Julia Keleher. (GFR Media)

El subcontratista Alberto Velázquez Piñol se unió a la exsecretaria de Educación Julia Keleher en una petición al Tribunal Federal para que suprima la evidencia obtenida a partir de los correos electrónicos de los acusados, alegando que quienes tuvieron a cargo la investigación se excedieron de los límites de búsqueda establecidos en diversas órdenes de allanamiento.

“El gobierno buscó e incautó correos electrónicos para los cuales no había mostrado ninguna causa probable, y no había solicitado autorización para buscar y confiscar. Esto demuestra que el gobierno sobrepasó los límites de la orden de allanamiento”, reza una moción que fue sometida, el martes, por el licenciado Edgar Vega, abogado de Velázquez Piñol.

Dicha moción fue sometida para unirse a una petición de supresión de evidencia radicada por la defensa de Keleher el mismo día, aunque en el caso de la exsecretaria, el documento fue sellado. El licenciado Vega sostiene que el gobierno excedió su autoridad y violó los derechos de Velázquez Piñol bajo la Cuarta Enmienda de la Constitución estadounidense, el derecho a la privacidad y a no sufrir una invasión arbitraria. “Los correos electrónicos y las pruebas derivadas de ellos fueron confiscados ilegalmente y deben ser suprimidos”, apuntó el abogado.

La moción presentada por la defensa de Velázquez Piñol revela detalles de una declaración jurada de la Fiscalía federal proporcionada en apoyo a una orden de allanamiento que corresponde a una de las cuentas de correo electrónico del acusado.

En total fueron cinco órdenes de allanamiento que, según cita la defensa de Velázquez Piñol en la moción, respondían a investigaciones criminales relacionadas con tres alegados esquemas: la adjudicación del contrato de Educación a la firma Colón & Ponce, alegados delitos en relación con los esfuerzos de Keleher para que una parte de su salario fuera subsidiado por donaciones privadas a la Puerto Rico Education Foundation (PREF) y presuntos delitos específicos con relación a la adjudicación de un contrato al Josephson Institute of Ethics y la iniciativa "Tus Valores Cuentan".

Sobre estos últimos dos alegados esquemas, esta moción confirma que fueron investigados por la Fiscalía, aunque hasta la fecha no se ha producido ninguna acusación sobre esos asuntos específicos.

La moción cita algunas de las partes de la declaración jurada, que está adjunta al documento que presentó el licenciado Vega. “Los registros financieros muestran que la secretaria Keleher y Azur (compañía de Velázquez Piñol) han tenido una relación comercial en el pasado. Por ejemplo, el 15 de mayo de 2014, la secretaria Keleher cobró un cheque emitido por Azur, por orden de Keleher & Associates por un monto de $1,500 por presuntos servicios profesionales”, cita la moción al describir información que, según la defensa del subcontratista, habría sido obtenida por la fiscalía al exceder los límites de las órdenes de registro.

El FBI investigó a al profesor que contrató a Keleher en George Washington University

La moción también revela que la Fiscalía investigó a Homayoun Khamooshi, quien es propietario de la compañía Entalys, LLC. Khamooshi, y profesor asociado de la George Washington University en Washington D.C. Khamooshi fue la persona que entrevistó y contrató a la extitular como profesora de dicha institución en 2012, según la moción y un artículo publicado por la revista The GW Hatcher cuando Keleher se convirtió en secretaria de Educación. Según la declaración jurada, ambos tenían una relación académica y negocios desde -al menos- 2016.

La moción cita, por ejemplo, que, en marzo de 2018, “el Sr. Velázquez también incurrió en cargos de tarjeta de crédito por una estadía en un hotel en Alexandria, Virginia, a menos de 20 millas de la residencia del Sr. Khamooshi”.

El agente del Negociado de Investigaciones Federales (FBI, en inglés) que firmó la declaración jurada indicó que había “causa probable” para creer que Keleher, Khamooshi y Velázquez Piñol habían cometido los delitos de robo o soborno en relación con programas que reciben fondos federales, conspiración, fraude postal, fraude electrónico y lavado de dinero, mientras Keleher se desempeñaba como secretaria de Educación en 2017.

El agente también declaró que había causa probable para creer que Velázquez Piñol y Khamooshi, “y otras personas/corporaciones”, se involucraron en el delito de estructuración de transacciones y lavado de dinero, “después de que se hicieron varios depósitos sustanciales de efectivo por debajo de $10,000 en un corto período de tiempo en abril de 2018”.

Aunque de la moción se desprende que existió esa investigación, en la acusación del gran jurado el pasado 9 de julio de 2019 por alegados actos de corrupción, Khamooshi no figura como acusado. De los seis acusados en este caso, solo Velázquez Piñol y Fernando Scherrer –expresidente de la compañía BDO Puerto Rico– enfrentan un cargo respectivamente por lavado de dinero. Scherrer, al igual que Keleher, solicitaron al Tribunal la desestimación de los cargos en su contra.

“Según la información mencionada anteriormente incluida en la declaración jurada en apoyo de la orden de registro de la cuenta de correo electrónico del Sr. Velázquez Piñol, es evidente que el gobierno excedió los límites de las órdenes de registro relacionadas con las cuentas de correo electrónico de la Sra. Keleher”, reza la moción.

La defensa del subcontratista sostiene que el gobierno aseguró a los magistrados, en sus solicitudes de órdenes de allanamiento, que buscarían en las cuentas de correo electrónico de Keleher y que la fiscalía “solo recibiría datos que pudieran proporcionar información sobre la conducta criminal bajo investigación, que no incluyen a BDO o el Sr. Velázquez Piñol”.

“Debido a que BDO ni el Sr. Velázquez-Pinol fueron mencionados en alguna de las solicitudes de órdenes de allanamiento en este caso, claramente, el gobierno sobrepasó su autoridad en la búsqueda de correos electrónicos relacionados con BDO y el Sr. Velázquez-Pinol en el contexto de esas órdenes”, apuntó el licenciado Vega.


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