Fernando Scherrer abandona la corte federal tras ser arrestado a principios de julio. (Teresa Canino )

El magistrado federal Bruce McGiverin atenderá la disputa en torno a la fianza y las condiciones de libertad que se le fijaron al expresidente de BDO Puerto Rico, Fernando Scherrer, acusado por un gran jurado federal de fraude y lavado de dinero como contratista del Gobierno. 

El tribunal emitió la orden hoy en respuesta a una moción presentada por la defensa de Scherrer en la que solicita que se modifiquen sus condiciones de libertad. La defensa alega que su cliente recibió un trato diferente a los demás acusados en cuanto a la cuantía de la fianza y que se le está limitando innecesariamente el acceso a su abogado principal, cuyas oficinas ubican en Washington D.C..

El abogado Juan Ramón Acevedo Cruz contó que tras el arresto de su cliente, se reunió con el fiscal José Capó Iriarte para negociar el monto de la fianza y habían alcanzado un acuerdo preliminar de $200,000. Sin embargo, el fiscal abandonó el cuarto por espacio de media hora y cuando regresó, requirió que la fianza fuera aumentada a un millón de dólares. Posteriormente, el juez federal aumentó la fianza en un millón adicional, para un total de dos millones de dólares. Cuando Acevedo Cruz lo objetó, el juez le indicó que si quería ver el informe escrito, la vista se pospondría y su cliente tendría que ser detenido por tres días.

La fianza que finalmente se estableció de $2,000,000 resultó mucho más alta que la de $30,000 de los demás acusados federales, según el planteamiento de la defensa.

Scherrer fue arrestado el 10 de julio pasado, al igual que la exsecretaria de Educación, Julia Keleher; la exdirectora de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Ángela Dávila; el subcontratista Alberto Velázquez Piñol, la contratista Mayra Ponce y la exasistente de la secretaria de Educación, Glenda Ponce. Se les imputa desviar más de $15 millones en fondos estatales y federales.

Scherrer enfrenta seis cargos criminales por fraude electrónico, conspiración para robo y conspiración para lavado de dinero. Los presuntos esquemas consistieron en la manipulación de los procesos de licitación para que la firma BDO Puerto Rico fuera agraciada por los contratos de asesoría de Educación y la Administración de Seguros de Salud (ASES). 

Acevedo Cruz mencionó que en el formulario se descarta que Scherrer represente una amenaza para la sociedad y que el único riesgo de abandonar el país mencionado son los “lazos foráneos identificados”. El abogado defensor argumentó que esos lazos foráneos de Scherrer son una hermana en Florida y “está consciente de que su esposa tiene familiares en España con quien él no tiene contacto ni relación personal”. Comentó que, por el contrario, en Puerto Rico tiene a su esposa, tres hijos y a su madre.

El licenciado recordó al tribunal que no se supone que las condiciones de libertad sean utilizadas como una forma de castigo previo al juicio.

Por otro lado, se solicitó que la única condición para viajar a Washington D.C. para reunirse con su abogado principal Abbe David Lowell sea la aprobación de su oficial de probatoria sin que se requiera la autorización de fiscalía federal.

“Como parte adversa, el fiscal de Estados Unidos no debe dictar si se reúne con un abogado o no, ni debe dictar cuándo se realizan las comunicaciones entre abogado y cliente”, expuso Acevedo Cruz quien notificó al tribunal que Capó Iriarte no tenía objeción con esta modificación.


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