El excalde de Gurabo, Víctor Ortiz Díaz, enfrentaba cargos por extorsión. (GFR Media)

El exalcalde de Gurabo, Víctor “Manolito” Ortiz Díaz, fue declarado culpable por corrupción este lunes por recibir dinero de un contratista municipal.

En específico, el jurado compuesto por nueve mujeres y tres hombres halló culpable al ex ejecutivo municipal en el cargo por recibir algo de valor en su función como agente de un gobierno que recibe fondos federales. Por otro lado, quedó exonerado por el cargo por extorsión.

Los hechos de este caso se remontan a octubre de 2012, cuando el entonces alcalde por el Partido Nuevo Progresista (PNP) se reunió con el entonces contratista municipal Pedro Díaz y lo extorsionó al condicionar el pago del dinero que el municipio le adeudaba, a cambio de que Díaz le entregara $125,000 a modo de préstamo, para invertirlo en un proyecto de antenas de telecomunicaciones, ideado por Miguel Merced, que resultó ser fraudulento.

El jurado se retiró a deliberar a eso de las 12:30 del mediodía, luego de escuchar los argumentos finales de la defensa y la Fiscalía, quien tiene el peso de demostrar que la evidencia sostiene más allá de duda razonable que el acusado cometió el delito de extorsión.

Este es un caso sobre quién dice la verdad”, afirmó la abogada Lydia Lizarribar, al tratar de sostener frente al jurado que la evidencia presentada por la Fiscalía federal no había logrado demostrar su caso “más allá de duda razonable”.

Él (Díaz) declaró que el acusado le dijo: ‘Yo te pago el dinero que te debemos y con ese dinero me prestas 125,000. No hay una sola evidencia que contradiga lo que Pedro Díaz dijo”, sostuvo el fiscal federal, Scott Anderson.

De acuerdo con la evidencia presentada y testimonios, el Municipio de Gurabo había retenido al menos ocho facturas desde febrero de 2012 a la compañía Supreme Construction Corp., de la cual Díaz era dueño junto a su padre, por falta de fondos debido a problemas económicos. Luego de la reunión entre Díaz y el alcalde, este último ordenó que las facturas fueran pagadas y el 19 de octubre de 2012 se procesaron los pagos, así como una factura adicional que se gestionó y procesó el mismo día.

El Municipio realizó los pagos bajo el sistema de “pagos forzados” debido a que no contaban con fondos en su cuenta corriente, por las sumas de $156,656 y $39,987. Este último pago se hizo con fondos prestados por el Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

Luego, el entonces alcalde presuntamente le dio instrucciones a Díaz de realizar tres cheques a nombre de tres personas cercanas a Merced, convicto en marzo de 2015 por el esquema de fraude del que fue víctima el ex primer ejecutivo municipal y que dio paso a la acusación en su contra en diciembre de 2016.

En sus argumentos finales, la abogada Lizarribar cuestionó la credibilidad de Merced durante el juicio contra el exalcalde. “Él (Merced) fue capaz de engañar a personas por años, contando una historia”, sostuvo, al intentar persuadir al jurado respecto a laveracidad del testimonio del convicto, quien aseguró en sala que Ortiz Díaz invirtió entre $400,000 y $500,000 en el proyecto fraudulento y que elpropio exalcalde le entregó los cheques que este había solicitado al contratista municipal y que estaban a nombre de la compañía Supreme Construction.

“El gobierno quiere hacerles creer que los cheques fueron una inversión de mi cliente”, dijo Lizarribar, al intentar sostener que la inversión fue del contratista municipal y no del alcalde.

En respuesta a eso, el fiscal Anderson, sostuvo que si Pedro Díaz hubiera invertido y hubiera sido una víctima de Merced en el esquema de fraude, habría sido uno de los testigos en el caso contra Merced. También hizo referencia a que el exalcalde, cuando testificó en el caso contra Merced, no mencionó a Díaz como uno de los inversionistas.

“Mencionó a su padre y a otras personas que él sabía que habían invertido, pero nunca mencionó a Pedro Díaz”, afirmó el fiscal. “Él necesitaba mantener a Pedro Díaz callado”.

La defensa del exalcalde cuestionó, además, que la Fiscalía no haya citado como testigo a Rafael Rodríguez Rivera, quien fungía como vicealcalde, aprobaba y firmaba las facturas, para que se le preguntara cómo, cuándo y quién había dado la orden final del desembolso que se adeudaba a Supreme Construction, y si esa orden la había dado o no el exalcalde. Esa pregunta, cuestionó Lizarribar, tampoco se le hizo al director de Finanzas de Gurabo, Héctor Rubén Caraballo Díaz, durante su testimonio.

“Las preguntas cruciales no fueron hechas”, sostuvo la abogada en su ejercicio de persuasión ante el jurado, respecto al interrogatorio realizado por el fiscal Anderson. Durante el contrainterrogatorio a Caraballo Díaz el pasado jueves, tampoco salió a relucir la pregunta sobre quién dio la orden.

Al responder a ese argumento, Anderson recordó que las ocho facturas en cuestión habían sido retenidas durante todo el año, a pesar de que habían sido aprobadas, y que una novena factura se gestionó el mismo día 19 de octubre de 2012, cuando presuntamente el entonces alcalde ordenó que pagaran.

“¿Esa es solo una coincidencia que se supone que creamos? No. Fue hecho porque el acusado necesitaba $125,000”, manifestó el fiscal. “¿Quién dio la orden? La única persona está en esta Corte”, apuntó.


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