Tribunal Supremo de Puerto Rico. (GFR Media)

El Tribunal Supremo de Puerto Rico adoptó hoy la normativa del Tribunal Supremo de Estados Unidos que requiere que todo veredicto en casos penales por delitos graves sea unánime.

La decisión del máximo foro judicial del país implica que todos los casos penales resueltos con un veredicto que no sean unánimes son inconstitucionales. Sin embargo, la decisión no es retroactiva, sino que aplica únicamente a aquellos casos que se encuentren en el proceso de revisión apelativa.

El dictamen se desarrolló durante la consideración del caso de Pueblo vs. Tomás Torres Rivera, a quien se le concedió un nuevo juicios por tres cargos de actos lascivos en los que resultó culpable con un veredicto no unánime. Otras sentencias contra Torres Rivera, por un cargo de tentativa de actos lascivos y siete cargos de maltrato de menores, se mantuvieron inalteradas.

El recurso que presentó la defensa de Torres Rivera se basó en la jurisprudencia establecida por el Supremo estadounidense en un caso de asesinato en segundo grado en que resultó convicto Evangelisto Ramos en votación 10 a 2. El fallo ocurrió en junio de 2016 en Luisiana.

El Supremo de Puerto Rico adoptó la normativa federal mediante una opinión por lo que establece un precedente. La opinión suscrita por la jueza asociada Anabelle Rodríguez Rodríguez, con votos de conformidad de todos los jueces y juezas, extiende la interpretación que hiciera el máximo foro estadounidense del derecho fundamental a un juicio por jurado garantizado por la sexta enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico concluyó que una condena dictada en virtud de un veredicto no unánime transgrede las salvaguardas procesales inherentes al derecho fundamental a un juicio por un jurado imparcial.

Hasta ayer, en Puerto Rico se podían resolver los casos penales mediante veredicto no unánime si la votación era de 9 a 3.

Torres Rivera fue convicto el 2 de septiembre de 2016 en tres en votaciones de 11-1, 9-3 y 9-3 y sentenciado a una pena carcelaria de 22.5 años por presuntos actos cometidos contra menores en una escuela.

Los abogados de Torres Rivera, Jéssica Méndez Colberg y Rolando Emanuelli, sometieron al Supremo puertorriqueño un recurso de Certiorari y el 22 de abril de 2020 se presentó una moción urgente para que el tribunal resolviera a la luz del caso federal.

Previamente, el Tribunal de Apelaciones declaró no ha lugar en octubre de 2019, amparándose en el caso de Pueblo vs. Casellas, una petición de la defensa de que se paralizara el proceso de apelación mientras se esperaba por la determinación del Supremo de Estados Unidos.

En el caso Pueblo vs. Casellas, se confirmó que, en la isla, no hacía falta veredictos unánimes para lograr convicciones en casos criminales.

Desde la etapa en que el caso se vio en el Tribunal de Primera Instancia, región de Guayama, la defensa de Torres Rivera reclamó que se requería de una votación unánime para que se sostuvieran las convicciones. La defensa recurrió al Tribunal de Apelaciones el 30 de septiembre de 2016.

La decisión del Supremo Federal, acogida por el Supremo de Puerto Rico, tiene el efecto de anular el apartado de la Constitución de Puerto Rico que otorga el derecho a los acusados de delito grave de tener un juicio ante un “jurado imparcial”, que podrá rendir un “veredicto por mayoría de votos en el cual deberán concurrir no menos de nueve”.


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