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La gobernadora Wanda Vázquez Garced reclamó al tribunal la desestimación de la demanda presentada por los legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la que le imputan haberse excedido en su poder con la aprobación de la orden ejecutiva que concedió inmunidad a los hospitales privados.
Además, la primera ejecutiva argumentó que el asunto presentado por los legisladores Juan Dalmau y Dennis Márquez era uno político que debía ser dejado en esa área y que lo que planteó el decreto ya es discutido por la Asamblea Legislativa que tiene ante su consideración un proyecto de ley con el mismo fin.
Vázquez Garced contestó ayer en la tarde el recurso legal ante la consideración del Tribunal de Primera Instancia de San Juan.
“La controversia planteada es una disputa que debe ser dejada para resolución de las ramas políticas. Mientras el presente caso está siendo litigado, la Asamblea Legislativa se encuentra en el trámite de evaluar y aprobar una de dos piezas legislativas que proponen elevar la política pública de la orden ejecutiva”, plantea el escrito que es contestado por el Departamento de Justicia.
Además, argumenta que la “controversia no está madura” y que el decreto no constituye una enmienda al ordenamiento vigente en Puerto Rico.
“Temeraria” la gobernadora
De inmediato, los planteamientos de Vázquez Garced fueron refutados por el abogado del PIP, Adrián González.
“En cuanto a los argumentos de la gobernadora, primero cuando se trata de una cuestión política que requiera que el tribunal no intervenga es única y exclusivamente cuando se pueda resolver el problema dentro de la misma rama de gobierno. En este caso el tribunal, precisamente, por se un choque entre dos ramas de gobierno es que está obligado a intervenir”, apuntó González.
“Sobre el asunto de que ya se está atendiendo (el tema) en la Legislatura, al día de hoy eso no torna la controversia en académica porque no es ley. Ambos argumentos subrayan la temeridad de la gobernadora porque estando conscientes de que una futura legislación atendería el asunto, lo correcto sería retirar la orden ejecutiva y que continúe el cauce legislativo”, agregó.
El recurso legal fue presentado por el PIP el 25 de abril. En la demanda, los legisladores pipiolos argumentaron que la orden ejecutiva 2020-36, que dio paso a la inmunidad, debe ser declarada nula por ser inconstitucional. Sostienen, además, que el tema atendido por el decreto requiere legislación y la gobernadora no envió ningún proyecto pese a que la Asamblea Legislativa está en funciones.
Posterior a la presentación de la demanda, La Fortaleza remitió a la Legislatura un proyecto de ley que atendería la inmunidad concedida a los hospitales.
