El allanamiento que realizó esta mañana el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en la Torre Municipal de San Juan busca confirmar si empleados han incurrido en obstrucción a la investigación que realiza por alegaciones de fraude.

El jefe del FBI en la isla, Douglas Leff, indicó que tratan de identificar si documentos en papel o electrónicos fueron sacados de la Torre Municipal, ubicada en Hato Rey, después de que comenzó la investigación por irregularidades en la División de Compras de la Ciudad Capital.

“El ámbito de este allanamiento está relacionado a fraude potencial y obstrucción”, sostuvo Leff.

“En este contexto, la obstrucción consistiría en la extracción de documentos y memorias, falsificación de documentos y memorias oficiales, y llevarla a otros lugares, y cuando ese alguien no coopere con la investigación”, añadió.

El oficial recordó que la investigación surge después de que la Oficina del Contralor les pasara información sobre alegadas irregularidades en la División de Compras del ayuntamiento sanjuanero.

“Ahora estamos buscando y tomando documentos, memorias electrónicas y en papel, y también tenemos información de que es posible de que hay otros documentos en otros lugares”, señaló Leff.

“Por eso solicitamos asistencia del público, de alguien que sepa información de la ubicación o la extracción de documentos del edificio a otro lugar”, agregó el oficial, quien indicó estar consciente de denuncias de destrucción de evidencia en los pasados meses.

“En ese momento, no pudimos confirmar esa información lo suficiente para obtener una orden de allanamiento”, justificó. “No sabemos si estos documentos tienen alguna información relacionada a ese incidente”.

Según Leff, por el momento no tienen en agenda arrestar a nadie.

No pudo precisar si la pesquisa ya identifica a algún funcionario en particular de actos irregulares o si de alguna manera se alega actos indebidos a la alcaldesa Carmen Yulín Cruz.

“No tenemos información sobre eso”, comentó Leff. “Pero vamos a seguir con las pesquisas a donde nos guíen”.

Sí dijo que la alcaldesa llamó temprano en la mañana para informar que había impartido instrucciones a los empleados para que cooperaran con las autoridades.

En declaraciones escritas, Cruz reiteró su posición de cooperación con las autoridades federales.

“Le reitero a los empleados municipales que tienen un deber de que todas sus acciones sean legales, morales y éticas. Además, es su responsabilidad utilizar todos los mecanismos que están a su alcance para, en el evento de que entiendan que deban someter alguna información, lo hagan interna y/o externamente”, indicó Cruz en comunicado de prensa.

“Cualquier empleado que no haya cumplido con su deber, o que no haya cumplido con las reglas y reglamentos, luego de un debido proceso que corrobore dichas actuaciones, tendrá que enfrentar las debidas consecuencias”, añadió.

Este medio observó a decenas de agentes que entraron al edificio con cajas de cartón sin armar, maletines, cámaras y otras herramientas de documentación. También cargaban con café.

Leff dijo que, además de allanar la División de Compras en el piso 15, también buscan evidencia en el piso 14, así como en el 3 y 4.

“El allanamiento nos ayuda a confirmar si las alegaciones de irregularidades tienen fundamento o no. Por eso es que tenemos que venir a mirar, buscar papel, electrónico… cualquier medio que nos ayude a nosotros a esclarecer esas alegaciones de irregularidades”, señaló Carlos Osorio, portavoz del FBI.

La investigación de fraude tiene su origen en “alegaciones de favoritismo” en el proceso de compras de la alcaldía.

Según el archivo de El Nuevo Día, en julio de 2017 la Oficina del Contralor realizó un operativo en la Torre Municipal ante tres auditorías que realizan desde el 2013 -una de ellas supuestamente vinculada a la pasada administraciónde Jorge Santini y dos a la actual de Cruz Soto-. Estas surgieron ante una denuncia anónima que recibió la dependencia. 

La denuncia apunta a un patrón de favoritismo con la compañía BR Solutions, propiedad del empresario Leonel Pereira O’Neill, la cual presuntamente ha llegado a licitar en un período de dos años unos $4.7 millones en el Municipio de San Juan.

La información que pudo corroborar este medio en aquel entonces es que BR Solutions se incorporó el 22 de febrero del 2013 como una corporación con fines de lucro que ofrece servicios de construcción y remodelaciones. Anclada en Aguadilla, la empresa prácticamente solo ha tenido contratos con el Municipio de San Juan -18 contratos que suman $689,987.30, según el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor-.

Su dueño, Pereira O'Neill, ha donado a varias figuras políticas, incluyendo $1,000 para Cruz Soto en el 2015, $2,500 para Luis Fortuño en el 2012 y $500 para Jenniffer González en el 2011.

Personal del Negociado de la Policía y de la Oficina del Contralor de Puerto Rico participan del allanamiento.