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La determinación ocurrió como parte de las demandas que presentaron, por separado, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y el Cable News Network (CNN) solicitando la divulgación de los documentos. (Ramón “Tonito” Zayas)

La jueza Lauracelis Roques Arroyo, del Tribunal de PrimeraInstancia de San Juan, le ordenó al Registro Demográfico a divulgar dentro de un término de 7 días los certificados de defunción de las personas que fallecieron desde fechas cercanas al azote del huracán María sobre Puerto Rico.

Del mismo modo, se le ordenó la publicación de las bases de datos que contiene estos registros, incluyendo las causas de muertes, así como las copias de los permisos de enterramiento y cremación.

La determinación ocurrió como parte de las demandas que presentaron, por separado, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y el Cable News Network (CNN) solicitando la divulgación de los documentos, que según el gobierno estaban protegidos por los privilegios de confidencialidad del Estado. En el caso del CPI, los datos estaban siendo solicitados desde el 4 de octubre.

La jueza, en su decisión, resalta que la jurisprudencia de Puerto Rico “elevó a rango constitucional el derecho de acceso a la información al estar íntimamente ligado al ejercicio de la libertad de palabra, prensa y asociación, formalmente consagrados”.

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La jueza añadió que “no puede negarse el acceso a la información de manera caprichosa y arbitraria… Cuando el gobierno niega injustificadamente el acceso a la información lesiona, el derecho fundamental a estar informado”.

El gobierno, en la demanda, reclamó, entre otras cosas, que no podía divulgar el documento porque contiene el número de seguro social de los fallecidos, que es protegido por ley como confidencial. La jueza resolvió ordenando que esa parte del documento se haga ilegible.

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Al conocerse la decisión, el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario Cortés, afirmó que el gobierno estará cumpliendo con la orden del tribunal, entregando los documentos que le fueron inicialmente negados al CPI y a CNN.

El funcionario, sin embargo, alegó la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, trató el asunto siguiendo lo establecido por la Ley del Registro Demográfico.

“Ya un Tribunal determinó que tanto el CPI como CNN son parte interesada. La Ley del Registro Demográfico es clara en que una orden del Tribunal puede convertir a una parte en parte interesada más allá de los requisitos que establece la Ley, que es lo que ocurrió en este caso. Nuestra política, a petición del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, es trabajar con estricta transparencia y facilitar el acceso a toda la información pública”, sostuvo Rosario Cortés.

En el caso del CPI, se solicitaron los registros de las defunciones desde el 18 de septiembre hasta la más reciente entrada en el sistema de Registro Demográfico, en formato de base de datos completa, desglosadas conjuntamente por día y municipio.

También pidieron copia de los certificados de defunción, los permisos de enterramiento, de cremación y acceso a la base de datos que mantiene el registro demográfico sobre las muertes ocurridas desde el 18 de septiembre hasta el presente.

La cadena CNN, por su parte, había solicitado copia digital de la base de datos que se utilizan para mantener los récords de los certificados de defunción que se emitieron en el periodo del 20 de septiembre al 20 de enero.

La orden baja a una semana de que la Universidad de Harvard publicara un estudio en donde coloca la cifra de muertes relacionadasl a María en 4,645, mientras que la cifra oficial provista por el gobierno permanece en 64.



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