Una investigación de la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes concluyó que el Negociado de la Policía ha fallado en el cumplimiento y aplicación del protocolo para el manejo de los casos internos de violencia doméstica, y que prácticamente ha reinado la “impunidad” contra los agentes del orden público señalados por esta conducta.