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La catedral de San Juan. (GFR Media)

Como “último recurso” para mantenerse a flote en medio de un embargo a sus cuentas bancarias, la Arquidiócesis de San Juan se acogió hoy a la quiebra.

La Arquidiócesis, que buscó la protección bajo el Capítulo 11 –reorganización corporativa– de la Ley de Quiebras federal, les adeuda a sus acreedores más de $16.1 millones.

Según la petición de quiebra, firmada por el padre Alberto Arturo Figueroa Morales, vicario general y moderador de la curia de la Arquidiócesis, Banco Popular de Puerto Rico es el principal acreedor, con $10.1 millones.

No obstante, Carmen Conde, representante legal de la Arquidiócesis, indicó que la quiebra está atada al embargo de $4.7 millones, ordenado por el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, en respuesta al reclamo de maestros jubilados de escuelas católicas que exigen la continuidad del pago de sus pensiones.

“Se paralizó”

“Tras el embargo, se paralizó por completo la operación de la Arquidiócesis porque no hay dinero para operar ni para pagarles a los empleados. No nos quedó más alternativa; la quiebra es nuestro último recurso. Esperamos hasta las 3:00 p.m. para ver si el tribunal daba un respiro, pero no fue así”, dijo Conde a El Nuevo Día.

Precisó que, a consecuencia de la decisión del juez superior Anthony Cuevas Ramos, 21 cuentas de la Arquidiócesis, con un balance de $606,569.13, fueron embargadas. Otras 12 cuentas, con un balance de $341,449.61, fueron congeladas.

Petición de quiebra de la Arquidiócesis de San Juan by El Nuevo Día on Scribd

También fueron congeladas 160 cuentas de las parroquias, con un balance de $3.8 millones. “Las parroquias, en ningún momento, han sido parte de este pleito, pero comoquiera les congelaron las cuentas”, señaló.

Según la abogada, el tribunal “no atendió” tres mociones de Banco Popular en las que pedía aclarar si debía embargar “a todo el mundo” o solo a la Arquidiócesis.

Añadió que la postura de la Iglesia católica en este caso es que la Arquidiócesis tiene personalidad jurídica propia, al igual que las cinco diócesis de la isla y las parroquias.

“Como el juez (Cuevas Ramos) no resolvió, no nos quedó más alternativa que radicar la quiebra. Radicamos la quiebra para proteger los bienes de los deudores y para poder hacer una distribución equitativa para todo el mundo, en un momento dado, a través de un plan”, dijo.

Conde informó que, tras la radicación de la quiebra, los bancos comenzaron a “descongelar” los fondos de la Arquidiócesis.

“Una vez notificamos la radicación, empezaron a soltarnos dinero para empezar a operar. En estos días, uno iba a las parroquias y a la Arquidiócesis y lo que daba era pena”, declaró.

Otros casos

Por otro lado, el jefe interino de los Alguaciles del Tribunal Superior de Primera Instancia de San Juan, Miguel González, solicitó ayer al juez federal Pedro Delgado que desestime la demanda de las diócesis de Ponce y Mayagüez, con la que tratan de detener el embargo a sus cuentas.

González argumentó que el Tribunal Federal no tiene jurisdicción sobre la moción de paralización sometida por las diócesis, y pidió cinco días para entregar su escrito de oposición a lo que exigen los religiosos.

De otra parte, el Tribunal de Apelaciones detuvo una vista evidenciaria que se celebraría ayer, en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, luego que la Academia Perpetuo Socorro y la Iglesia católica sometieran, el martes, varios documentos legales.

El Apelativo les dio a las partes cinco días para responder a los alegatos del otro, tras los cuales la vista se repautaría.



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