Aibonito - En ruta al juicio en su contra, Elvia Cabrera Rivera, acusada del asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario, tiene diez días para someter por escrito ante el Centro Judicial de Aibonito su alegación de culpabilidad o no culpabilidad.

Así trascendió durante una vista de lectura de acusación celebrada este martes ante el juez Luis S. Barreto Altieri, en la que se programó para el 26 de noviembre, a la 1:30 p.m., una vista de estatus donde se espera que se fijen las fechas para el juicio.

Barreto Altieri explicó en la sala 4 que, conforme a las Reglas de Procedimiento Criminal, la acusada tiene el término de díez días para hacer la alegación correspondiente. De lo contrario, se registrará una alegación de no culpable, como ocurre de ordinario.

El término de diez días está establecido en las Reglas de Procedimiento Criminal, las cuales regulan, entre otros aspectos, el proceso de lectura de acusación en los casos de delito grave, que no es otra cosa que informarle al acusado los cargos que enfrenta.

Se trata de un trámite rutinario que no exime a la acusada de enfrentar el proceso en su contra, a menos que se declare culpable de los delitos imputados, en cuyo caso procedería directamente a la etapa de sentencia, de acuerdo al ordenamiento jurídico.

Precisamente, el fiscal Orlando Velázquez Reyes, junto a la fiscal Silda Rubio Barreto, explicó que el plazo establecido por el togado es el que dispone la ley.

“(Son) los derechos que le cobijan a la acusada, (que) tiene derecho a un juicio justo e imparcial, (que) tiene derecho a confrontar los testigos de cargo, a que se le provea la evidencia que pretendemos utilizar a nivel de juicio en contra de ella”, dijo Velázquez Reyes.

De otro lado, el fiscal no cerró la puerta a que se alcance algún acuerdo de culpabilidad en este caso, aunque aclaró que no se han dado las conversaciones y que el mismo tendría que ser avalado directamente por la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres.

“No se ha hablado todavía de un acuerdo, pero eso es una puerta que nunca se cierra, pero realmente no (se ha hablado). De hecho, cualquier acuerdo tiene que ser avalado por la secretaria de Justicia directamente, sostuvo Velázquez Reyes a preguntas de la prensa.

A tono con lo anterior, el licenciado Jesús Ramos Puca, representante legal de Cabrera Rivera, indicó que no contempla sentarse con la Fiscalía para llegar a un acuerdo de culpabilidad. “Hasta ahora no”, comentó Rams Puca, luego de que culminó la audiencia.

“No se contempla (hacer una alegación. Por ahora, no”, añadió el licenciado, quien no contestó si su representada buscará un juicio por jurado o por tribunal de derecho, lo que significa que todo el peso de la evaluación de la prueba recae en el juez asignado.

De otro lado, admitió que lo que ocurra en el caso de Anthonieska Avilés Cabrera, que también enfrenta dos cargos por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas, por el incidente que también dejó herido a otro menor— podría beneficiarles.

“Toda situación que ocurra en el otro caso (refiriendose al de la imputada Anthonieska Avilés Cabrera) puede beneficiar totalmente a nosotros", dijo el licenciado, quien explicó, además, lo que espera que ocurra en la vista de estatus pautada para el 26 de noviembre.

“La vista de estatus es para ver cómo está el tema del descubrimiento de prueba y otras mociones que posiblemente estemos presentando”, concluyó.

Precisamente, el togado fijó un plazo de 20 días para el proceso de descubrimiento de prueba, un trámite que permite a la defensa de la acusada inspeccionar y obtener copia de la evidencia en posesión de la Fiscalía, según la Regla 95 de Procedimiento Criminal.

Cabe destacar que, Cabrera Rivera ya enfrentó su vista preliminar, proceso en el que el Ministerio Público buscó probar que el asesinato de Pratts Rosario se había tramado en concierto y común acuerdo, basándose en declaraciones de testigos que presenciaron los hechos.

Entre esos testimonios destaca el de Betzaida Caratini, de 48 años, quien relató que la noche del crimen, durante una pelea, vio a Cabrera Rivera presuntamente sacar un “objeto” de su cartera y pasárselo a su hija, quien luego golpeó a la víctima.

De otro lado, el juez Luis Navas de León, del Tribunal de Aibonito, emitió una resolución escrita en la que denegó la solicitud que presentó la defensa de Avilés Cabrera, que buscaba acceder a prueba exculpatoria o favorable, incluyendo videos en poder de Fiscalía.

Con la mencionada prueba, la defensa buscaba incidir directamente sobre los cargos que enfrenta su representada. Esto con miras a lograr una reclasificación de asesinato en primer grado a asesinato atenuado u otras alternativas jurídicas.

No obstante, el togado le dio la razón a la Fiscalía al señalar que los cuatro videos en posesión de las autoridades -que no recogen el momento exacto de la mortal agresión- no son prueba exculpatoria.

“El tribunal determina que estos videos en definitiva no son de naturaleza exculpatoria o beneficia a la defensa, aplicando la salvedad que esta determinación responde a la prueba puesta a disposición del tribunal. El Ministerio Público conoce la totalidad de la investigación y el sumario fiscal, por tanto, persiste su obligación de descubrir prueba beneficiosa”, dijo.

En cuanto a las declaraciones o testimonios en poder de la Fiscalía, el togado, de igual manera, señaló que “entiende que estos documentos no son de naturaleza exculpatoria o beneficiosa con relación a la joven”.

Sobre sentar a declarar al inspector Robert Ramos, subdirector de la Superintendencia auxiliar de Investigaciones Criminales, y al capitán Juan Bautista, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito, el juez también tomó una decisión.

Esta última controversia surgió porque las abogadas defensoras Rocío Revelles Ponce y Athelyn Jiménez Emmanuelli argumentaron, entre otras cosas, que ambos oficiales hicieron expresiones a la prensa contrarias a la prueba que ha desfilado ante el tribunal.

“Estos agentes deben ser puestos disponibles a la brevedad posible a la defensa para ser entrevistados. El Ministerio Público ha manifestado que estos agentes no son parte de la prueba en el presente caso, pero son parte del Estado y directivos de la región policial al momento de los hechos”, subrayó el juez.

“En ánimo de no dilatar los procedimientos, se ordena al Ministerio Público y a la Policía de Puerto Rico que se coordine y se ponga de forma inmediata o a la brevedad posible a disposición de la defensa al inspector Juan Bautista y al teniente Ramos para ser entrevistados”, puntualizó Navas de León en la resolución.

Ante la resolución, el fiscal Velázquez Reyes sostuvo que esta no altera en lo absoluto el curso del caso, el cual —según afirmó— cuenta con prueba sólida para demostrar, más allá de duda razonable, el crimen cometido, aun cuando el arma no ha sido recuperada.

“En múltiples casos se han probado casos, más allá de duda razobable, donde se han ocupado armas... En la mayoría de los casos casi nunca se ocupa el arma que le causa la muerte a la víctima”, comentó.

Finalmente, sobre el estado anímico de la madre de la víctima, Lisandra Rosario Rivera, indicó que está devastada ante la difícil situación que enfrenta tras el asesinato de su hija, de 16 años, ocurrido el 11 de agosto en el desvío Roberto Colón en Aibonito.

“Obviamente, la pérdida de un hijo nadie la puede reparar. Ella está aquí en pie de lucha siempre, nos acompaña en todo el proceso todo el tiempo y está conforme en términos de cómo se está llevando a cabo el proceso, pero, obviamente, entenderán que (debido a) la pérdida de un hijo y la forma en que se perdió, ella está devastada. Siempre ha estado así“, concluyó.