trataba de fentanilo.

Defendió, a su vez, la ejecución de un operativo de emergencia, “conforme a derecho”, para registrar a toda la población penal y limpiar las celdas, para “evitar la contaminación de otras personas y oficiales”. Para el registro individualizado, dijo, se utiliza la unidad canina y, “si algún confinado marca positivo, se somete a un procedimiento más riguroso”.

“Primero, se comentó que había un motín, y nada más de lejos de la verdad. Fui, de sorpresa, a ver el operativo y aquello se estaba ejecutando con el mayor respeto a los derechos civiles. Obviamente, tiene que haber un orden, tiene que haber una estructura. No podemos hacernos de la vista larga. A los que puedan decir, sin ir a las instituciones, que se violan los derechos civiles en estos operativos, les tengo que enviar un mensaje: nosotros, en estos operativos, más que sacar de las cárceles contrabando, lo que estamos es salvando vidas”, planteó el exinstructor de la academia policial en materia de derechos civiles.

En febrero, la Comisión de Derechos Civiles publicó un informe documentando 726 muertes de personas bajo custodia del DCR entre los años fiscales 2011-2012 y 2023-2024. “La principal causa de muerte fue la sobredosis de drogas destacándose el fentanilo, la xilacina y la cocaína”, dice el informe.

Ayer, miércoles, el DCR reveló al Senado, en vista pública, que el 73% de la población confinada tiene historial de abuso de sustancias, tabaco y alcohol.

Ante estos escenarios, Quiñones Rivera anticipó que firmará, la próxima semana, un acuerdo para examinar las muertes en las cárceles, con la participación del ICF, la Policía, Fiscalía, la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción y agencias federales, además de entidades no gubernamentales.

Mientras, subrayó que el Departamento de Justicia asignó al fiscal Pedro A. Vargas Echevarría, en destaque, para fungir como secretario auxiliar de Asuntos Legales e Investigativos del DCR.

“Sabemos que la contaminación por fentanilo, para que cause la muerte de una persona, no tiene que ser directa, y ahí está la vida de nuestros oficiales. Quiero que todos mis oficiales, al terminar la jornada, regresen a su casa. La seguridad de ellos, para mí, es una prioridad”, acentuó el titular.