El exalcalde de Gurabo, Víctor Ortiz Díaz, también dijo que invirtió unos $100,000 que perdió en el fraude. (Jorge A. Ramírez Portela / Especial El Nuevo Día)

El Municipio de Gurabo emitió pagos a un contratista -aun cuando las cuentas del ayuntamiento no tenían fondos- para presuntamente beneficiar al acusado exalcalde Víctor “Manolito” Ortiz Díaz.

Esta información salió a relucir ayer, tras dos días de desfiles de testigos y evidencia, en los que la fiscalía federal terminó de presentar su prueba en el juicio por soborno y extorsión contra el exalcalde.

Como parte del esquema, una vez el contratista cobrara dos cheques por $156,656 y $39,987, se los devolvería -a modo de préstamo- a Ortiz Díaz para que los invirtiera en un proyecto de antena de telecomunicación, según se ventiló en sala.

Los dos pagos a la compañía Supreme Construction Corp., realizados el 19 de octubre de 2012, correspondían a facturas acumuladas, al menos, entre febrero y mayo de ese año, confirmó ayer, desde la silla de los testigos, el director de Finanzas del Municipio de Gurabo, Héctor Rubén Caraballo Díaz.

Cercano a la fecha en que se emitieron los cheques, se habría dado un presunto encuentro entre el exalcaldes y el contratista Pedro Díaz Torres -propietario de la compañía– para que los pagos se aceleraran, a pesar de que los desembolsos se habían frenado en el municipio por falta de fondos debido a problemas económicos.

Caraballo Díaz –director de Finanzas en el ayuntamiento desde 2005– explicó que, además de él, solamente el alcalde o su representante autorizado tenían la autoridad para determinar cambios sobre qué pagos que efectuaban y cuándo. Asimismo, reconoció que no era usual que, en un solo día, se tramitara todo el proceso para que se efectuara un pago.

“No es normal, pero, en ciertas situaciones, ha pasado, que se tenga que firmar y aprobar el mismo día”, afirmó.

Trascendió en sala que, para octubre de 2012, el municipio había sobregirado cheques por sobre $300,000, aunque estos no rebotarían debido a un acuerdo bancario que le permitía al ayuntamiento realizar “pagos forzados”, explicó Caraballo Díaz, “siempre y cuando no exceda la cantidad que el banco nos garantiza”.

Trascendió, además, que los fondos utilizados para el desembolso del cheque por $39,987 fueron reclamados luego al Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

Por otro lado, Díaz Torres, dueño de Supreme Construction Corp., regresó a la silla de los testigos ayer para ser contrainterrogado por la abogada del exalcalde, Lydia Lizarríbar.

La defensa de Ortiz Díaz intentó establecer que, previo a octubre de 2012, el contratista acudió al municipio para realizar gestiones de cobro del dinero que se le adeudaba y que no hubo irregularidades con los pagos que finalmente se hicieron a nombre de Supreme Construction.

Sin embargo, en su testimonio, Díaz Torres, con quien la fiscalía tiene un acuerdo de inmunidad, sostuvo que fue extorsionado por el exalcalde para que le concediera, a modo de préstamos, el dinero que el municipio le adeudara, para invertirlo en el proyecto de telecomunicaciones.

No obstante, en sala, se mostraron tres cheques a nombre de la compañía dirigidos posteriormente a Julio Pérez Jr. por $39,987, Patricia Hamilton por $46,976 y Juana Gómez por $28,750. Los tres individuos fueron identificados como allegados de Miguel Merced, quien fue convicto, en 2015, por un esquema de fraude del que fue víctima el exalcalde Ortiz Díaz.

Cuando el fiscal le preguntó a Díaz Torres quién le había dicho los nombres a quienes debía dirigir los cheques, afirmó “Víctor Manuel Ortiz Díaz”.

El último en sentarse en la silla de testigos ayer fue el agente especial Héctor Mercado, de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional. Mercado fue uno de los oficiales que entrevistó al exalcalde en su residencia el 2 de marzo de 2015.

Durante el juicio, que se lleva a cabo en el Tribunal federal en el Viejo San Juan, ante el juez Jay A. García Gregory, también fue admitido como evidencia final el testimonio bajo juramento de Ortiz Díaz durante el juicio contra Merced.

“Este es mi dinero personal”, dijo entonces Ortiz Díaz, según la transcripción que leyó ayer en sala el fiscal federal Scott Anderson, respecto al dinero que utilizó el exfuncionario para invertir en un proyecto de antenas de telecomunicaciones que resultó ser fraudulento.

Durante ese proceso judicial, el exalcalde del Partido Nuevo Progresista (PNP) también dijo que había invertido unos $100,000 que perdió en el fraude, pero el miércoles, Merced, ahora como testigo en el caso contra Ortiz Díaz, aseguró bajo juramento que este había invertido entre $300,000 y $400,000.

El jurado compuesto por nueve mujeres y tres hombres podría comenzar a deliberar hoy, aunque eso podría cambiar si la defensa del exalcalde presenta testigos.


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