La demanda radicada en el Tribunal de Primera Instancia en San Juan, es contra Wanda Llovet Díaz, directora del Registro, y contra el Estado Libre Asociado (ELA). (Ramón “Tonito” Zayas)

El Registro Demográfico de Puerto Rico tiene tres días para explicar por escrito por qué no debe entregar la información solicitada por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) en relación con las muertes en la isla desde el año 2007 al 2020, ordenó el Tribunal de Primera Instancia en San Juan.

"Queda apercibida la parte promovida que, de no comparecer por escrito en el término especificado, se estará allanando a las alegaciones del Mandamus presentado y se procederá a expedir el remedio solicitado, sin más citarle ni oírle", reza la orden firmada ayer por el juez superior Anthony Cuevas Ramos.

Por tercera ocasión, el CPI tuvo que acudir a los tribuanles a demandar al Registro Demográfico, una oficina adscrita al Departamento de Salud (DS), y al Gobierno de Puerto Rico para que cumpla con la orden judicial de entregar información relacionada a las muertes en en la isla.

La entidad periodística informó ayer que recurrió al tribunal con una petición de mandamus por acceso a la información ya que el Registro, adscrito a Salud, no le ha entregado la base de datos sobre las causas de muerte en la Isla de forma completa, según la solicitó hace cinco semanas.

La demanda radicada en el Tribunal de Primera Instancia en San Juan, es contra Wanda Llovet Díaz, directora del Registro, y contra el Estado Libre Asociado (ELA). Responde a investigaciones que lleva a cabo el CPI sobre las muertes en la Isla.

“Parece mentira que en un momento como este, y con la urgencia que tiene la gente de tener algún grado de confianza y certeza sobre cómo se está manejando el tema de las muertes por el COVID-19, se le falle nuevamente al país", indicó dijo Carla Minet,directora ejecutiva del Centro.

En la Petición de mandamus solicita al Tribunal que ordene la entrega inmediata de la base de datos de mortalidad en Puerto Rico para los años 2007 al 2020, con todos sus campos completos –salvo los del número de seguro social– en formato reutilizable (CSV, XLS), así como su diccionario de datos.

Además, se solicitó la copia digital de los certificados de defunción emitidos desde el 1 de enero de 2020 hasta el presente, con todos sus campos, salvo los del número de seguro social. Asimismo, la entidad pidió al Tribunal que ordene al Registro proceder con la divulgación prospectiva de esta información al CPI cuando le sea solicitada.

“La información solicitada por el CPI no está protegida de forma alguna por confidencialidad o privilegio alguno, y tampoco está cobijada bajo alguna de las excepciones al derecho de acceso a la información”, señala la demanda.

Añade que, aunque el Gobierno invocará alguna confidencialidad o privilegio sobre la información solicitada, “el interés público para acceder a la información solicitada supera cualquier reclamo que pretenda limitar el acceso a la información de la ciudadanía en torno a este asunto”.


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