El juicio contra Ángel Pérez arrancó hoy en el Tribunal Federal de Hato Rey con los argumentos iniciales por parte del Ministerio Público y la defensa, enfocados en el rol del empresario Oscar Santamaría en el presunto esquema y su relación con el exalcalde de Guaynabo.

A Pérez se le imputa de haber aceptado un soborno para favorecer a varios contratistas privados entre los cuales resalta Santamaría, dueño de la empresa Island Builders y quien se declaró culpable por corrupción en el Municipio de Cataño. Según la acusación, fue el mismo Santamaría quien le hizo los pagos personalmente a Pérez.

El ex ejecutivo municipal arribó al tribunal acompañado de sus abogados y su esposa, Liza Fernández. Se limitó a decir que “son momentos difíciles”, y reiteró que no puede hacer comentarios sobre el proceso judicial.

El turno inicial en la Sala 1 de la jueza Aida M. Delgado lo tuvo el fiscal federal Nicholas W. Cannon, quien no perdió tiempo en resaltar las violaciones que, presuntamente, perpetró Pérez en acuerdo con Santamaría, quien forma parte de los testigos del Ministerio Público y se espera que testifique en algún momento del proceso.

De acuerdo a la fiscalía, el exalcalde y Santamaría se conocían, pero durante la elección especial que se llevó a cabo en Guaynabo, luego de la renuncia del exalcalde de ese ayuntamiento, Hector O’Neill, la relación se fracturó pues “Santamaría apoyó a su rival político, Carmelo Ríos”.

No obstante, luego de la victoria de Pérez -y a través de la ayuda del entonces alcalde de Cataño, Félix “el Cano” Delgado-, quien también se espera testifique en este caso, ambos enmendaron su relación y esto fue el comienzo del presunto esquema de corrupción en el que se favoreció a la empresa de Santamaría, Island Builders, en las subastas municipales de Guaynabo.

El fiscal además relató que, según la investigación, el mismo Pérez llamaba a la Oficina de Finanzas de ese ayuntamiento para acelerar el desembolso del dinero a Island Builders y por órdenes del mismo Santamaría.

Además, Santamaría puso como presidente de Island Builders a Carlos De Jesús Pagan, con el fin de que, de acuerdo con los fiscales, su nombre no se viera vinculado en los documentos oficiales del municipio ni con el mismo alcalde.

De acuerdo con el Ministerio Público, en el 2021 Santamaría comenzó a cooperar con el Negociado Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) luego de llegar a un acuerdo de culpabilidad, y fue en esta fecha cuando se dio el intercambio grabado dentro de un automóvil en el que se ve cuando Pérez adquiere un dinero en efectivo y, de acuerdo a Cannon, “se los mete en la media y regresa trabajar al Municipio”.

Por su parte, el abogado de defensa, Osvaldo Carlo, reiteró que su cliente es inocente y que el dinero que se ve en el video fue, lo que entendía Pérez en ese momento, una contribución política, como las muchas que había hecho Santamaría anteriormente al exalcalde.

Carlo además alegó que Santamaría es un empresario proveniente de Colombia “con una beca deportiva a estudiar en Mayagüez” y que poco a poco fue desarrollando conexiones en Puerto Rico al punto de que “esto era un hombre que se sentaba con el gobernador, con la comisionada residente, con jueces supremos y con varios legisladores”, toda vez que reiteró que la defensa igualmente estará presentando testimonio de empleados públicos del Municipio de Guaynabo.

“Al final del caso ustedes tendrán la opción de decidir si creerla a personas respetadas con posiciones públicas… o si creerle a personas como estas y a ‘el Cano’”, cerró el abogado de defensa.

Durante la tarde, con la presentación del actual vicealcalde de Guaynabo, Eduardo Faria y el presidente de la empresa Carlos De Jesús Pagán, como primer y segundo testigo, respectivamente, la fiscalía concentró sus preguntas en un contrato, y sus enmiendas, entre el Municipio de Guaynabo y la empresa Island Builders.

El documento, firmado por De Jesús y la entonces vicealcaldesa Mariela Vallines, detallaba unos trabajos que se le requirieron a Island Builders para mejoras en el barrio Ríos de Guaynabo, que fue enmendado unas tres veces, según presentó la fiscalía. De la segunda enmienda en adelante, lo firmó la sucesora de Vallines, Luis Colom.

El testimonio de Faria se enfocó mayormente en su labor como abogado en la Oficina de Asuntos Legales cuando redactó el borrador de este contrato. Según el testigo, en ese momento levantó algunas observaciones que tenía al entonces director de la oficina, Fernando Pérez Del Valle, quien, dijo, fue el abogado que diligenció el divorcio de la esposa de Pérez con su pareja en ese entonces.

Una de las observaciones que levantó Faria era que el contrato no contaba con una cotización u otros documentos requeridos legalmente por el municipio y el Departamento de Hacienda. Tras levantar estos señalamientos, Pérez Del Valle envió un correo electrónico a Faria solicitándole que entregara el borrador del contrato y relevándolo de esa responsabilidad por completo.

En el contrainterrogatorio, el abogado de defensa, Eduardo Ferrer, hizo hincapié en la labor de Faria bajo la administración del exalcalde Hector O’Neill, mientras reiteró que actualmente trabaja bajo la administración del alcalde Edward O’Neill Rosa. La fiscalía, no obstante, objetó esta línea de preguntas por parte de la defensa y la juez Delgado dio ha lugar la objeción, obligando al abogado a redirigir sus preguntas nuevamente al contenido del contrato.

Por su parte, el contratista De Jesús Pagán fue interrogado sobre el contrato igualmente, pero también se le cuestionó sobre dos facturas que había sometido al Municipio mientras llevaba a cabo las mejoras al Barrio Ríos.

Entre el interrogatorio salió a relucir que De Jesús Pagán consultaba con Santamaría cosistentemente para cualquier instancia de negocio que incumbiera a Island Builders, esto pese a que era el contratista quien fungía como presidente. De hecho, fue Santamaría quien le anunció a De Jesús que estaría recibiendo una llamada de parte del municipio de Guaynabo para formar parte del proceso de subasta.

Island Builders solo recibió uno de los contratos, e inicialmente vislumbraba mejoras a las calles del Barrio Ríos, específicamente el sector Tomes, el sector Susana Rodríguez y el sector Pedro Ramos.

“Era un trabajo para ampliar las vías de rodaje del barrio Ríos”, explicó De Jesús sobre el trabajo que tenían que llevar a cabo y por el cual necesitaban asfalto, madera, vigas de metal, excavadoras, entre otra maquinaria.

El contrato vislumbraba un pago de $871,751.60 pero que luego fue incrementando con las enmiendas hasta llegar a un total de $2,396,751.60.

En un momento dado, el director del Departamento de Obras Públicas municipal, Wilfredo Martínez, consideró renegociar el contrato para no incluir el trabajo de repavimentación del asfalto de estas carreteras. De acuerdo a De Jesús, era este trabajo el que compensaría por el precio del equipo que utilizarían y si se cancelaba, la ganancia “mermaría”.

Ante esto, De Jesús llamó a Santamaría y solicitó reunión con Martínez. Tras la reunión, el municipio determinó mantener las labores de repavimentación que inicialmente querían eliminar.

El tribunal recesó a las 6:00 p.m.

A la salida del Tribunal, Pérez caminó de la mano de su esposa, toda vez que reiteró que estaba agradecido de que el proceso comenzó y que lo vería hasta el final. Por su parte, la ex primera dama adelantó a los medios que estaría hablando sobre las alegaciones que se dilucidaron en el caso, pero no en estos momentos.

A preguntas de este medio sobre por qué se trajo a colación el vínculo de Faria con el exalcalde O’Neill, el abogado de defensa, Osvaldo Carlo se limitó a explicar que “es parte del historial de esta persona”.

El juicio contra Ángel Pérez continuará mañana, viernes, a las 9:00 a.m.