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Según el recurso legal, la JSF está tratando de identificar a los bonistas que compraron la deuda emitida entre los años 2012 y 2014, que la entidad ahora considera ilegítima. (GFR Media)

Los tenedores de casi $10,000 millones en bonos constitucionales (GOs, en inglés) y de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), al igual que aquellos que poseen Bonos de Obligaciones de Pensiones (POBs, en inglés) tendrán hasta el próximo martes para oponerse a una moción de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que busca interrumpir el término prescriptivo de los casos de Título III.


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