El Departamento de Justicia informó el lunes que presentará cargos por la muerte del adolescente Javier Antonio Cordero Nevárez, quien fue baleado por policías durante una intervención en Puerto Nuevo.

Los hechos se remontan al 1 de agosto de 2022, luego de que agentes persiguieran al joven de 16 años por supuestamente haber robado un auto.

En declaraciones escritas, el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, indicó que que la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC) de Justicia y el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) “completaron la investigación sobre la muerte de Javier Antonio Cordero Nevárez, quien falleció durante una intervención realizada por agentes del Negociado de la Policía en el área de Puerto Nuevo, en San Juan, el 1 de agosto de 2022″.

Además, señaló que agentes del NIE diligenciaron las citaciones correspondientes “como parte del procesamiento penal que iniciará el Departamento de Justicia”. El comunicado no detalla cuáles serán los cargos que presentarán ni contra cuántos oficiales policíacos.

“Conforme a la política pública y a los fines de salvaguardar la integridad del proceso, no brindaremos detalles adicionales hasta la presentación de cargos”, indicó el funcionario.

Por su parte, el Negociado de la Policía de Puerto Rico declinó emitir una reacción a las citaciones de los agentes por parte del NIE.

“Con el fin de respetar la autonomía y transparencia que caracterizan a los procesos que involucran a miembros de la Policía y para darle espacio a las agencias que están a cargo de estos, no emitiremos expresiones hasta tanto estas se pronuncien”, indicó López Figueroa, en declaraciones escritas.

Unos días después de la muerte del adolescente, su madre, Sheila Nevárez, manifestó su dolor al declarar en una vista pública de la Comisión de Derechos Humanos del Senado.

“Quiero justicia para mi hijo, que el caso se lleve y que se llegue hasta las últimas consecuencias porque no era motivo para matarlo de esa manera”, expresó Nevárez.

El NIE asumió jurisdicción del caso el mismo día en que se reportaron los hechos. Según informara en aquel momento el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, varios agentes oficiales y un sargento fueron desarmados.

Asimismo, señaló que la secuencia de eventos comenzó en horas de la madrugada del día de los hechos, cuando un ciudadano reportó que su auto Hyundai Tucson había sido robado en la urbanización Villa Fontana, lo que fue captado en vídeo y divulgado por la Uniformada. Añadió que el querellante también proveyó información de la localización del vehículo a través de un GPS, por lo que no se registró la notificación del hurto en el sistema de la Policía.

Fue entonces cuando la División de Vehículos Hurtados comenzó a darle seguimiento al salir de allí y solicitó asistencia de oficiales de otros cuarteles.

“Por el GPS se sabe que el vehículo está en Vista Hermosa, luego pasa al residencial Luis Lloréns Torres y regresa a Vista Hermosa, y es intervenido en la calle 40 de la urbanización La Rivera”, explicó López Figueroa a El Nuevo Día en agosto de 2022. “Tan pronto se le da el alto, los policías se bajan (de las patrullas) y este (el conductor) alegadamente dirige el vehículo y alegadamente intenta atropellar a los agentes, y ahí es que comienzan los disparos”, agregó el funcionario, basándose en las versiones que recibió de la escena.

“Es un hecho lamentable para todos, para el menor, la familia del menor y para los policías”, añadió.

Sin embargo, de la escena se desprende que hubo decenas de disparos, de los cuales al menos una docena impactaron la puerta del conductor donde se encontraba el menor.

Cordero Nevárez no tenía armas de fuego cuando recibió múltiples impactos de bala. Las armas de los oficiales presentes fueron ocupadas al momento como parte de la investigación.

El análisis balístico del caso estuvo a cargo del Instituto de Ciencias Forenses, que también examinó el vehículo y realizó la autopsia. Un año y ocho meses después, los fiscales de Justicia citaron a los policías que le presentarán cargos.

Por su parte, Nevárez ha manifestado que hubiera preferido acompañar a su hijo a cualquier proceso judicial o administrativo que mereciera por manejar un vehículo que había sido reportado como robado, a que perdiera su vida baleado por policías.

“Como su mamá, hubiera preferido mil veces enfrentar lo que tenía que enfrentar por la falta que hubiera cometido, pero vivo. A él no le dieron ‘break’ de nada, me lo mataron así”, expuso Nevárez. “¿Cómo iba a enfrentar la justicia si ya no hay justicia? Me quitaron a uno de mis tres amores. No puedo decir sin razón, porque él no estaba haciendo algo bueno, pero yo hubiera preferido estar en su proceso y que él estuviera conmigo, acompañarlo y admitir que estuvo mal, pero no acepto que me lo hayan matado de esa manera”.

En julio del año pasado, Nevárez presentó en el Tribunal Federal una demanda, que se mantiene en curso, en la que señaló que los oficiales hicieron más de 60 disparos y que su hijo sufrió al menos 15 heridas de proyectiles.

Con la representación legal de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), radicó un reclamo civil contra oficiales de alto rango en la Policía, así como contra el sargento Ángel Alicea y los agentes Giovanny Santiago Avilés, Luis Vélez Mari, Carmen Cacho, Félix de Jesús Flores, Roxanne Ruiz Cisneros, Kevin Meléndez Monsegur y Paola Farría Santiago.

“Todos los demandados actuaron con grave desprecio por la vida humana y causaron a Javier graves lesiones físicas, así como graves sufrimientos mentales y emocionales a él y a su madre”, alega la demanda.

La demanda exigió una compensación por los daños sufridos, así como una declaración de interdicto para enmendar la Reforma de la Policía para que se establezca un mecanismo de supervisión civil, que “permitirá participación independiente a los ciudadanos sobre las prácticas policíacas”.

En una orden emitida a principios de este mes, la jueza Camille Vélez Rivé, acogió una moción de Justicia, en su capacidad como defensa de los demandados, para desestimar el reclamo de enmienda a la Reforma debido a que no tiene jurisdicción para ordenar dicha enmienda. Señaló que es un asunto para presentar dentro del caso de la Reforma.

Mientras, la jueza no desestimó la parte de la demanda que reclama compensación de por los daños. El gobierno de Puerto Rico todavía no ha contestado la demanda.

En la más reciente solicitud de prórroga, el abogado de Justicia, José Cintrón Rodríguez, indicó que en ese momento no había concluido la investigación “de los eventos y alegaciones referidos” en la demanda.

La jueza Vélez Rivé acogió su petición para mover la fecha límite para contestar la demanda para el próximo 19 de abril.