Luego de hablar con varios de los 53 trabajadores inmigrantes intervenidos el jueves en el Hotel La Concha, en Condado, el activista José Rodríguez insistió este martes en que fueron víctimas de alegada labor forzada, después de haber trabajado en una construcción por la que les debían más de $100,000 por dos semanas de faena, que se supone que les pagaran el día después del sorpresivo operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

Por su parte, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) precisó a El Nuevo Día que 31 de los 53 detenidos optaron por regresar a la República Dominicana y 22 permanecen detenidos.

Más temprano este martes, Rodríguez, presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos, compartió que 28 de los 53 arrestados firmaron, justo la semana pasada, “una salida voluntaria” o autodeportación y fueron trasladados –en ferry– a la República Dominicana.

“Ellos ya habían trabajado nueve de los 12 pisos (del hotel). Hay muchas sospechas de que había una mano que no quería pagarles. Les debían dos semanas y estas personas que los subcontrataban le descontaban 10% de lo que pagaban”, agregó, en entrevista telefónica.

En reacción a las denuncias de labor forzada, HSI planteó que “ninguna de las inspecciones de cumplimiento efectuadas hasta el momento en Puerto Rico están bajo investigación por labor forzada”.

La dependencia federal confirmó, en tanto, que la compañía bajo investigación en el proyecto de construcción en Condado es AACM Services, subcontratada como parte de la remodelación de La Concha.

“Una vez allí, se confirma que había dos empresas de construcción adicionales. Actualmente, se está​ llevando a cabo una inspección de cumplimiento; como parte de la investigación, se entrevistan a los empleados para verificar si existe alguna violación a las leyes laborales, aparte de emplear individuos sin estatus migratorio”, respondió HSI por escrito.

Según las autoridades federales, la labor forzada es una modalidad de trata y, por tanto, un delito. “En caso de que se determine que las personas fueron víctimas de labor forzada, hay recursos de inmigración, incluyendo la Visa-U”, puntualizó HSI.

Por su lado, Rodríguez relató que conversó con seis dominicanos que se encargaban de bajar los muebles y decoraciones pesadas de los camiones de carga y montarlas en las habitaciones remodeladas en La Concha, del empresario estadounidense John Paulson.

Estos inmigrantes –incluidos padres y madres que fueron separados de sus hijos, quienes quedaron en Puerto Rico– permanecen intimidados en la República Dominicana, indicó. Según Rodríguez, les pagaban $120 por día y $70 adicionales si trabajaban tiempo extra en las noches.

Señaló que a algunos les otorgaban más dinero por trabajos especializados, como “los masilleros”. Laboraron alrededor de siete meses en el lujoso hotel, comentó Rodríguez.

“Ellos llegaban bien temprano, como a las 5:00 a.m. a 6:00 a.m., y estaban hasta la noche. Les pagaban el viernes y esto sucede un viernes, pero más cuestionable es que estaban investigando que ocurriera labor forzada, pero, entonces, los arrestan. La investigación sigue en curso, pero deportan a la prueba (inmigrantes)”, subrayó.

La directora de HSI en San Juan, Rebecca González, aseguró el jueves, en conferencia de prensa, que “el Hotel La Concha no fue el que empleó a estas personas”, y explicó que la intervención fue una de las 238 inspecciones a negocios que han realizado en lo que va de año para “verificar que no se esté empleando personas que no tienen permiso para ser empleado en los Estados Unidos”.

Desde el jueves, la directora local de HSI indicó que AACM Services se expone a una multa, la cual se calcula a través de los abogados de la agencia federal “en base al número de empleados que tenían bajo su nómina”.

Aunque la gerencia de La Concha defendió sus contratos, al plantear que desconocía del estatus migratorio de estos inmigrantes –que laboraban para una empresa subcontratada para el proyecto de remodelación–, los inmigrantes alegaron, según Rodríguez, que empleados y la seguridad del hotel “sabían” que trabajaban allí.

“Ellos alegan que fueron los dueños que le llamaron a inmigración, porque tenían 53 fotos de ellos (ICE) y no saben cómo las tenían”, dijo el activista.

Asimismo, denunció que los guardias de seguridad supuestamente colaboraron con ICE y no les permitieron salir de las instalaciones del hotel en medio del operativo.

“Queremos hacer un llamado para que no le hagan esto a personas que están trabajando y que no abusen de estos seres humanos. Hay niños que dejaron sin sus padres y madres. Es inhumano lo que le hicieron y sospechamos que fue para no pagarle porque se lo hicieron un día antes del pago”, manifestó.

A la denuncia, Rodríguez agregó que las obras ya estaban casi finiquitadas, “ya que el trabajo pesado lo hicieron ellos”. “Esto hay que investigarlo”, recalcó.