Julia Keleher (Archivo / GFR Media)

Los abogados de la exsecretaria de Educación, Julia Keleher, radicaron este lunes una moción en la que solicitan al Tribunal Federal la desestimación de los siete cargos de corrupción que pesan en su contra, en relación con la acusación de un gran jurado el 9 julio de 2019.

“Este caso involucra una acusación fatalmente defectuosa y legalmente insuficiente que no puede ser curada en el juicio o de otra manera”, sostiene la moción presentada por la licenciada María Domínguez y los licenciados Javier Micheo y Carlos Andrew.

Tras la presentación del escrito legal, Keleher emitió sus primeras expresiones oficiales desde que fue acusada, en las que afirma su inocencia. “He dedicado los últimos 22 años de mi vida trabajando diligentemente para avanzar la calidad de la educación pública. Soy inocente y espero que el tiempo demuestre mi inocencia y acabe con estos procesos, para retomar mis esfuerzos para promover cambios positivos en la educación”, expresó en declaraciones escritas.

“Sigue siendo de suma importancia garantizar que todos los niños tengan acceso a oportunidades de alta calidad para adelantar su aprendizaje”, dijo Keleher.

Los cargos por conspiración para cometer fraude y por fraude electrónico están relacionados con la otorgación de contratos a la empresa BDO Puerto Rico –cuyo expresidente Fernando Scherrer también figura como acusado– y la firma Colón & Ponce. En relación con esta última entidad, también están acusadas las hermanas Glenda Ponce Mendoza y Mayra Ponce Mendoza. Dichas contrataciones ascendieron a $13 millones y $95,000, respectivamente.

La línea de argumentos está basada en la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos emitida el 7 de mayo en el caso Kelly v. United States que, según la defensa de Keleher en la moción, establece como precedente que las acusaciones de un esquema cuyo supuesto objetivo es trastocar el proceso de adquisición de una agencia pública, es decir, la asignación de recursos de la agencia gubernamental entre posibles contratistas, “no es un esquema para obtener dinero o propiedad”.

A juicio de los abogados, la acusación contra Keleher no contiene evidencia de que la extitular “pretendiera recibir un soborno u otro beneficio monetario” o haya recibido algún beneficio. En ese sentido, sostiene la moción, “incluso suponiendo la verdad de todas sus acusaciones de hecho, la acusación no establece los delitos acusados”.

Según los abogados, la acusación por el alegado fraude pesaría solamente en el proceso que se siguió para la otorgación de los contratos, no en haber recibido algún beneficio monetario como parte del alegado esquema.

En relación con la otorgación de contratos por parte de Keleher a BDO y Colón & Ponce, la moción alega que no hay fraude electrónico cuando un funcionario público con discreción para seleccionar un contratista del gobierno ejerce esa discreción “en base a motivos presuntamente inapropiados. (El caso) Kelly simplemente excluye la lectura del estatuto de fraude electrónico tan amplia”.

“Estas acusaciones no identifican ninguna tergiversación hecha por la Sra. Keleher, ni ninguna intención de su parte de estafar al gobierno de dinero o propiedad”, plantea la defensa. El juez Pedro Delgado otorgó a la Fiscalía federal hasta el 17 de junio para responder a la moción.

“Dado que la acusación nunca alega que la Sra. Keleher carecía de la autoridad para otorgar los contratos y las enmiendas a BDO, no se le puede acusar de haber tenido la intención de causar daños materiales al gobierno por ejercer su discreción sobre cómo asignar los fondos que tenía la facultad de comprometer”, indica la moción.

“La acusación, a lo sumo, alega que la adjudicación de contratos y las enmiendas a BDO se infectaron por motivos políticos y la divulgación inadecuada de la información del DOE (Departamento de Educación) a BDO y que BDO tenía la intención de utilizar una parte del producto del contrato para pagar comisiones, presuntamente en violación de las normas de contratación”, lee el documento.


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