La vista de sentencia de Gregory Matías Gutiérrez, hijo del senador del Partido Nuevo Progresista (PNP) Gregorio Matías, fue pautada para el 28 de mayo a las 10:30 a.m. en el Tribunal federal en Hato Rey.

La jueza de distrito federal Silvia Carreño Coll pautó la nueva fecha como parte de una orden emitida el 13 de mayo tras conceder una solicitud de la defensa de Matías Guitérrez para posponer la vista.

Inicialmente, la vista de sentencia se llevaría a cabo el 22 de mayo, pero el licenciado Francisco J. Adams Quesada, representante legal de Matías Gutiérrez, solicitó la posposición por un conflicto de calendario.

Según la moción de Adams Quesada, la fecha inicial coincidía con un seminario sobre la pena de muerte que debe tomar. Por ende, solicitó el aplazamiento de la vista y sugirió tres fechas, entre ellas el 28 de mayo.

Tras evaluar la solicitud, Carreño Coll concedió la moción para la posposición y reprogramó la sentencia para el 28 de mayo en la sala 6.

De cara a la vista, la Oficina de Libertad Condicional de los Estados Unidos presentó, el 16 de abril, el informe presentencia. No obstante, el contenido del informe, como es habitual, no está disponible para el público.

Matías Gutiérrez se declaró culpable a nivel federal por su vínculo en el asesinato del agente del Negociado de la Policía, Miguel José Pérez Ríos que ocurrió en la madrugada del 7 de septiembre de 2015 en una gasolinera en Río Piedras.

El acuerdo de culpabilidad radicado el 20 de febrero, que consta de 19 páginas, incluye un nuevo cargo de conspiración, junto a otras personas “conocidas y desconocidas”, a sabiendas e intencionalmente, para poseer armas de fuego y municiones utilizadas en un delito de narcotráfico que abarcó el asesinato de Pérez Ríos, de 32 años.

Según el documento judicial, cuya copia obtuvo El Nuevo Día, Matías Gutiérrez confesó que era el conductor del vehículo que aquella noche recogió a los gatilleros luego de abatir a Pérez Ríos, quien fue acechado y ejecutado en la gasolinera Shell ubicada en la carretera PR-838, camino Alejandrino, en Caimito, donde trabajaba a tiempo parcial.

El policía, cuyo asesinato quedó grabado por cámaras de seguridad, era oriundo de Arecibo, pero pernoctaba cerca del cuartel de Caimito, en San Juan. El agente, que era hijo único y quien laboró en la Divisón de Drogas, era padre de tres niños.

Por el atroz crimen de Pérez Ríos -quien fue distinguido en tres ocasiones como Policía del Año, el más reciente en febrero de 2015- fueron acusados, en 2023, otros cuatro sujetos: Joseph Manuel Molina Santos, Víctor Rafael Molina Santos, Marlon Laguna Santos y Orlando Carmona Serrano.

“Gregory Matías Gutiérrez y otras personas, a sabiendas e intencionalmente, se combinaron, conspiraron y acordaron entre sí y con otras diversas personas conocidas y desconocidas por el gran jurado, para cometer un delito contra los Estados Unidos”, sostiene el pliego acusatorio.

Anteriormente, Matías Gutiérrez se declaró culpable por los cargos número uno y nueve del pliego acusatorio original emitido en el 2023, y que provocó el arresto de 40 supuestos miembros de una organización criminal que controlaba el trasiego de drogas en los residenciales Manuel A. Pérez, Alejandrino y Los Laurales, en San Juan; así como la barriada San Isidro en Canóvanas y otras áreas limítrofes en la ciudad capital.

El cargo número uno se refiere a la conspiración para poseer, con la intención de distribuir, heroína, cocaína, marihuana, cocaína crack, fentanilo, oxicodona/paracetamol (Percocet) y alprazolam (Xanax) en los predios o cerca de los mencionados residenciales. Mientras, el noveno cargo corresponde al uso de un arma de fuego relacionada a la muerte del policía.

El cargo de conspiración para poseer armas de fuego es penalizado con hasta 20 años en prisión, una multa de hasta $250,000 y cinco años de libertad supervisada. Sin embargo, como parte del acuerdo de culpabilidad, la Fiscalía federal y la defensa acordaron solicitar una pena de 46 meses de prisión (tres años y diez meses) por dicho cargo.

Además, las partes acordaron recomendar una sentencia de entre 204 a 216 meses de prisión por la muerte de Pérez Ríos.

Sin embargo, Carreño Coll no está obligada a honrar las estipulaciones del acuerdo.