Representante María Milagros Charbonier. (GFR Media)
Representante María Milagros Charbonier. (GFR Media)

La defensa de la exrepresentante del Partido Nuevo Progresista María Milagros Charbonier pidió al tribunal que desestime los cargos criminales que enfrenta su clienta con el argumento de que el gobierno federal no tiene jurisdicción.

En una moción, la abogada Sonia Torres Pabón, quien encabeza la defensa de Charbonier, planteó que el gobierno acusó a la exlegisladora de robar fondos relacionados con un programa financiado con dinero federal, “pero se niega a indicar qué programa federal, beneficios federales o fondos federales están implicados”. La moción fue presentada en respuesta a otra del principios de marzo en que los fiscales en que, en esencia, indicaron que cuando trabajaba como legisladora sí era una “agente” que representaba al gobierno de Puerto Rico, por lo que es procesable por el supuesto uso de los fondos que utilizó para inflar el salario de una empleada de su oficina, para que luego le pasara “comisiones ilegales”.

“Su negativa/silencio en este asunto es elocuente... no hay beneficios federales implicados en la conducta alegada”, sostuvo Torres Pabón en su moción con fecha del 31 de marzo.

La fiscalía ha argumentado que la “obligación” de identificar el programa federal se daría en la etapa de juicio.

Torres Pabón sostuvo que el único argumento que levanta el gobierno federal para establecer un nexo entre la conducta alegada y un programa federal es que Charbonier, al ser representante, se convirtió en una “agente” del gobierno del Estado Libre Asociado, entidad que recibió más de $10,000 en beneficios federales durante el periodo en que presuntamente se cometió la actividad delictiva.

En el pliego acusatorio contra Charbonier, indica: “En cada uno de los años “2017, 2018, 2019 y 2020, el Gobierno de Puerto Rico recibió más de $10,000 en beneficios federales”.

Según Torres Pabón, esta conexión es muy débil y no establece un nexo entre la presunta conducta criminal y las obligaciones de Charbonier como legisladora. En su escrito, sostuvo también que el dinero supuestamente robado no es federal, sino el salario de Charbonier como exrepresentante, que es dinero estatal.

Sin embargo, el ministerio público, representado por los fiscales Edward Jacobson y María Montañez, sostiene que Charbonier precisamente usó su poder legislativo para alegadamente inflar el salario de su empleada. Ese poder legislativo se ejerció, según los fiscales, cuando Charbonier votó en la aprobación del presupuesto que asignó los fondos gubernamentales que luego utilizó para pagarle a la empleada.

Charbonier está acusada por conspiración, robo de fondos federales, fraude en transferencias electrónicas, lavado de dinero y obstrucción a la justicia. El pliego emitido por un gran jurado con 13 cargos federales también acusa a su esposo Orlando Montes Rivera, a su hijo Orlando Montes Charbonier y una empleada de su oficina legislativa Frances Acevedo Ceballos.

Los cuatro están acusados de orquestar y participar en un esquema de soborno, comisiones ilegales y robo que duró de enero de 2017 hasta julio de 2020, por aumentarle el sueldo a Acevedo Ceballos con fondos públicos para que ella, a su vez, les pasara parte del dinero recibido.

Torres Pabón sostuvo que la fiscalía federal argumenta que el salario de Acevedo Ceballos fue inflado, pero sin poder probar que la empleada no haya cumplido con su carga laboral o fuera ineficiente en el desempeño de sus funciones. “También, fallan en hacer referencia a alguna política, regulación o estatuto que indique cuál debe ser el salario de Acevedo (Ceballos)”, indicó Torres Pabón, al aludir a que en la Legislatura no existe un plan de clasificación y retribución.

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