La gobernadora Wanda Vázquez. (Vanessa Serra )

Siete ciudadanos incoaron una demanda contra la gobernadora Wanda Vázquez Garced, la secretaria de Justicia, Denisse Longo Quiñones; y Eric Delgado en su capacidad de presidente de la Corporación para Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR) por violar la disposición constitucional de separación de Iglesia y Estado en múltiples instancias.

El grupo de demandantes está constituido por practicantes del cristianismo, del islam, ateos y espiritistas laicos pertenecientes a la Escuela Espírita Allan Kardec.

Sostienen que luego que Vázquez Garced declarara un estado de emergencia el 12 de marzo pasado debido a la pandemia del COVID-19, el gobierno presentó una serie de programas especiales que se transmiten a través de WIPR para ofrecer datos sobre el impacto de la nueva cepa del coronavirus. En dichos programas, en los que participan miembros del grupo asesor médico designado por la gobernadora, así como otros funcionarios y representantes de otros sectores, se hacen alusiones religiosas.

En el escrito, sometido por el licenciado Osvaldo Burgos Pérez, se mencionó que “en más de una ocasión, el moderador del programa y periodista, David Reyes Vázquez, ha despedido el mismo con una cita bíblica. Lo anterior, lejos de ser una mera iniciativa personal del periodista, es parte del libreto del programa, según la parte demandante pudo constatar el pasado 11 de abril de 2020, cuando el moderador no alcanzó a leer la cita bíblica de lo que se presume es el instrumento conocido como ‘teleprompter’ y tuvo que valerse de un documento que llevaba consigo para leerla durante la transmisión”.

Los demandantes sostienen que Reyes Vázquez no es el único que promueve la religión cristiana, pues el coordinador del equipo médico que asesora al gobierno en la emergencia del nuevo coronavirus, el doctor Segundo Rodríguez Qulinchini, exhortó a la ciudadanía a ver la cuarentena como un sacrificio de cuaresma en el programa del 7 de abril.

Asimismo, los querellantes puntualizan durante lo que se conoce como la Semana Santa, WIPR transmitió -entre otros programas de corte religioso- varios servicios religiosos o misas celebradas en el Vaticano por el papa Francisco.

Otro suceso recopilado en la demanda mencionó que el 29 de marzo la primera ejecutiva llevó a cabo un acto de oración en La Fortaleza, que fue trasmitido por las redes oficiales del gobierno, en el que se promovió “una visión religiosa particular a través de la estructura del Estado Libre Asociado como parte de las medidas para atender la emergencia del COVID-19”.

También se argumentó que Vázquez Garced utiliza sus redes sociales, a través de las cuales informa sobre las gestiones de su gobierno, “para compartir mensajes de contenido cristiano” y aluden que en caravanas con altavoces escoltados por miembros de la Policía “e incluso con la participación” de oficiales de ese cuerpo de seguridad donde el mensaje “es puramente de naturaleza cristiana mediante cantos, citas bíblicas, salmos, oraciones, rezos, bendiciones y llamados a la bendición del dios cristiano como mecanismo para atajar el COVID-19”.

El grupo entiende -entre otras cosas- que “las actuaciones de la parte demandada en este caso violan la libertad de conciencia y de culto de la parte demandante” y que “discriminan contra las visiones religiosas o falta de ellas de los demandantes y les excluyen, por tanto, de la igual protección de la ley”. Añaden que “atentan contra el derecho constitucional a la libertad de culto de la parte demandante y le coloca en la posición de escoger entre mantenerse informada de los asuntos de alto interés público o tolerar que se le imponga, a través de los recursos del Estado, una visión religiosa incompatible con lo que le dicta su consciencia”.

Ante esto, los demandantes le piden al tribunal que expida una orden de entredicho provisional, interdicto preliminar y permanente dirigida a la parte demandada “obligándole a cesar y desistir de promover visiones religiosas particulares como parte de sus actividades oficiales o actividades sufragadas con fondos públicos como las que se incluyen en la presente demanda o cualquiera otras sufragadas con fondos públicos o desde las estructuras, agencias, entidades, plataformas, redes o emisoras gubernamentales que tengan el efecto de promover o endosar visiones religiosas”.

Además, piden una orden de entredicho provisional, interdicto preliminar y permanente dirigida a la parte demandada “a cesar y desistir de las prácticas violatorias del mandato constitucional de separación de Iglesia y Estado y los restantes mandatos constitucionales de respeto a la libertad de culto, contra el discrimen por razón de creencias religiosas e igual protección de las leyes conforme a los términos” de esta demanda.

Requieren que se dicte una sentencia declaratoria “resolviendo que las actuaciones de la parte demandada alegadas en el presente recurso violan las disposiciones constitucionales” recogidas en el Artículo II Secciones 1 y 3 de la Constitución de Puerto Rico y la Primera y Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, así como lo dispuesto en las secciones y artículos citados de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y los Deberes del Hombre y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Por último, piden que se le imponga a la parte demandada el pago de las costas, gastos y de honorarios de abogado incurridos por la parte demandante y el pago de una cantidad no menor de $10,000 por concepto de honorarios por temeridad.


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