El proyecto piloto iniciará en el Tribunal de Utuado, la región judicial con el segundo número más alto de casos criminales por delitos de violencia sexual.

En medio de la crisis de violencia machista que atraviesa el país -que el año pasado les arrebató la vida a 23 mujeres- y tras un análisis de sus programas y servicios, la Rama Judicial establecerá este verano la primera sala para atender asuntos de violencia de género.

El proyecto piloto iniciará en el Tribunal de Utuado, la región judicial con el segundo número más alto de casos criminales por delitos de violencia sexual, informó a El Nuevo Día la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite D. Oronoz.

En el año fiscal 2017-2018, se presentaron 27 denuncias en la mencionada región judicial, solo sobrepasadas por la región judicial de Bayamón –una mucho más abarcadora en número de municipios y población–, donde se reportaron 30 casos.

“¿Por qué le llamamos salas de violencia de género? Por varias razones. Queremos que se agrupen en una misma sala los asuntos de violencia doméstica y de agresión sexual, pero el neto es que es un asunto de género, es un problema de género que nace mucho antes como problemas sociales y culturales de una visión de desigualdad”, señaló Oronoz.

De los 27 casos reportados en la región de Utuado, que abarca –además del municipio montañoso– a los pueblos de Adjuntas, Lares y Jayuya, un total de 13 denuncias fueron por actos lascivos y las otras 14 por agresión sexual.

“A pesar de que es un área donde el número de casos de violencia doméstica no es muy alto, los casos de violencia sexual son desproporcionalmente altos con relación a la población que tiene”, reconoció Oronoz.

Bajo la categoría de delito de violencia sexual están el acoso sexual, actos lascivos, agresión sexual, incesto, tentativa de agresión sexual y tentativa de incesto.

“La característica principal de una víctima de violencia doméstica y de violencia sexual es ser mujer o ser niña. Otro aspecto fundamental es la pobreza y el acceso que tiene a la educación”, sostuvo.

“Es una región idónea para comenzar con un plan piloto, evaluarlo, hacer un informe a finales de este año, modificarlo si hay que hacerlo, y expandirlo”, señaló la jueza.

Otra de las razones para elegir la región de Utuado para la implementación del plan piloto es que allí ya funciona una de las siete salas especializadas de violencia doméstica, desde donde operará el nuevo modelo.

“Parte del análisis que queremos hacer con Utuado es de cómo se puede expandir a unas áreas que tienen unos números más altos… lo importante es que no dejemos de dar un servicio idóneo en los casos de violencia doméstica por atender de manera especializada estos casos”, detalló.

En el año fiscal 2017-2018, en la región de Utuado se presentaron 80 casos criminales por violación a la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica (Ley 54-1989), convirtiéndose así en el área judicial con menos denuncias reportadas. En Bayamón, por ejemplo, se presentaron 193 casos en el mismo período.

El 29 de mayo de 2007, la Administraciónde Tribunales anunció la inauguración de la primera sala especializada en casos de violencia doméstica, en San Juan. La idea era proveerle a la víctima un espacio en el que se sintiera segura y en el que recibiera el apoyo emocional, legal y de servicios que necesita en medio de la crisis.

Desde entonces, se han establecido salas especializadas de violencia doméstica en las regiones judiciales de San Juan, Bayamón, Fajardo, Caguas, Humacao, Utuado y Carolina. Esta última región fue inaugurada recientemente en el 2018.

La próxima sala especializada en casos de violencia doméstica se establecerá en Ponce antes de que finalice este año, anunció Oronoz a El Nuevo Día.

En este caso, explicó, conlleva la reestructuración del espacio físico del Centro Judicial de Ponce para poder integrar cada uno de los componentes que cohabitan en estas salas especializadas. La inversión para el proyecto es de $150,000. “La mayor parte de los fondos vienen de la Rama Judicial y una partida menor de fondos federales que se asignan a través de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres”, dijo.

Las diferencias entre una sala regular y una especializada en violencia doméstica son diversas, pero una de las más significativas o medulares en medio de un proceso en el que la víctima llega con miedos, inseguridades y preguntas, es proveerle un lugar en el que no entre en contacto físico con la alegada parte agresora o cualquier familiar y pueda estar sujeta a actos de intimidación que afecten la continuidad de los procesos judiciales.

Las salas especializadas proveen a las víctimas jueces o juezas preparadas en las leyes aplicables y abogados e intercesores legales que le acompañan en el proceso. Igualmente, se establecen calendarios especializados para agilizar el trámite.

“Es importante que te sientas protegida. Es importante que se salvaguarde tu dignidad, que no te hagan preguntas impertinentes, que si tienes miedo, alguien te acompañe al estacionamiento. Es importante que sepas qué recursos fuera del tribunal tienes disponibles para ti y para tus hijos”, detalló la jueza.

Oronoz, en entrevista con este rotativo la semana pasada, también habló sobre las nuevas iniciativas de la Rama Judicial en el aspecto educativo para atender la violencia de género desde la niñez.

Por qué la integración

Oronoz explicó que fueron acercamientos por parte de víctimas y de sus abogados lo que les motivó a plantearse la necesidad de establecer una sala para asuntos de violencia de género.

“Preferían que los casos de violencia sexual se atendieran en un ambiente más protegido, donde se dieran unas herramientas similares a las que les ofrecen a las víctimas de violencia doméstica, así que empezó un análisis interno”, indicó.

Igualmente, la posibilidad había sido tema de discusión en reuniones que sostienen junto a otras entidades gubernamentales y no gubernamentales.

“Lo que queremos evitar es revictimizar a la persona que ya ha tenido el incidente o ha pasado como víctima de ese delito. Pero, ciertamente, parte de lo que habían solicitado era ese trato un poco más especializado”, explicó.

Oronoz indicó que recientemente peticionó un estudio sobre el funcionamiento y las necesidades de las salas especializadas de violencia doméstica.

Sin duda, dijo, la meta es tener 13 salas especializadas, una por cada región judicial.

A través de las salas especializadas, durante el año fiscal 2017-2018, se expidieron 7,578 órdenes de protección ex parte (en la que se escucha solo a la parte peticionaria) y 4,022 finales.

Las estadísticas, compartió, reflejan que las órdenes de protección se suelen respetar y que en menos del 2% de los casos la Policía tiene que radicar casos de desacato.

“Parte de lo que queremos con la sala en Utuado es que esa víctima se sienta lo suficientemente cómoda y que confíe lo suficiente en el proceso para ir a solicitar ese auxilio y que sepa que el tribunal la va a atender de manera confidencial, de manera digna”, expresó.

Hay que hacer ajustes

Los alarmantes casos de víctimas de violencia de género que continuamente se reportan en el país no disminuirán hasta tanto se promueva una visión de equidad entre los géneros, sostuvo.

“Hasta que no les enseñemos a nuestros hijos que las mujeres no son subordinadas de ellos, no vamos a poder atender el problema”, expuso Oronoz.

Reconoció que el marco de acción de la Rama Judicial está limitado a ser más remediativo. Aun así, indicó que cuentan con programas educativos a través de los cuales empoderan a las comunidades sobre los procesos, servicios y sus derechos.

“Tenemos que hacer más desde todos los flancos para explicar por qué es importante y por qué el que un joven le prenda fuego a una niña es un problema de género, que ella es víctima, precisamente, entre otras cosas, por su condición de mujer. Si no enseñamos eso en las escuelas no podemos esperar que lleguen a la adultez y piensen de otra manera”, subrayó Oronoz.


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