San Juan - El Dispositivo de Control Electrónico (DCE) o “taser” como herramienta de la Policía ha sido objeto de debate durante años entre quienes lo consideran un artefacto de control menos letal y quienes alertan sobre los riesgos que representa su uso indebido.

La discusión se reavivó esta semana, luego de que el pasado domingo, 5 de octubre un hombre, identificado como Giovanni Robles, falleciera en el hospital tras recibir tres descargas del DCE, por dos agentes distintos, durante una intervención policial frente al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) en Fajardo. El individuo, presuntamente, atravesaba una crisis de salud mental.

El informe inicial de la Policía indica que Giovanni Robles se lanzó de espaldas desde un barandal, golpeándose en la cabeza. Al llegar los paramédicos, supuestamente se tornó agresivo, mordiendo a varios policías y agarrando una piedra del suelo para agredirlos, lo que causó el uso del DCE. La causa de muerte todavía es investigada por el Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

“Históricamente, no ha ocurrido ni una muerte relacionada al uso del ‘taser’ en Puerto Rico”, dijo en conferencia de prensa el capitán Jaime Cosme Oliver, director de la División de Investigación de Incidentes de Uso de Fuerza, adscrita a la Superintendencia Auxiliar de Responsabilidad Profesional (SARP).

Sin embargo, las órdenes generales de Uso de fuerza con el Dispositivo de Control Electrónico (DCE) y de Intervención en crisis de la Policía establecen que “en ausencia de circunstancias extraordinarias, NO se podrá aplicar intencionalmente dos descargas simultáneas contra la misma persona. Entiéndase por simultáneas, las aplicaciones hechas por dos miembros de la Policía a la vez o una después de otra de forma inmediata”.

La Orden General 600, de intervención con personas en crisis, también provee unos pasos específicos a seguir si la persona presenta signos de una.

La Policía cataloga el DCE como un “nivel tres” de uso de fuerza, que se aplica contra personas que mantienen una resistencia activa y combativa, abundó Cosme Oliver. El registro de la Uniformada demuestra que el 29% de su matrícula ha tenido que utilizar el DCE durante intervenciones, añadió.

De otro lado, la organización sin fines de lucro Kilómetro 0 denunció, tras el incidente ocurrido en Fajardo, que esta es la tercera muerte que se registra en una década en la isla por uso indebido del DCE.

La primera, en 2015, cuando un paciente de salud mental llamado Jeremías José Fred, de 34 años, recibió dos descargas en su casa en Dorado tras un episodio en el que se agredió él mismo luego de lastimar a su tío. El otro caso en 2017, cuando Jesús Valentín Ramos, de 40 años, quien supuestamente estaba armado, falleció a causa del uso del “taser” en Vega Baja bajo custodia de tres agentes.

“El Comité contra la Tortura (CAT) de las Naciones Unidas lo ha denominado como un instrumento de tortura, porque es un instrumento que provoca mucho dolor, y que sea un arma menos letal, no significa que no sea letal”, lamentó la directora ejecutiva de la entidad, Mari Mari Narváez, en llamada telefónica con El Nuevo Día.

Un análisis reciente de Kilómetro 0 documenta 11 muertes en lo que va de 2025 por uso de fuerza policial. De igual manera, que el DCE se ha utilizado en un 61% de las intervenciones con pacientes de salud mental. Según el movimiento Amnistía Internacional, en Estados Unidos mueren aproximadamente 500 personas al año por el uso del DCE.

“Si se murió porque se rajó la cabeza, eso ya lo dirá la autopsia, pero nosotros como supervisores tenemos que levantar bandera, porque para empezar no se puede utilizar ni tres veces, ni contra personas en una crisis emocional, esa persona no estaba armada, tenía una piedra en la mano...”, sostuvo la directora ejecutiva.

El director de la División de Uso de Fuerza explicó que, desde 2001, la Policía utiliza los DCE. En ese entonces, solo se entregaban a unidades especializadas como Operaciones Tácticas, hasta 2013, cuando inició la Reforma de la Policía.

“Ahí adquirimos el primer dispositivo que se fue modificando hasta el que tenemos ahora, que es el ‘T10’, que está certificado que no causa muertes”, afirmó el agente.

El T10 lanza 10 dardos hacia la persona que está siendo intervenida, pero “no porque cada dardo se aplique, tiene un efecto hacia el cuerpo”, planteó. Cada aplicación es de cinco segundos.

La razón por la que se prohíben más de tres descargas con el DCE es porque una exposición continua de hasta 15 segundos puede representar un riesgo serio para la salud de la persona e incluso la muerte.

“El nuevo dispositivo, el T10, no genera más de 15 segundos de descarga, por lo que, con este, eso no va a ocurrir”, aclaró Cosme Oliver.

En 2024 se registraron tres intervenciones con el DCE, pero no se proveyeron estadísticas de la cantidad del total de incidentes reportados en los pasados tres años. Tampoco se confirmó cuántas veces al año tiene permitido un agente utilizar el DCE, porque “depende de cada situación”.

Aun así, cada uso debe estar debidamente justificado, y un agente no puede utilizarlo más de una vez por la misma razón contra la misma persona.

Los agentes reciben adiestramientos anuales sobre el uso del DCE.

En el caso de Fajardo, aunque había cámaras de seguridad en las facilidades, ningún agente tenía una cámara corporal o “bodycam”.

Actualmente la Uniformada cuenta con 2,300 cámaras corporales y se adquirieron adicionales para distribuir al resto de los agentes. Cosme Oliver no precisó cuántas fueron compradas, pero aseguró que “las suficientes como para dotar a toda la agencia”.

La resolución de imagen es la diferencia principal entre las cámaras corporales anteriores -Body Cam 3- y las nuevas -Body Cam 4-. La Body Cam 3 graba en 1080 y sin sonido, mientras que las nuevas grabarán en 4k y permiten comunicación bilateral entre el agente y el centro de comando, lo que quiere decir que pueden ver la interacción en vivo e interactuar con el oficial.

“Las cámaras corporales no solo son una herramienta tecnológica, son un compromiso con la verdad, permiten documentar cada intervención, proteger los derechos de los ciudadanos y respaldar la integridad de los policías”, recalcó el superintendente de la Policía, Joseph González.

La otra distinción es que la Body Cam 3 solo se enciende 30 segundos antes de la intervención, y la Body Cam 4 se puede prender de cinco maneras: manualmente, cuando se extrae el arma de fuego de la baqueta, cuando la patrulla excede las 70mph de velocidad, cuando la patrulla recibe un impacto o cuando la patrulla experimenta alguna imperfección en la carretera.

Asimismo, se inicia con el sistema de lectura de tablillas (LPR, en inglés), que a través de unas cámaras instaladas en las unidades identifica, de manera automática, tablillas de vehículos hurtados o desaparecidos.

“Estos dispositivos se insertan en la estación de acoplamiento, que están en todos los cuarteles, para que ellos almacenen, actualicen y descarguen los vídeos. Automáticamente se suben a la nube y nosotros podemos monitorear todos los vídeos. Se pueden hacer inspecciones mensuales de hasta 10 de ellos -vídeos-”, explicó Cosme Oliver.

El superintendente agregó que durante el fin de semana el Negociado de Patrullas y Carreteras emitió 12,209 boletos a conductores y ejerció 124 arrestos, de los cuales 105 fueron de a conductores bajo los efectos de alcohol.

Hasta la fecha se han registrado 360 asesinatos, lo que representa una disminución de 30 con respecto al año pasado. En el caso de accidentes fatales, se han registrado 199, que refleja 141 menos que para este período en 2024.