En medio de una crisis emocional, una adulta mayor de 69 años y apenas cinco pies de estatura fue neutralizada con un dispositivo de control eléctrico (DCE o “taser”) a manos de una agente de la Policía.

La mujer, cuya identidad es protegida y a quien los oficiales describieron como “paciente mental agresivo” por amenazarles con un “palo de escoba”, fue intervenida una noche en su hogar, en Trujillo Alto. El incidente ocurrió en 2019 y, según el informe de uso de fuerza de la Uniformada, una hija había llamado a los agentes para que diligenciaran una orden 408 de reclusión involuntaria en una institución de salud mental.

“Le di comandos verbales para que suelte el palo de escoba y se vaya con nosotros al hospital. (...) El agente intentó agarrarla y la misma se abalanza hacia mí para agredirme y es cuando, para evitar la agresión, yo le doy una descarga, impactando con un dardo el abdomen del lado derecho”, reza el informe, que firmaron, entre otros, el ahora comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, quien entonces era comandante de área.

Este caso quedó recogido en la más reciente investigación de Kilómetro 0, titulada “El tercer castigo: entre la irracionalidad y la peligrosidad”, que reveló que la Policía utilizó descargas eléctricas en más de la mitad de las intervenciones de incidentes de crisis emocionales entre 2016 y 2022.

Al analizar 4,494 informes, la organización sin fines de lucro identificó 828 intervenciones, o 18.4%, en las que la Policía reportó uso de fuerza a ciudadanos en medio de crisis de salud mental, en el referido período. Según la entidad, las cifras demuestran que “una parte rutinaria de la labor de los oficiales consiste en intervenir en asuntos de salud mental, lo cual es incompatible con sus funciones y adiestramiento que reciben”.

De las 828 intervenciones con uso de fuerza en crisis emocionales, hubo 505, o el 61%, en las que se utilizó el DCE. En las 3,662 instancias que no se identificó tal crisis, se recurrió al dispositivo en 1,105, o el 30%.

“Estas crisis emocionales o relacionadas a la salud mental, como el uso de drogas y otros (trastornos), no deben estar en manos de la Policía, especialmente los casos de personas que no están armadas”, afirmó la fundadora y directora ejecutiva de Kilómetro 0, Mari Mari Narváez.

En 2021, el Tribunal Supremo determinó que los informes de la Policía que registran el uso de fuerza de sus agentes contra la ciudadanía son documentos públicos. A raíz de ello, la Policía le entregó a Kilómetro 0 más de 50,000 hojas, en un ejercicio que, a juicio de Mari Narváez –defensora de los derechos humanos–, permitió “mirar los datos, perspectiva, narrativa y estrategias que se utilizan en estos casos”.

Para Luis Alberto Avilés, director de Investigaciones de Kilómetro 0 y coautor de la investigación, las narraciones de los oficiales, en los informes, “no implican un interés en entender a la persona en crisis o no se da el tiempo” para evitar recurrir a la fuerza.

“Siempre se presenta como un potencial agresor”, puntualizó, sobre la criminalización de las personas con crisis emocionales. Destacó, de paso, que, en ninguno de los casos analizados, los supervisores concluyeron que las ejecutorias de sus agentes fueron contrarias a las políticas de la agencia.

En comparación con Estados Unidos, en casos relacionados con personas en crisis emocional, Puerto Rico duplica el uso del DCE, un instrumento con capacidad letal. Estados Unidos registra un 26% de uso y Reino Unido, 36%, frente al 61% local, según la investigación de Kilómetro 0. “Aquí, se trata a las personas en crisis de una forma desproporcionadamente violenta”, recalcó Avilés.

En el caso de la adulta mayor neutralizada en Trujillo Alto, Kilómetro 0 entiende que se evidenció la “irracionalidad institucional” cuando la Policía, al evaluar la intervención, concluyó que el palo de escoba “podía causar grave daño corporal”.

“El supervisor ignoró la Orden General 600-602 del Negociado de la Policía (2016), que era la vigente al momento de la intervención, y que establecía una prohibición al uso del DCE en personas de 70 años o más. Unos meses de diferencia con el límite de prohibición de 70 años no constituyen una garantía de que su uso no represente un peligro para una persona de esa edad y de esa constitución física”, establece la investigación.

Para cumplir con la Reforma de la Policía, el cuerpo inició, en 2019, un plan piloto –conocido como Equipo de Intervención en Crisis (CIT, en inglés)– para la capacitación de todo el personal que atiende estos casos. Por ejemplo, si alguien no tiene capacidad para comprender el proceso criminal en su contra, podría reclamarse la aplicación de la Regla 240, una vía alterna para manejar casos de personas con incapacidad mental. Mediante la Regla 240, los procedimientos criminales contra un imputado o acusado se detienen hasta tanto sea evaluado por un especialista y se determine si es o no procesable. Si resultara no procesable, los cargos podrían archivarse y ordenarse, entonces, un tratamiento compulsorio.

Aun así, Kilómetro 0 insiste, como parte de su campaña “Manejo de Crisis sin policías” –lanzada en abril–, que estos casos se deben asignar a personal salubrista capacitado.

“Como sociedad, le hemos adjudicado esa responsabilidad a la Policía, (pero) no necesariamente lo reclamó la Policía. Tiene que ver con cómo los servicios de salud mental se han ido privatizando. Nos han ido quitando esa protección social que era la infraestructura médica y ha sido relegado cada vez más a la Policía por falta de inversión en nuestra infraestructura de salud”, subrayó Mari Narváez.

Entre 2014 y 2020, 71 personas murieron por el uso de la fuerza policial en Puerto Rico, incluidos dos individuos por el uso del DCE, documentó Kilómetro 0 en un primer análisis, publicado hace dos años.

Avilés explicó, en tanto, que la mayoría de las personas intervenidas por la Policía, en medio de una crisis emocional, ya viven otras violencias estructurales, por lo que se acuña el concepto “tercer castigo” como analogía.

“La pobreza siempre hace a las personas mucho más frágiles a enfrentar problemas de salud mental. La pobreza, de por sí, es un factor que quiebra a una persona. Eso sería el primer castigo”, dijo.

Como “segundo castigo”, identificó “la privatización de los servicios de salud en Puerto Rico, que aumentó la desigualdad en el acceso” a poblaciones empobrecidas y racializadas.

“Se les hace mucho más difícil tener acceso a servicios de salud mental, que sean de calidad, que tengan continuidad… así que hay una desigualdad, en general, en el acceso a servicios y, por lo tanto, en algún momento, van a caer en crisis. El tercer castigo es que la Policía intervenga de forma violenta con personas en crisis”, puntualizó.

“La recomendación más importante es que tenemos que crear comunidades de profesionales de la salud, que sean las personas llamadas a intervenir en estos casos, sin la Policía”, enfatizó, por su parte, Mari Narváez.

Asimismo, insistió en que, más allá de tratamiento u hospitalización, “la gente lo que necesita es sencillamente regularse”. “Existen, en otros países, lugares donde tú puedes llegar, bajar revoluciones, regular tu sistema nervioso y hablar con alguien, tomarte un café, darte una ducha... Hay muchas necesidades alrededor de estas crisis”, describió.

Kilómetro 0 presentará su investigación este martes, 10 de diciembre, a las 6:00 p.m., en el Teatro Paradise, en Río Piedras. En la actividad, mostrarán una exhibición de los testimonios de personas que han sido detenidas por la Uniformada en medio de una crisis emocional.

“Los testimonios son de nuestra documentación comunitaria ‘Evidencia la Violencia’, que son las entrevistas que hacemos a personas que voluntariamente quieren venir a documentar su historia. Es un ejercicio de poder ciudadano, acompañamiento, porque estas historias son difíciles de contar, porque son contra el Estado y la gente sabe que hay represalias, que puede haber violencia. Nosotros les acompañamos en ese proceso para que puedan hablar”, acotó Mari Narváez.