Al asegurar que el ministerio público actuó de forma impropia, la representación legal  de la empresa Rocket Learning, LLC solicitó al juez federal, Jay García Gregory, que desestime  los 28 cargos que enfrenta la compañía  acusada, junto a otras 51 personas, de formar parte de un esquema de corrupción para facturar al Departamento de Educación $954,297 por servicios de tutoría que no ofreció.