A días de que la defensa de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced solicitara la anulación del memorando de sentencia presentado por la Fiscalía federal —en el que se recomienda una pena de un año de cárcel—, otro de los coacusados del caso, el exagente federal Mark Rossini, también ha expresado sus objeciones.

La representación legal de Rossini presentó ayer, viernes, una moción de 11 páginas en la que señaló varios “errores” en el memorando de sentencia. Según sostiene, dicho documento contiene inexactitudes, información irrelevante y afirmaciones no comprobadas que podrían incidir negativamente en la condena.

“Tal como está redactado actualmente, sobrepone la especulación a los rumores, importa relatos no adoptados de otros acusados ​​y transforma un caso de delito menor en algo que no es: un referéndum multiusos sobre acontecimientos políticos más amplios”, argumentó la defensa de Rossini.

Los abogados Lydia Lizarribar, Michael B. Nadler y Juan J. Michelen indicaron que el memorando alude a un “caso relacionado”, lo que calificaron de legalmente incorrecto, ya que Rossini no tiene condenas previas ni procesos pendientes, aparte del caso por violar la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA, en inglés).

“En realidad, solo hay uno: el caso actual, en el que la información sustituye a la acusación original”, recordaron los abogados, que también objetaron una serie de párrafos por entender que construyen una narrativa política amplia y prejuiciosa que no está ligada a la conducta reconocida por su representado.

“Los párrafos son impropios por tres razones principales: describen eventos irrelevantes, contienen inexactitudes fácticas materiales y se basan en hechos no confiables”, mencionaron los licenciados.

Asimismo, aclararon que Rossini no fue acusado ni condenado por conspiración —un delito grave—, sino que se declaró culpable de una conducta delictiva limitada al período comprendido entre marzo y junio de 2020. Indicaron que el memorando, sin embargo, incorpora hechos de 2019 y principios de 2020, como protestas masivas, renuncias y dinámicas de campaña política, que no guardan relación con el caso.

“Esta conducta es, por lo tanto, irrelevante por definición”, argumentaron los abogados, quienes aclararon que este no es ni fue un “consultor político”.

“Esa etiqueta es incorrecta. El señor Rossini es un exagente del FBI (Negociado Federal de Investigaciones) que, en el período relevante, fue contratado por Julio Herrera Velutini para un asunto único y específico: servir como enlace con el FBI sobre cuestiones de corrupción relacionadas con la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF)“, aseveraron los abogados.

En ese sentido, los licenciados añadieron que su cliente “no fue contratado para brindar asesoría política ni estrategia de campaña, ni trabajó para el señor Herrera Velutini en “varios asuntos”, como incorrectamente" afirma parte del memorando.

Asimismo, los licenciados indicaron que el memorando incluye párrafos que expanden indebidamente el alcance del caso al basarse en hechos inadmisibles, interpretaciones de terceros y acciones de otros que no pueden ser atribuibles al exagente federal.

En ese contexto, sostuvieron que el memorando incorpora declaraciones de Frances Díaz, exejecutiva de Bancrédito International Bank & Trust Corporation, y de John Blakeman, exasesor político de Vázquez Garced, que son aceptadas como ciertas sin evaluar su contexto ni los incentivos de quienes las emitieron.

“Díaz y Blakeman eran acusados en casos penales federales separados, se declararon culpables en 2022 y aún no han sido sentenciados. Son cooperadores cuyo resultado depende, en parte, de la evaluación del gobierno sobre su cooperación en este caso. Esa situación crea un incentivo obvio y sustancial para exagerar, alterar los hechos o trasladar la culpa. El memorando de sentencia no divulga ese incentivo, no reconoce su postura de cooperación ni advierte al Tribunal sobre las preocupaciones de confiabilidad inherentes”, indicaron los abogados de Rossini.

“En conjunto, estos párrafos convierten una sentencia por delito menor en una adjudicación de supuesta conducta política más amplia, sin juicio, estipulación ni atribución individualizada”, dijeron.

De igual forma, los abogados objetaron la conclusión de que su representado tenga capacidad para pagar la multa que pueda imponer el tribunal. Afirmaron que, por el contrario, su capacidad económica es “muy limitada” y que ello debe reflejarse en el memorando.

“Estas objeciones buscan mantener la vista de sentencia del señor Rossini enfocada en lo que realmente importa: hechos confiables, correctamente atribuibles a él y probados por preponderancia de la evidencia. El memorando de sentencia, tal como está redactado, acumula especulación sobre hechos e importa narrativas no adoptadas de otros acusados y transforma un caso por delito menor en algo que no es: un referéndum sobre eventos políticos más amplios”, puntualizaron los abogados de Rossini.

De otro lado, la jueza de distrito Silvia Carreño Coll, quien dictará la sentencia a Rossini, Vázquez Garced y Herrera Velutini, el próximo 29 de enero, dio a la Fiscalía federal hasta este próximo martes para responder a los señalamientos similares que hizo la representación legal de la exgobernadora.

El equipo legal de Vázquez Garced expusieron que la Fiscalía federal pretende utilizar un caso que fue desestimado para que se le imponga la pena mayor.

Los abogados Ignacio Fernández de Lahongrais, Luis Plaza, Edgar Sánchez y Peter Jonh Porrata indicaron en la moción que “el gobierno, (representado por la Fiscalía federal), ha incumplido el acuerdo de culpabilidad de cinco maneras independientes”.

“Si bien técnicamente recomienda una sentencia dentro del rango estipulado de seis a 12 meses, el Memorando de sentencia del gobierno busca justificar la pena máxima legal de prisión (de un año) incorporando acusaciones de soborno y corrupción de la acusación desestimada”, puntualizaron.

En agosto de 2022, un gran jurado emitió una acusación inicial de siete cargos contra Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini por conspiración, soborno en programas federales y fraude electrónico por servicios honestos.

Las autoridades federales sostuvieron que Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini, junto a otras personas no acusadas, participaron en un esquema de soborno mediante el cual la exgobernadora, presuntamente, reemplazó al jefe de la OCIF, George Joyner, por una persona elegida por Herrera Velutini. El banquero venezolano, en cambio, accedió a realizar contribuciones políticas a la campaña primarista de la entonces gobernadora y a financiar servicios de consultoría, según las autoridades federales.

Sin embargo, tras alcanzar un acuerdo tras una reunión con la plana mayor del Departamento de Justicia de Estados Unidos en Washington D.C., los cargos originales fueron archivados y se presentó una nueva acusación por un solo cargo por violación a la Ley FECA.

Actualmente, Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini se encuentran a la espera de ser sentenciados, tras declararse culpables en agosto de 2025.

De igual forma, Díaz y Blakeman, quienes hicieron alegación de culpabilidad -y colaboraron con las autoridades federales- no han sido condenados.