La coacusada por la muerte de la empresaria se enfrenta a la justicia luego de que el proceso judicial se pospuso por la pandemia.

Keishla Pérez Bigio y William Avilés González intentarán demostrar que no son culpables por el asesinato de la empresaria Hilda Padilla Romero.

La defensa legal de Pérez Bigio adelantó a periodistas que su clienta hará alegación de no culpabilidad, pese a que anunció en la sala del tribunal que usaría el plazo de diez días - a los que tiene derecho - para informar su decisión, luego de la lectura de acusación que tuvo hoy.

"Obviamente, la alegación de Keishla va a ser de no culpable", afirmó el licenciado Carlos Beltrán Meléndez, abogado de la acusada.

Mientras, el tribunal anotó una alegación de no culpabilidad automática para Avilés González después de que el acusado no hiciera expresión alguna al cabo de los diez días transcurridos desde su lectura de acusación el pasado 28 de mayo, en un resultado que esperaba su abogado, Edwin Castro.

"Nosotros vamos a ver este juicio en sus méritos", dijo Castro, al salir de la sala.

Ese mismo día en que se leyó su acusación, Avilés González fue excarcelado por un recurso de habeas corpus sometido por su abogado, al que se opuso la fiscalía.

La petición se basó en el derecho constitucional a salir de prisión bajo restricciones similares a una fianza - pero sin pagarla - cuando pasan seis meses sin enfrentar juicio.

En mayo pasado, la Administración de Tribunales informó que continuaría sin celebrar vistas de casos no urgentes por la emergencia causada por el coronavirus COVID-19. Ambos habían sido arrestados en diciembre pasado.

Antes de la interrupción, el juez superior de Bayamón, Pedro Saldaña, encontró causa para juicio contra ambos, el pasado 10 de marzo por los cargos de asesinato, tentativa de asesinato y violación a la Ley de Armas, tanto contra Pérez Bigio, hijastra de Padilla Romero; y Avilés González.

Padilla Romero fue baleada en la tarde del 30 de septiembre del año pasado mientras conducía una guagua Honda Pilot, color negra, donde también estaban las dos hijas de la empresaria, ambas menores de edad y quienes no resultaron con heridas físicas en el atentado.

Las autoridades alegan que Pérez Bigio contrató para el crimen a Avilés González y a Luis González Martínez, quien confesó los hechos y se convirtió en el testigo estrella de la fiscalía.

Al reanudar las vistas, el caso fue citado para esta mañana en la sala 504 del Centro Judicial de Bayamón. TantoPérez Bigio, quien está libre bajo fianza, como Avilés González, estuvieron presentes ante la jueza Nerisvel Durán Guzmán.

Beltrán Meléndez informó en sala que recibió seis pliegos acusatorios contra su cliente Pérez Bigio y anticipó que esperaba por transcripciones de la vista preliminar para someter mociones interlocutorias.

La expectativa es que el juicio tenga una larga duración ante la cantidad de la prueba disponible. Castro dijo en sala que ante la magnitud, necesitaba coordinar para llevar una "memoria externa" para guardar ahí lo que recibirá como parte del descubrimiento de prueba.

Por su parte, las fiscales Lizette Sánchez Vázquez y Jessika Correa González no quisieron adelantar fuera de sala cuántos testigos sentarán durante el juicio. Sin embargo, Sánchez Vázquez dijo que serán "más o menos los mismos" a los que surgen de la denuncia original, pero no detalló la cantidad.

Los testigos más relevantes en la vista preliminar fueron la hija mayor de Padilla Romero, el agente investigador y el asesino confeso de la empresaria.

En sala, las fiscales informaron que esperan contestar pronto las mociones de desestimación de dos cargos por tentativa de asesinato sometida por Castro a favor de Avilés González.

El pasado 15 de junio, Castro solicitó al tribunal que desestimara los dos cargos argumentando que la fiscalía no había presentado prueba suficiente para demostrar la intención de hacerle daño a las menores de 17 y 8 años de edad.

"La tentativa de asesinato, así como el asesinato en sus modalidades, son delitos de intención específica", indicó Edwin Castro, abogado de Avilés González, en la mencionada moción.

Agregó que "el autor tiene que haber considerado, aunque sea por fracciones de segundos, la resolución de matar a una persona en específico. No se puede cometer este delito en el vacío, ni en la imaginación del estado".

Añadió que "el asesino confeso Luis Rodríguez González declaró que nunca vio dos menores de edad en el vehículo Honda Pilot que conducía la occisa".

"La vuelta para la que alegadamente fue contratado, solo incluía hacerle daño a la occisa. El nunca tuvo la intención específica,el 30 de septiembre del 2019, de atentar contra la vida de esas dos menores de edad. Nunca disparó a sabiendas y con la intención de hacerles daño a las menores ese día. Desconocía de su presencia en el vehículo. Las menores nunca resultaron heridas a consecuencias de sus actos", indicó el letrado.

Según el testimonio de González Martínez, Pérez Bigio, lo había contactado al menos un mes antes del asesinato, indicándole que necesitaba que “le hiciera una vuelta… que (Padilla Romero) le estaba haciendo la vida imposible a ella y a sus hijos” y que “no podía tener trabajo con su papá”.

Durante la vista preliminar se ha alegado que Pérez Bigio y Padilla Romero habían tenido problemas por razones económicas.

Padilla Romero trabajaba en la empresa de construcción de su esposo, Juan Pérez Colón, padre de Pérez Bigio.

González Martínez declaró en la sala del tribunal que por el asesinato de Padilla Romero recibió un pago de $1,500, de los cuales unos $750 los gastó en ropa, un celular y para comprar sustancias controladas.

Dijo que el dinero restante lo usó para pagarle a Avilés González por manejar el vehículo desde el que le dispararon a la víctima.

Por otro lado, Sánchez Vázquez aseguró qué ha ocurrido con la acusación por maltrato de menores sometida por fiscalía contra el viudo de Padilla Romero, quien es el padre de Pérez Bigio.

Solo pudo indicar que, a su parecer, la vista preliminar no se había llevado a cabo porque estaba pautada para una fecha que fue afectada por la emergencia del COVID-19.

En febrero pasado, la fiscalía sometió cargos contra Pérez Colón alegando maltrato de menores y otro cargo por impedir la comparecencia de un testigo, mientras que el Departamento de la Familia (DF) asumió la custodia de la hija mayor de Padilla Romero.


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