La gobernadora Wanda Vázquez Garced. (GFR Media)

Washington - El gobierno de Puerto Rico recurrió esta semana ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos para reclamar que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) se ha excedido en sus poderes al querer impedir que el gobierno de Puerto Rico reprograme asignaciones del presupuesto sin su autorización.

En un recurso de ‘certiorari’ con fecha del 15 de mayo, los abogados de la gobernadora Wanda Vázquez Garced y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) solicitaron revocar una decisión del Primer Circuito de Apelaciones que determinó que el gobierno de la isla no puede hacer ajustes presupuestarios sin autorización de la JSF que controla las finanzas públicas de la isla.

La apelación ante el Tribunal Supremo estadounidense se presentó en momentos en que se espera la decisión de ese foro en torno a la constitucionalidad de los nombramientos de los miembros del ente fiscal y sus decisiones.

En su recurso, los abogados de la gobernadora Vázquez Garced, nuevamente, no impugnan la constitucionalidad de la ley Promesa y la JSF.

En su argumentación, los abogados Peter Friedman, John Rapisardi y William Sushon, mantuvieron que al crear la ley Promesa el Congreso alteró, pero no buscó “eliminar la estructura de gobierno propio de Puerto Rico”.

Aunque no impugna la existencia de esa nueva capa de poder sobre la isla, los abogados indicaron que impedir que el gobierno de Puerto Rico reordene fondos dentro del presupuesto aprobado por la JSF, echaría al traste “décadas de democracia en Puerto Rico”.

Los abogados de la gobernadora Vázquez Garced y la AAFAF apuntaron principalmente a la sección 205 de la ley Promesa que permite a la JSF presentar “recomendaciones” de política pública al gobierno de la isla, pero no ordena que sean implantadas.

El Primer Circuito de Apelaciones federales, sin embargo, determinó en diciembre pasado que esa sección en nada afecta el poder que le confiere la ley Promesa a la JSF para tomar las decisiones finales sobre el presupuesto, por encima del gobernador (a) y la Legislatura de Puerto Rico.

Al presentar recomendaciones de política pública sobre el presupuesto, la JSF “no pierde ningún poder” sobre ese documento fiscal, indicó entonces la opinión escrita por el juez de apelaciones, William Kayatta.

Originalmente, el gobierno de Puerto Rico, bajo Ricardo Rosselló Nevares, impugnó que de cara al presupuesto 2018-2019, la JSF eliminara un lenguaje del presupuesto que hubiese autorizado a La Fortaleza a reprogramar asignaciones hechas a los departamentos del gobierno.

“A pesar de que el status territorial de Puerto Rico permite al Congreso unilateralmente alterar la manera en que los puertorriqueños se gobiernan a sí mismos, tal intrusión debe interpretarse de manera limitada para salvar el marco de gobierno propio que se le concede a Puerto Rico”, indicaron los abogados de la gobernadora.

Si se mantiene la decisión del Primer Circuito, agregaron, se le concedería a la JSF el poder de imponer “cualquier política pública sobre el gobierno electo”.

A más tardar el mes próximo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos deberá decidir el otro caso en el que se tiene bajo análisis la constitucionalidad de los nombramientos de los miembros de la JSF.

En febrero de 2019, el Primer Circuito de Apelaciones decidió que el mecanismo por el cual se nombraron los miembros de la JSF – seis propuestos por el liderato del Congreso, y uno por el entonces presidente Barack Obama, todos sin requerir confirmación del Senado-, era contrario la cláusula constitucional de nombramientos.

Entonces, sin embargo, el foro de apelaciones validó las decisiones tomadas por el ente fiscal.


💬Ver 0 comentarios