El juez superior Héctor A. Castro Cintrón, del Tribunal de Guayama, sentenció a un año de prisión al exoficial correccional Radamés Morales Portalatín por presuntamente facilitar la entrada de contrabando en una institución penal a cambio de sobornos.

Así lo confirmó a El Nuevo Día la Oficina de Prensa de la Administración de los Tribunales (OAT), que precisó que, durante una vista celebrada en la sala 305, Castro Cintrón, además, le impuso al convicto una sentencia suspendida (probatoria) de cinco años y seis meses.

La vista ocurrió luego que la Fiscalía de Humacao y la defensa de Morales Portalatín alcanzaran un preacuerdo, lo que permitió reclasificar los cinco cargos que enfrentaba a delitos de menor gravedad.

El cargo por violación al Artículo 4.2(b) de la Ley de Ética Gubernamental fue reclasificado como tentativa, al igual que los cargos bajo los Artículos 401 y 406 de la Ley de Sustancias Controladas, por posesión con intención de distribución, y tentativa y conspiración.

De igual forma, el cargo por soborno, bajo el Artículo 259 del Código Penal, fue reclasificado como enriquecimiento ilícito (Artículo 250), y el Artículo 267, por impedir la inspección de libros y documentos, pasó a ser una tentativa por posesión e introducción de objetos a un penal, de acuerdo al Artículo 277.

Los hechos ocurrieron durante el mes de febrero, cuando Morales Portalatín, quien laboraba en la Institución de Máxima Seguridad 296, fue arrestado por presuntamente facilitar la entrada de contrabando a cambio de sobornos.

El ahora convicto llevaba 22 años de servicio en el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).

El DCR remitió, en 2025, el caso de Morales Portalatín al Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) tras una pesquisa inicial que comenzó mediante confidencias. El DCR y el NIE luego continuaron con la investigación que también incluyó a otras agencias.

La pesquisa —que se mantiene activa y en la cual no se descartan más arrestos— incluyó la utilización de agentes encubiertos, vigilancia estratégica, recopilación de evidencia electrónica y documentación detallada de las transacciones.

De acuerdo al DCR, el exoficial facilitó la entrada de contrabando a la institución penal a cambio de sobornos, incluyendo un pago documentado de $1,500. Además, sostuvo un encuentro con agentes encubiertos donde hubo un intercambio de carfentanilo en el estacionamiento de un supermercado.

Según la Agencia para el Control de Drogas (DEA), el carfentanilo es un opioide sintético desarrollado originalmente para uso veterinario, específicamente, para tranquilizar a animales grandes, como elefantes, y es extraordinariamente potente.

Por estos supuestos hechos, la Fiscalía de Humacao presentó cargos en ausencia por violación a la Ley de Ética Gubernamental, soborno, introducción de contrabando a una institución correccional y distribución de sustancias controladas.

En la vista inicial de Regla 6, la jueza superior Enid Cristina Rivera García, del Tribunal de Humacao, encontró el 11 de febrero causa para arresto en ausencia en todos los cargos imputados, le fijó una fianza de $600,000 y expidió una orden de arresto.

Como resultado, Morales Portalatín fue arrestado y llevado ante un juez en el Tribunal de Humacao.

En un parte de prensa, el secretario del DCR, Francisco Quiñones Rivera, confirmó en ese momento que ordenó la suspensión inmediata de empleo y sueldo del exoficial, como paso previo a su destitución.

“El mensaje es claro: no vamos a permitir que unos pocos dañen el buen nombre de miles de oficiales que visten con orgullo el uniforme de nuestro Departamento. Tampoco vamos a tolerar que se atente contra la seguridad en nuestras instituciones. Continuaremos colaborando con las agencias de ley y orden estatales y federales”, indicó Quiñones.

En tanto, el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Arturo Garffer, reiteró la política de cero tolerancias ante este tipo de conducta.

“En el DSP no hay espacio para la corrupción ni para quienes traicionan la confianza del pueblo. El contrabando celular o de drogas sintéticas como el fentanilo y el carfentanilo representa una amenaza directa a la seguridad pública. Vamos a continuar integrando todos nuestros recursos investigativos y operacionales para erradicar estas estructuras criminales desde adentro y desde afuera. Nuestro mensaje es claro: tolerancia cero”, subrayó.

Por su parte, el comisionado del NIE, el fiscal Ángel García, destacó la rigurosidad del proceso investigativo.

“Esta investigación demuestra que cuando se actúa con rigor, inteligencia y coordinación interagencial, las estructuras criminales pueden ser identificadas y procesadas con éxito”, comentó García.

“La evidencia recopilada permitió presentar el caso ante un magistrado en el Tribunal de Humacao. El NIE continuará utilizando todas las herramientas investigativas disponibles para proteger la integridad del sistema correccional y garantizar que quienes violen la ley enfrenten las consecuencias”, puntualizó.