En octubre de 2011, la bailarina Yexeira Torres Pacheco, de 23 años, desapareció. No había cuerpo, ni señales claras de lo ocurrido, y el caso parecía destinado a convertirse en un misterio sin resolver.

Pero la investigación no se detuvo. Cada evidencia recuperada, cada testimonio, cada análisis científico reveló un rompecabezas aterrador: un crimen sin cuerpo que puso a prueba el sistema de justicia.

¿Cómo se logró reconstruir lo ocurrido? ¿Qué secretos escondían las manchas de sangre, los objetos y los escenarios del crimen? Este reportaje sigue el tracto de la investigación, la ciencia forense y los tribunales.

Por el crimen, las autoridades enjuiciaron al exnovio de la joven fajardeña, el expolicía Roberto Quiñones Rivera, quien resultó convicto y hoy cumple una sentencia en una institución correccional del país.

Como parte del caso, la científica forense del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), Carmen A. Tirado Neris, entonces gerente científica de ADN, analizó las piezas de evidencia y declaró como perito en el notorio juicio.

Tirado Neris examinó 57 piezas y, en varias de ellas, detectó sangre humana perteneciente a una mujer con un 99.9% de probabilidad de ser hija biológica de Iris Pacheco y Víctor Torres Santiago, padres de Yexeira.

“No existía cuerpo. En la mayoría de los casos, nosotros hacemos análisis comparativos con las piezas de evidencia que se reciben y las comparamos con una muestra de origen conocido. Pero, en estos casos donde no hay cuerpo, pues entonces se tienen que trabajar con muestras de referencia de familiares”, afirmó.

Esto significa que, normalmente, cuando hay un cuerpo, los peritos comparan la evidencia (como sangre u otros restos) directamente con muestras de esa persona para confirmar si coinciden. Pero, en este caso, no podían hacer esa comparación directa. Por eso, tuvieron que usar muestras de familiares (como los padres de Yexeira) para ver si la evidencia genética coincidía y así determinar si pertenecía a la víctima.

“Las piezas de evidencia fueron sometidas en diferentes fechas. La fecha de ocurrencia figuraba como el 30 de octubre de 2011 (día en que se reportó la desaparición). Inicialmente, se recibieron cuatro piezas de evidencia... Querían verificar, específicamente, qué fluido biológico contenían”, dijo Tirado Neris.

De las 57 piezas, explicó, 53 fueron recuperadas de una van Ford Econoline blanca –propiedad de Quiñones Rivera–, de la casa en la que convivía la pareja, en Carolina y del sector Quebrada Seca, en Ceiba.

Las autoridades llegaron a ese último lugar tras recibir una confidencia que apuntaba a que la víctima podía estar allí. Sin embargo, las piezas que se ocuparon en la búsqueda no arrojaron resultados positivos.

Las cuatro piezas restantes eran las muestras de referencia que se utilizaron para hacer la comparativa.

“En la medida que se fue desarrollando la investigación, fue por unas manchas de sangre que se identificaron en el vehículo, que estaban relacionadas directamente con el que figuraba en aquel momento como persona de interés por la investigación”, dijo Tirado Neris, en la sede del ICF.

Ante la ausencia del cuerpo, el ICF utilizó la “prueba de paternidad en reversa”, que compara el ADN de familiares o personas de interés con restos biológicos encontrados en la escena o en piezas recolectadas.

“La mayoría de las piezas que se pudieron analizar para el biofluido, pues dio (positivo a) sangre, y tanto en la casa como en la guagua, pues se recuperó sangre compatible con una fémina que no se podía descartar que era la hija biológica de (Iris y Víctor)”, dijo la científica forense, al precisar que el análisis arrojó un 99.9% de probabilidad.

“No son casos comunes que se presentan, pero cuando es la única alternativa, no se deja el crimen sin resolver”, añadió Tirado Neris.

“Hubo una variedad de diferentes piezas de evidencia. Las primeras cuatro eran aplicadores que se levantaron con manchas de sangre, pero en la casa se recuperó ropa directamente de ella y manchas de sangre que estaban ubicadas entre el pasillo, el baño y en el área de la pileta”, mencionó Tirado Neris.

“Se levantó sangre en la parte de al frente del vehículo, del área del pasajero, de la parte derecha, en la parte de atrás también se levantó un nivel, que es un instrumento que utilizan en la construcción, tenía sangre y tenía pelo, que también se pudo analizar y fueron compatibles con el de Yexeira, y también los investigadores utilizaron la técnica de sangre oculta para, entonces, verificar lo que no se veía a simple vista, y se veía la silueta de un cuerpo que tenía algún tipo de arrastre”, recordó la perito de Ciencias Forenses.

Yexeira fue reportada como desaparecida el 30 de octubre de 2011, cuando su madre acudió a un cuartel de la Policía, en Carolina, para hacer la denuncia. La querella fue tomada por el agente José González.

Pacheco Calderón vio a su hija por última vez el 22 de octubre. Dos días después, el 24, hablaron por teléfono por última vez. Después de eso, se perdió todo rastro, lo que generó mucha preocupación en su familia.

En el proceso judicial, trascendió que la madre de la víctima logró comunicarse con Quiñones Rivera el 30 de octubre. Después de eso, acudió a las autoridades para reportar la desaparición.

Eventualmente, el caso pasó al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, donde la agente Lorimer Aquino Fariña asumió la pesquisa. Así comenzó una intensa búsqueda que incluyó terrenos baldíos, zonas costeras y áreas boscosas.

Tras recibir confidencias, las autoridades rastrearon los barrios Ingenio y Cacao, en Carolina; la laguna San José, cercana al residencial Las Margaritas, en Santurce; la ribera del Río Grande de Loíza, en Trujillo Alto; una finca en Loíza; el sector Palmer, en Río Grande; y las Parcelas Aguas Claras, en Ceiba.

Paralelamente, el padre de Yexeira emprendió búsquedas independientes con la esperanza de dar con su hija. Junto a un grupo de amigos, llegó a liderar más de una docena de búsquedas en varios municipios, según reportes periodísticos.

Pero el tiempo siguió pasando y las pistas se fueron desvaneciendo. Incluso, en junio de 2021, casi una década después de la desaparición, surgió una nueva confidencia que llevó a la Policía a un solar baldío en la parte posterior del residencial Monte Park, en Río Piedras. Sin embargo, la búsqueda resultó infructuosa.

Aunque el paradero de Yexeira es desconocido, la investigación de las autoridades acumuló suficiente evidencia para identificar un responsable, derivando en un caso criminal que terminó con un fallo histórico.

“Este caso reitera que, aunque el cuerpo no aparezca, se puede imputar a una persona la muerte de ese cuerpo que no aparece. Claro, el fiscal tiene que presentar prueba circunstancial suficiente”, dijo el licenciado Julio Fontanet, decano y catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.

“Para un fiscal, es importante que esté el cuerpo de la víctima y que se presente el protocolo de la autopsia, pero eso no significa que no se pueda establecer que una persona murió con prueba circunstancial. Siempre se ha podido establecer el asesinato aunque no aparezca el cuerpo”, agregó Fontanet.

“(En ese caso), recuerdo el tema de la sangre, que es una prueba directa de que ese cuerpo estuvo en ese vehículo y una prueba circunstancial de la muerte, de que la persona está muerta. Eso, unido a que no aparece. Pero es un caso, insisto, más difícil, pero no es un caso imposible”, puntualizó el licenciado.

El 11 de noviembre de 2011, Quiñones Rivera fue declarado oficialmente sospechoso de la desaparición, según los reportajes de archivo de El Nuevo Día.

En medio de este proceso, las autoridades le formularon –en ausencia– dos cargos de apropiación ilegal agravada y falsificación de un marbete. Este fue detenido en el aeropuerto internacional John F. Kennedy, en Nueva York, y extraditado a Puerto Rico. Por este caso, fue sentenciado a 42 meses de prisión.

Mientras tanto, el proceso judicial por la desaparición de Yexeira apenas iniciaba. El Estado adelantó que demostraría que el expolicía mató de manera violenta y premeditada a la joven entre el 24 y el 29 de octubre de 2011, y que el cuerpo no aparecía.

En el caso, las fiscales Alma Méndez y Sonia Polanco representaron al Ministerio Público, y los licenciados Jorge Gordon Menéndez y Orlando Cameron Gordon asumieron la defensa del hoy convicto.

En agosto de 2012, la Fiscalía de Carolina presentó tres cargos contra Quiñones Rivera por los delitos de asesinato en primer grado en su modalidad de premeditación, asesinato en primer grado en su modalidad estatutaria y destrucción de evidencia.

Sin embargo, la jueza Ana Dinora Suárez, del Tribunal de Carolina, halló causa para arresto en solo dos cargos y le fijó una fianza de $1.5 millones por el delito de asesinato con premeditación y otros $750,000 por el de destrucción de evidencia.

La vista preliminar arrancó, en septiembre de 2012, ante el juez César Almodóvar Marchany, del Tribunal de Carolina, y, según el archivo judicial, se extendió hasta enero de 2013. En total, declararon 22 testigos, incluida la madre y la hermana de Yexeira.

Durante su declaración bajo juramento, la madre de Yexeira contó las aspiraciones que tenía su hija, lo que ocurrió los días previos a la desaparición, cómo era la relación de su hija con el convicto, la cual describió como “disfuncional”, entre otros detalles importantes.

De igual forma, testificaron la abuela de Yexeira, Juanita Calderón, y su primo, Jonathan Correa, quienes aseguraron que escucharon, la noche del 23 de octubre de 2011, una conversación telefónica que parecía ser una discusión entre la entonces pareja.

Esta etapa del proceso concluyó con dos confinados que cumplían prisión por escalamiento y apropiación ilegal, que afirmaron haber escuchado una confesión de Quiñones Rivera sobre el crimen.

Completado el desfile de prueba, el juez se reservó el fallo para analizar declaraciones, 40 piezas de evidencia y más de 250 páginas de sus notas de la vista preliminar. Luego, notificó causa para juicio.

“Es razonable concluir que la joven Yexeira Torres está muerta y que su muerte fue por un tercero”, dijo, entonces, Almodóvar Marchany.

El juicio inició el 24 de mayo de 2014 ante el entonces juez Francisco Borelli Irizarry, y culminó el 12 de agosto de ese año con un fallo de culpabilidad. En total, la Fiscalía presentó 44 testigos, mientras que la defensa solo llevó cuatro.

“El Ministerio Público ha probado más allá de duda razonable que el acusado dio muerte a Yexeira y posteriormente desapareció su cuerpo”, dijo el juez.

El expolicía fue sentenciado en ausencia, el 4 de septiembre de 2014, a 99 años de prisión por asesinato en primer grado y otros tres años por un cargo de destrucción de evidencia, penas que debían cumplirse de forma concurrente. Ante su incomparecencia, el juez también lo encontró culpable por desacato sumario.

“Habiendo expresado el señor convicto que no desea entrar a sala, el Tribunal entiende y determina que esta conducta del señor Roberto Quiñones Rivera obstruye los procedimientos en sala y constituye desacato sumario. Esa conducta no paraliza los procedimientos”, según dictaminó Borelli Irizarry en aquel momento.

La vista de sentencia fue transmitida tras una petición realizada por los gremios periodísticos. Hasta ese momento, se había transmitido con éxito las sentencias del exalcalde de Cidra Ángel “Wiso” Malavé y el excorredor de seguros Pablo Casellas, convicto por el asesinato de su esposa Carmen Paredes Cintrón.

Durante la vista, Gordon Menéndez solicitó al togado que reconsiderara su determinación y absolviera al acusado del cargo de asesinato en primer grado, alegando que “el mismo no fue establecido por parte del Ministerio Público como requiere la disposición de ley y la jurisprudencia interpretativa de la misma”.

En tanto, la fiscal Méndez –quien mantuvo su argumentación basada en que fue un crimen de género– se mostró satisfecha. “Tenemos el sistema de justicia necesario para que, si se lleva un caso como se debe llevar, con la evidencia necesaria para probar más allá de duda razonable, lo podemos probar”, agregó.

Luego, la defensa de Quiñones Rivera intentó revertir el fallo de culpabilidad y la condena, alegando 13 errores, que incluían que no se establecieron los elementos de los delitos de asesinato en primer grado y de destrucción de prueba. Sin embargo, los planteamientos no fueron acogidos.

Quiñones Rivera –quien nunca ha hecho una admisión pública sobre el crimen– ha cumplido cerca de 13 años y medio en prisión, confirmó el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).

“No cuenta con pases para compartir en familia. Ha salido a actividades en iglesias bajo custodia, y estas visitas son aprobadas por un comité cuando el confinado hace los ajustes necesarios dentro del sistema correccional”, concluyó la agencia.