El pasado 18 de enero, ciudadanos descubrieron en Ponce un almacén con suministros guardados hace dos años, tras el paso del huracán María. (GFR Media)

El documento que el gobierno entregó al Tribunal de Primera Instancia (TPI) en relación a la pesquisa de 48 horas sobre el manejo de los suministros de un almacén en Ponce, no fue acreditado como una copia "fiel y exacta" del informe preliminar que originalmente preparó el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), notificó la jueza Lauracelis Roques Arroyo en una resolución al Apelativo.

"Este Tribunal no puede acreditar que el Informe Preliminar entregado sea el original y/o copia fiel y exacta del original, y así se dejó saber para récord ese día", indicó la togada, en referencia al documento que fue entregado por la fiscal Elba Acevedo el 3 de marzo.

La resolución de la jueza relata que ese día, al filo de las 5:00 de la tarde, Acevedo compareció al Salón de Sesiones 907 del Centro Judicial de San Juan, acompañada del licenciado Antonio M. Cintrón Almodóvar, para la entrega del informe. La fiscal informó entonces al Tribunal que tenía consigo dos copias del documento en disputa y que estaría entregando una de estas para su inspección en cámara y la otra copia se mantendría bajo su custodia.

"Este Tribunal evaluó ambas copias del informe, acreditó que estas eran iguales una con la otra, y se procedió a plasmar en cada una de las cinco páginas del documento las iniciales tanto de la jueza que preside esta Sala como las de la fiscal Elba Acevedo, que aparecen en el margen superior con tinta azul", explicó Roques Arroyo. Sin embargo el gobierno, representado por la Oficina del Procurador General, no acreditó que fuera una copia exacta del original.

El Apelativo ordenó hoy la paralización inmediata de la divulgación del informe, poniendo el freno a la sentencia del TPI que ordenó la publicación.

"Dicha paralización se mantendrá en efecto hasta tanto este Tribunal resuelva el recurso que tiene ante sí u otra cosa se disponga", dicta la resolución del panel integrado por su presidente, el juez Carlos Vizcarrondo Irizarry, así como el juez Felipe Rivera Colón y el juez Nery Adames Soto.

La gobernadora Wanda Vázquez Garced acudió hoy a Apelaciones para evitar entregar el informe preliminar e insistir sobre la confidencialidad del documento. A principios de febrero, la Asppro y el CPI demandaron a la primera ejecutiva para que entregue el informe sobre el almacén de suministros que fue eje de controversia e indignación luego del terremoto del 7 de enero. También están demandados el designado secretario de Estado, Elmer Román; el designado secretario de Seguridad Pública (DSP) Pedro Janer; y al comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), Héctor López Sánchez.

El panel concedió hasta el martes, 17 de marzo de 2020, para que la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) -los apelados- expongan su posición en torno al recurso presentado por el gobierno. Asimismo, ordenó al TPI que "de forma inmediata y confidencial" remita en un sobre sellado el informe preliminar original sometido por el gobierno ante ese foro primario el 3 de marzo, para ser examinado.

"Ante la Resolución dictada hoy por el Tribunal de Apelaciones y para continuar salvaguardando la confidencialidad del documento en cuestión, la copia del Informe Preliminar que fuera entregado por el Gobierno a la suscribiente el 3 de marzo de 2020 se entregó personalmente al Alguacil Regional del Tribunal de Primera Instancia, Gilberto Figueroa Cruz, con la instrucción de que sea entregado en la Oficina del Hon. Carlos Vizcarrondo Irizarry, Juez Presidente del Panel que atiende el caso", notificó Roques Arroyo.

En el recurso apelativo que busca revocar al TPI, el gobierno sostiene que "la Sentencia recurrida es jurídicamente incorrecta por varios fundamentos. En primer lugar, la información solicitada versa sobre una investigación criminal en curso ante el Departamento de Justicia. Así las cosas, dicha información y los documentos relacionados con la señalada pesquisa son confidenciales".

Contrario a lo que argumenta el Estado, la jueza Roques Arroyo sentenció el viernes que "no existe información de naturaleza confidencial o privilegiada que justifique restringir el acceso al Informe Preliminar que este Tribunal examinó. El balance de intereses se inclina a favor del derecho constitucional y fundamental de acceso a la información pública".


💬Ver 0 comentarios