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(GFR Media)

La defensa del empresario Ernesto DiGregorio solicitó que los cargos federales por fraude en su contra sean desestimados porque el carácter público de un helicóptero que le vendió al gobierno lo liberan de regulaciones que le imputan haber violado.

En una moción sometida ante el juez Gustavo Gelpí, el abogado Francisco Rebollo argumentó que las “aeronaves públicas” no se rigen bajo las Regulaciones Federales de Aviación (FARs, por sus siglas en inglés) en la misma extensión que las privadas.

Indicó que la supervisión de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) es “extremadamente limitada y no se extiende al mantenimiento (reparaciones y alteraciones) de las ‘aeronaves públicas’”.

Señaló que sí tiene regulaciones de supervisión y autoridad sobre las “operaciones de las aeronaves públicas”, pero “no tiene autoridad estatutaria o regulatoria sobre la navegabilidad de, o el mantenimiento, reparaciones o alteraciones realizadas en ‘aeronaves públicas’”.

En ese sentido, destacó que con el helicóptero Bell Modelo 429 “siempre hubo la intención de que fuera, y de hecho fue declarado como una ‘aeronave pública’ por los oficiales gubernamentales correspondientes”, por lo que enfatizó en que no le aplicaban las regulaciones de “reparaciones y alteraciones”.

Por esta razón, Rebollo planteó que “DiGregorio no pudo haber ‘violado’ regulaciones de la FAA que no le aplicaban a sus actos y por ende no ha cometido ninguno de los crímenes federales imputados”.

“La acusación entonces debe ser desestimada”, afirmó.

DiGregorio fue acusado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) por un supuesto fraude de la compañía Ecolift por $7.7 millones contra el Departamento de Salud por la venta de un helicóptero que se iba usar como ambulancia aérea.

Según la acusación, DiGregorio engañó a la agencia por no informarle que la aeronave no se podría utilizar con ese propósito porque no tenía los permisos correspondientes, ya que no se le habían instalado el equipo necesario para que realizara dichas funciones.

En otro caso, DiGregorio también enfrenta cargos federales en relación a cuatro helicópteros que vendió Ecolift a la Policía de Puerto Rico.

Las autoridades federales incluyeron el mes pasado a José Ortiz en ese caso, que está ante la jueza Aida Delgado.


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