Los tenedores de casi $10,000 millones en bonos constitucionales (GOs, en inglés) y de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), al igual que aquellos que poseen Bonos de Obligaciones de Pensiones (POBs, en inglés) tendrán hasta el próximo martes para oponerse a una moción de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que busca interrumpir el término prescriptivo de los casos de Título III.
En una moción radicada esta semana, el ente fiscal admitió a la jueza Laura Taylor Swain que pese a muchos esfuerzos, se le acaba el tiempo para identificar y radicar acciones contra terceros como resultado del proceso de bancarrota en que se encuentra Puerto Rico. Por ello, la moción urge dejar en un limbo la prescripción de los términos provistos por el Código de Quiebras que son aplicables en los casos de Título III bajo la ley federal Promesa.
El término para radicar o litigar reclamaciones asociadas al gobierno central vence el próximo 2 de mayo. El plazo para hacer lo propio con los POBs, que es deuda emitida por la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR), expirará 18 días después.
Según la JSF, la entidad consultó la moción para interrumpir los términos prescriptivos con el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés). Por más de un año, el UCC, por vía de su asesor legal, Luc A. Despins, del bufete Paul Hastings, advirtió a la corte que no autorizarle a investigar la deuda de Puerto Rico y dejar a la JSF la competencia exclusiva en el tema, a la larga limitaría la posibilidad de radicar acciones contra terceros. Por ende, también limitaría la probabilidad de obtener compensaciones de quienes contribuyeron al colapso financiero del gobierno.
De acuerdo con el recurso, la JSF se ha embarcado en la monumental tarea de identificar a cada uno de los bonistas que compraron la deuda emitida entre los años 2012 y 2014, y que ahora el ente fiscal considera ilegítima, a fin de poder recobrar los pagos de intereses y principal que hayan recibido.
La JSF aseguró a Swain que ha actuado diligentemente para tramitar las reclamaciones que entiende pertinentes, pero destacó que se trata de un proceso complejo que supone indagar en miles de documentos. El ente fiscal dijo a la jueza que hay sobre 200,000 documentos que respaldan las conclusiones del investigador especial Kobre & Kim acerca del colapso financiero del territorio estadounidense.
Entre otras cosas, el informe de Kobre & Kim concluyó que Puerto Rico emitió deuda a sabiendas de que algunas de las transacciones se efectuaron por encima de loslímites establecidos en la Constitución y se utilizó el dinero de las emisiones para fines distintos a los permitidos.
“La JSF está preparada para radicar cientos de reclamaciones para preservar potenciales acciones de rechazo y para buscar de manera consensuada una interrupción de los términos prescriptivos, o en su lugar, encausar potenciales reclamaciones contra terceros en relación con la crisis financiera de Puerto Rico”, argumentó el ente fiscal al tiempo que admitió que el gobierno, al parecer, no tiene registros claros y centralizados para saber a qué bonistas, en qué fecha y cuánto dinero ha pagado por concepto de la deuda pública.
La moción de la JSF surge al tiempo en que la corte ha recibido sobre 500 peticiones de bonistas que han pedido comparecer al tribunal, pues sus acreencias son parte de las emisiones ahora consideradas ilegales por el ente fiscal.
El sábado pasado, en un evento de la Escuela de Negocios de Wharton en la Universidad de Pensilvania, el directivo de la JSF David Skeel dijo que la objeción del ente fiscal a la deuda emitida entre los años 2012 y 2014 fue el producto de un análisis exhaustivo, y que el organismo evalúa otras transacciones que podrían considerarse inválidas.
