Agentes federales arrestaron en el estado de Florida a un hombre que figura como la sexta persona acusada en el caso de la balacera que cobró la vida de un agente federal, en hechos que ocurrieron en noviembre del año pasado cerca de la costa de Cabo Rojo.

El arresto de David Michael García Cruz se efectuó luego de que un gran jurado federal lo acusó -en un pliego acusatorio enmendado para este proceso judicial- de obstrucción a la justicia por intentar borrar información vinculada a cuentas de un teléfono, computadora y una laptop de una de las coacusadas en este caso. La acusación se presentó el 4 de mayo de este año y el arresto se efectuó el pasado jueves.

Según el pliego acusatorio, Yahaira Santos Castillo, alias Yaja, se comunicó por teléfono con García Cruz y le compartió sus credenciales de iCloud (el sistema de almacenamiento y resguardo en la nube de Apple) para que le eliminara la información contenida en la nube y en su iPhone, así como los datos almacenados en sus computadoras.

La llamada, según la Fiscalía federal, se concretó el pasado 7 de abril, dos días después de que Santos Castillo fue arrestada en Florida tras ser acusada por un gran jurado federal el día 4 de ese mes.

En concreto, el caso que se desarrolla por el asesinato del agente del Negociado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) Michael O. Maceda ha visto dos modificaciones a su pliego acusatorio original.

Al principio, un gran jurado federal acusó, en diciembre del pasado año, a Osvaldo Hernández Camacho, Nelson Rivera Suárez y Edgardo Luis Matos Santos por cargos de narcotráfico y Ley de Armas en relación con los hechos, pero no figuraba una acusación de asesinato en ese momento.

Posteriormente, el 4 de abril de este año un gran jurado federal devolvió la primera versión enmendada del pliego acusatorio, en la que se añadían a Xiomarie Marrero Álvarez, alias Xiomy, y a Santos Castillos como coacusadas de este caso. Además, se incluyeron acusaciones por lavado de dinero y asesinato de un agente federal.

La versión más reciente se dio a conocer el pasado 4 de mayo, cuando un gran jurado incluyó la acusación de García Cruz y detalló su participación en el esquema criminal de este caso.

Además, la Fiscalía federal informó al tribunal que determinó no presentar cargos elegibles para la pena de muerte contra Hernández Camacho y Matos Santos, pese a que a mediados de marzo indicó que auscultaba esa posibilidad.

Los hechos en cuestión se remontan al pasado 17 de noviembre de 2022, cuando, alrededor de las 8:00 a.m., inició un intercambio de disparos entre agentes del CBP y Hernández Camacho, Rivera Suárez y Matos Santos. La balacera cobró la vida de Maceda y Joseamid Vázquez Torres, conocido como El Capi, quien, presuntamente, era el capitán de la embarcación donde se transportaba la droga. Vázquez Torres habría sido ultimado por los agentes que respondieron al ataque.

El agente especial del Negociado federal de Investigaciones (FBI, en inglés) que dirigió la pesquisa de este caso, Carlos Rodríguez, alegó en una declaración jurada que los acusados cargaban con 20 fardos de cocaína que totalizaron 613 kilogramos de dicha droga (1,351 libras), al momento de la intervención.

[Lee más aquí: Denuncia federal relata los hechos que desembocaron en la muerte de un agente cerca de Cabo Rojo]

Según la Fiscalía federal, el esquema de conspiración entre los acusados para importar y distribuir droga en más de 5 kilogramos comenzó alrededor de noviembre de 2021. Incluso, el último pliego acusatorio establece que, pese a que tres de los seis acusados ya habían sido apresados, Marrero Álvarez y Santos Castillos continuaron con el patrón de conspiración de narcotráfico hasta principios de abril de este año, cuando fueron arrestadas.

El esquema de operación de trasiego de drogas les permitió a los coacusados, según la acusación, sumar sobre $10 millones que utilizaron para comprar vehículos de motor, embarcaciones, armas de fuego, municiones y propiedades, así como realizarse cirugías estéticas, pagar gastos fúnebres e invertir en criptomonedas.

Respecto al lavado de dinero, la Fiscalía federal argumentó que implicaba el uso y asociación con empresas que permitían a los coacusados brindar una imagen “legal” a sus actividades ilícitas. De hecho, abrieron cuentas bancarias personales y corporativas con la intención de manejar las finanzas de sus operaciones. No obstante, la mayoría de las transacciones las realizaban con dinero en efectivo para que las irregularidades de su negocio no fueran detectadas por el gobierno.

El pliego acusatorio añade que los coacusados utilizaban aplicaciones encriptadas y lenguaje en códigos para que sus comunicaciones no fueran identificadas. Además, utilizaban la herramienta de mensajes de voz para coordinar las operaciones.

Las sustancias controladas, presuntamente, eran escondidas en lotes vacíos, motores de botes, embarcaciones y herramientas de pesca, para dar la impresión de que solo pescaban cuando salían a altamar, según la acusación.

El cargo de conspiración para distribuir y vender drogas pesan contra todos los coacusados, excepto García Cruz. Los cargos de narcotráfico y ley de armas pesan contra los primeros tres coacusados, mientras que la acusación por asesinato de un agente federal está dirigida contra Hernández Camacho y Matos Santos.

Hernández Camacho y Marrero Álvarez enfrentan los cargos de lavado de dinero. Mientras, García Cruz, Santos Castillo y Marrero Álvarez enfrentan cargos por obstrucción a la justicia.

Con excepción de García Cruz, que no ha tenido su vista de comparecencia ante el tribunal, el resto de los acusados se declararon no culpables.

Una vista de estado de los procedimientos (status conference, en inglés) está programada para el próximo 8 de junio, a la 1:45 p.m., ante la jueza federal Aida Delgado Colón.