El Banco de Desarrollo Económico. (GFR Media)

El Banco de Desarrollo Económico (BDE) ha demandado este jueves a Garnet Capital Advisors y a las firma de inversiones PR Recovery and Development J y Puerto Rico Recovery Development REO y Parliament Capital por en relación a la venta de la cartera de préstamos de la institución, valorada en unos $384.2 millones.

La demanda busca anular la compraventa en la que Garnet asesoró al BDE y en la que los fondos de inversiones vinculados a Parliament resultaron ganadores ofreciendo por tales activos alrededor de 10 centavos de dólar.

“Garnet fue el contratista que ‘asesoró’ al BDE y a su anterior administración en este proceso de venta de la cartera de préstamos. Sin embargo, esta ‘asesoría’ implicó tomar control total del proceso que culminó en la referida transacción”, indicó en declaraciones escritas, Luis Carlos Fernández Trinchet, presidente del BDE.

“No existe ni siquiera un expediente administrativo donde se recoja todo el proceso de evaluación de propuesta para llevar a cabo esta venta”, agregó Fernández Trinchet.

Según el BDE, la cartera del banco fue vendida con un descuento de 91%.

Desde la perspectiva del BDE, la transacción que resultó en la práctica liquidación de la cartera de préstamos de la institución, “es contraria a los principios recogidos en la Constitución de Puerto Rico, donde se requiere el sano manejo de los bienes y fondos públicos, que son pertenecientes al pueblo de Puerto Rico”.

El BDE alega que al viabilizar la compraventa no se siguió a la normativa aplicable a los procesos de enajenación de bienes públicos, ni de contratación gubernamental. De igual forma, se indica que el BDE recabó los sevicios de Garnet sin haber llevado a cabo un proceso de subasta que cumpliera con las leyes y reglamentos aplicables, ni se siguió un proceso informal de subasta.

“Esta venta no fue evaluada ni aprobada o avalada por la administración de turno, ni tampoco por la Junta de Supervisión (Fiscal), creada por la ley conocida como Promesa”, agregó Fernández Trinchet.

El BDE acudió al Tribunal de Primera Instancia casi dos meses después de que El Nuevo Día revelara que la institución refirió a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), el Departamento de Justicia y la Oficina del Inspector General los hallazgos de una investigación preliminar acerca del proceso que siguió el BDE para disponer de su cartera de préstamos. La investigación estuvo a cargo del estudio legal Cancio, Nadal, Rivera & Díaz y la firma de contabilidad FVP Galíndez.

Entre otras cosas, el análisis preliminar efectuado por el BDE, a pedidos del expresidente de la institución Gerardo Portela Franco, encontró que el contrato de Garnet no fue avalado por La Fortaleza según requiere la Ley de Responsabilidad Fiscal, que este se efectuó sin llevar a cabo algún proceso de propuestas o subastas y que la firma no habría cumplido con cierta documentación como justificar la no radicación de contribución sobre ingresos en Puerto Rico.

Sin embargo, documentos examinados por este diario apuntan a que el propio Portela Franco como presidente de la junta de directores del BDE, avaló la transacción que se consumó bajo la presidencia de Luis Burdiel.

Garnet, por su parte, es una firma especializada en la venta de activos deprimidos, que lleva años haciendo negocios en Puerto Rico y prácticamente con todas las instituciones financieras en la isla.

La investigación preliminar también arrojó que los préstamos se habrían vendido con descuentos considerables sin que pareciera mediar justificación para ello, pues en algunos casos, los empréstitos estaban al día o tenían colaterales que superaban lo adeudado.

La demanda del BDE contra Garnet y PR Recovery y Parliament surge al tiempo en que el Tribunal de Primera Instancia declaró nula la compraventa de otro préstamo, que fue vendido por separado a la firma de inversiones Condado 6.

El fallo de nulidad fue emitido por la jueza superior Myrna Ayala en el caso Triple A&R Capital Investment. La firma es dueña del centro comercial Concordia Shopping Center en Río Piedras. En ese caso, el préstamo de Triple A&R Capital fue vendido por el BDE en una transacción separada con Condado 6, firma que adquirió otros $60 millones en préstamos de la institución financiera gubernamental.

La OCIF confirmó a este diario hace unas tres semanas que encabeza la investigación interagencial y que esta continúa su curso.


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