Las vistas en los tribunales han sido a través de videoconferencias por la pandemia. (GFR Media)

La Rama Judicial y el Ejecutivo se enfrentaron ayer en el Tribunal de Carolina ante la resistencia del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) a llevar a los confinados a sala para asistir a sus procesos judiciales.

El juez Francisco Borelli Irizarry ordenó al secretario de Corrección, Eduardo Rivera Juanatey, el traslado esta tarde a su sala del confiando Francisco Xavier Torres Mojica a quien la agencia no llevó para atender esta mañana el juicio en su fondo por asesinato en primer grado, confirmó la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT).

Inicialmente, Borelli Irizarry quería ordenar el arresto de Rivera Juanatey, pero como no había completado todavía el proceso de emitir una orden de mostrar causa para la incomparecencia, optó por requerir el traslado del acusado hoy a las 3:00 p.m.. El señalamiento judicial estaba pautado originalmente hoy a las 10:00 a.m.

Desde que se inició la pandemia el DCR rehúsa trasladar a los confinados a las salas judiciales y exige que todas las vistas, aún las contenciosas como vistas preliminares y juicios, se atiendan a través de videoconferencia.

Como reveló ayer El Nuevo Día, esta práctica ha sido combatida por la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL), entidad que representa a Torres Mojica, acusado de causar la muerte de su madre, Jeanette Mojica Rivera. El joven es menor de edad, pero es juzgado como adulto.

Mientras que el DCR sostiene que el evitar el traslado de los confinados es una medida de prevención de contagios, la SAL señala que las salas de los Tribunales no cuentan con los recursos tecnológicos que garanticen un proceso justo y una representación adecuada para sus clientes mediante el sistema de videoconferencias.

Los abogados de la SAL sí atienden por videoconferencias otros procesos con antelación al juicio que no son contenciosos.

José A. Orta Cotto, abogado de la SAL en Carolina, dijo que hoy se desestimaron varios casos en la sala de vista preliminar porque se vencía el término de 30 días que tienen un imputado, desde que se encuentra causa para arresto, para que se determine si enfrentará juicio o no. Como el DCR no trajo a sala a los imputados varios casos fueron desestimados en el día de hoy.

De hecho, ayer acabó la extensión de los términos concedida por el Tribunal Supremo a raíz de la pandemia. Con ese vencimiento, ocurrieron varias desestimaciones de casos de personas que llevaban más de 30 o 60 días sin que se les haya celebrado la vista preliminar.

El Departamento de Justicia tiene la oportunidad de volver a someter el caso, si así lo determina.

“Durante la mañana de hoy se han desestimado varios casos porque no los han traído al Tribunal luego de varias órdenes de los jueces”, dijo Orta Cotto. “Hoy concluye la moratoria que dio el Tribunal Supremo (de los términos judiciales) y empezaron a desestimarse porque Corrección tiene de rehén a los confinados pobres de Puerto Rico que representa Asistencia Legal en su mayoría porque no los quiere traer”, agregó.

Según el abogado, la práctica del DCR viola normas de procedimiento criminal, el derecho constitucional del careo, entre otros efectos sobre los derechos de los acusados.

“El sistema de videoconferencia es, además, anacrónico. Se cae, no es confiable, yo no sé quién está del lado de allá (en Corrección)”, mencionó Orta Cotto, quien lamentó que el DCR, no hubiera diseñado, durante el tiempo en que no se permitieron vistas presenciales, un protocolo seguro y eficiente que garantizara la comparecencia de los confinados.

Al cierre de esta edición, no fue posible obtener comentarios del DCR sobre la controversia, a pesar de la petición hecha en horas de la mañana.