La vista para atender la moción de desestimación se celebró hoy. (GFR Media)

La jueza Eloína Torres Cancel se reservó hoy el fallo sobre una moción para desestimar el caso contra los siete universitarios acusados criminalmente por interrumpir una reunión de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Aunque la jueza fijó una fecha tentativa para juicio el 12 de noviembre, indicó en sala que dilucidará los planteamientos de desestimación y emitirá su decisión por escrito.

La vista para atender la moción de desestimación se celebró hoy, luego de que el abogado Jorge Gordon y demás abogados de defensa plantearon hace un mes, que se había cumplido el plazo de tres meses para un juicio rápido sin que la fiscalía hubiera culminado el descubrimiento de prueba.

Los estudiantes implicados en este caso son Alexa Paola Figueroa, Juan Carlos Collazo, Gabriel Díaz Rivera, Verónica Figuera Huertas, Randiél Negrón Torres, Francisco Santiago Cintrón y Thaliangelly Torres González.

El descubrimiento de prueba se dilató debido a que la fiscalía se negó a entregar un memorando de la Jefa de Fiscales, Olga Castellón, por alegar que era confidencial.  El tribunal de Primera Instancia le ordenó divulgar el documento, pero el gobierno acudió al Supremo, que recientemente declaró no ha lugar al recurso.

Ayer, la fiscalía tuvo que entregar la copia del memorando en el que Castellón estableció un turno especial de fiscales que estarían disponibles las 24 horas del día para atender consultas de la Policía en relación con las manifestaciones.

La defensa entiende que ese documento, entre otros, da base para demostrar que el Ministerio Público acusó selectivamente a los jóvenes, motivado por el discrimen político: todos los acusados tenían un rol activo en la huelga de la UPR o pertenecían a organizaciones políticas de oposición al gobierno

En una entrevista previa con El Nuevo Día, Castellón rechazó que el memorando implique que se dirigieron recursos del Estado para monitorear a la oposición política en las manifestaciones. Argumentó que se trata de “un plan de trabajo para situaciones extraordinarias”, de la misma forma que cuando hay un huracán o evento electoral.

El memorando no es el único documento que alimenta la teoría de la defensa. La abogada María Soledad Sáez planteó, en una moción, que su clienta, Alexa Paola Figueroa, fue identificada como sospechosa de delito mediante una foto encontrada por una fiscal en el perfil de Facebook del Partido del Pueblo Trabajador (PPT). Las fotos tomadas del perfil del PPT forman parte del descubrimiento de prueba luego de que la defensa insistió en conocer cómo habían identificado a las estudiantes, explicó Sáez.

La identificación de los demás acusados se dio mediante un alegado informante del gobierno, que entregó a la Policía un documento que detalla la afiliación política de algunos de ellos, según la moción de la defensa que plantea el argumento de persecución selectiva y solicita el descubrimiento de prueba.

Durante la vista de hoy, la defensa presentó los testimonios de los siete jóvenes universitarios, quienes hablaron sobre cómo el proceso judicial les ha afectado en sus estudios y carreras profesionales.


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