Áurea Vázquez Rijos está acusada a nivel federal por conspirar para asesinar a su esposo Adam Anhang. (GFR Media)
Áurea Vázquez Rijos, así como su hermana Marcia Vázquez Rijos y su excuñado Ferrer Sosa, cumplen sentencias de cadena perpetua en cárceles de Estados Unidos.

Después de tres años de que fuera declarada culpable por el asesinato del empresario canadiense Adam Anhang, la defensa de Áurea Vázquez Rijos argumentó ante el Circuito de Apelaciones de Boston que se deje sin efecto el veredicto por alegados errores durante el juicio y porque supuestamente ha surgido nueva evidencia sobre el testigo estrella.

Así se desprende del informe de apelación sometido por la licenciada Lydia Lizarríbar, abogada de Vázquez Rijos, cuya versión pública disponible en el expediente electrónico del caso tiene muchas partes tachadas por aludir a información que está sellada en el Tribunal Federal de San Juan.

El principal argumento de Lizarríbar sobre la supuesta nueva evidencia que ha surgido después del juicio está relacionada con la condición mental del testigo estrella y asesino confeso, Alex Pabón Colón, alias “El Loco”.

El Tribunal Federal en San Juan ha denegado las peticiones de nuevo juicio y rechazado las alegaciones de que Pabón Colón no estaba en condiciones psicológicas para declarar en el juicio, sino que cualquier asunto que se haya detectado posterior al proceso, no afecta retroactivamente.

En su apelación, la abogada alega que el tribunal no tomó ninguna medida para evaluar la condición mental de Pabón Colón antes de que se le permitiera declararse culpable en el 2008, cuando declaró que Vázquez Rijos le ofreció dinero a cambio de asesinar a Anhang.

Señaló que para ese momento ya estaba “bajo supervisión mental” en el Centro Metropolitano de Detención (MDC, por sus siglas en inglés) y “estaba siendo recetado con medicamentos antipsicóticos”.

Añade que el expediente de MDC presentaba “alucinaciones religiosas, delirios de persecución, pensamientos suicidas y otros síntomas que justificaban un examen más a fondo” y resaltó que ese año “se le hizo un diagnóstico de esquizofrenia a Pabón Colón”.

Según la abogada, el tribunal le ha denegado las solicitudes para determinar cuándo comenzó la condición mental de Pabón Colón.

“Los expedientes de MDC disponibles al momento del juicio eran incorrectos y engañosos; el contrainterrogatorio se basó en el contenido de registros erróneos”, planteó Lizarríbar.

El documento recuerda que después de la sentencia, Pabón Colón envió desde MDC una carta a la abogada “indicando que él quería reunirse con ellos (abogados de la defensa) porque él tenía información importante para la apelación”.

En junio de 2019, el primero en hacer público que el asesino confeso quería reunirse con la defensa de los acusados fue el entonces abogado del coacusado José Ferrer Sosa, Ovidio Zayas, quien solicitó al tribunal que se le permitiera entrevistar a Pabón Colón e incluyó una copia de la carta, escrita a mano, con la característica caligrafía que también se vio en la evidencia presentada durante el juicio.

Posteriormente, el tribunal restringió el acceso a esa moción con la carta.

Luego, en septiembre de 2019, Lizarríbar informó a Boston que también recibió una carta similar de parte de Pabón Colón, pero no publicó la misiva.

Ambos abogados solicitaron reunirse con Pabón Colón, pero las peticiones no fueron autorizadas por el tribunal.

El 26 de septiembre Pabón Colón fue diagnosticado con esquizofrenia continua, según Lizarríbar. Desde entonces, el asesino confeso ha sido sometido a varias evaluaciones psicológicas, según se desprende de varias mociones sometidas por la defensa.

Mientras, en el informe de apelación Lizarríbar argumentó que su clienta tiene el derecho de pedir que se realice una evaluación psicológica independiente de Pabón Colón para determinar cuándo comenzó su condición.

En relación a este punto, la abogada planteó en Boston que el Tribunal Federal en San Juan “erró al darle instrucciones al jurado sobre la determinación de que Alex Pabón Colón estaba competente, lo que afectó los derechos de la acusada al debido proceso y a un juicio justo”.

Asimismo, reclamó al foro apelativo que el “descubrimiento de prueba posterior al juicio fue denegado, pese a que es la única vía para mantener evidencia de documentos usados [...] que tienen evidencia de naturaleza exculpatoria para Áurea Vázquez Rijos”.

En otra moción, en marzo pasado, indicó a Boston que existe “nueva evidencia exculpatoria”.

“La nueva evidencia producida por Pabón Colón a finales de 2020 y que ahora forma parte del expediente es relevante y material para esta apelación”, apuntó Lizarríbar en marzo de este año.

Mientras, en otro argumento en el informe de apelación, Lizarríbar denunció que durante el juicio “se usaron contenidos del segundo pliego acusatorio” contra su representada, cuando el acuerdo para que España la extraditara exigía que el proceso fuera solo con el pliego emitido por un Gran Jurado en el 2008.

Otro señalamiento en la apelación cuestiona que el Tribunal Federal en San Juan permitiera usar en el juicio el traslado de Vázquez Rijos a Italia como una evidencia de fuga y consciencia de culpa. La fiscalía alegó que se fue a ese país porque no tiene acuerdo de extradición con Estados Unidos.

“La apelante no tuvo un juicio justo y su condena debe anularse y el caso remitido para nuevo juicio”, indicó la abogada.

En cuanto a la sentencia, Lizarríbar argumentó que el tribunal se equivocó al imponer la cadena perpetua.

Sostuvo que “la causa de la muerte no fue sometida al juzgado como es requerido, para que se pueda aumentar el mínimo mandatorio”.

Aludiendo a un asunto técnico, Lizárribar planteó que “las instrucciones del jurado no pidieron un hallazgo de la muerte como elemento de la ofensa”.

“Durante el la sentencia, el tribunal argumentó que no había duda de que Anhang estaba muerto, (pero) este argumento no abordó el asunto”, expuso Lizarríbar.

“Tenía que haber un hallazgo del jurado y no lo hubo, así que no se podía aumentar la sentencia con los hallazgos del tribunal. La sentencia del apelante debe anularse y el caso debe remitirse para un nuevo procedimiento de sentencia”, afirmó.

Áurea Vázquez Rijos, así como su hermana Marcia Vázquez Rijos y su excuñado Ferrer Sosa, cumplen sentencias de cadena perpetua en cárceles de Estados Unidos.

Fueron acusados por conspiración en relación al asesinato de Anhang, entonces esposo de Áurea Vázquez Rijos, en septiembre de 2005, en el Viejo San Juan.

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