La Fiscalía federal “no puede pedir una condena por el delito que decidió no perseguir”.

Así concluye una moción de la defensa de Wanda Vázquez Garced para insistir que el Tribunal Federal en San Juan elimine la recomendación de sentencia de un año de cárcel para la exgobernadora.

Un día después de que el Ministerio Público defendiera su propuesta de prisión, los abogados de Vázquez Garced solicitaron a la jueza Silvia Carreño Coll que le permita reiterar su posición de que la Fiscalía violó los términos del acuerdo para que la exfuncionaria se declarara culpable.

En agosto de 2022, un gran jurado acusó a Vázquez Garced, el banquero venezolano Julio Herrera Velutini y el asesor financiero Mark Rossini por un alegado esquema de corrupción de soborno y fraude.

Tras extensas negociaciones, las partes acordaron que los acusados hicieran alegación de culpa por el delito menos grave de violación a leyes de campaña electoral.

En la moción de ayer, los abogados denunciaron que la Fiscalía “busca que Vázquez sea sentenciada por este Tribunal y juzgada en el tribunal de la opinión pública, no por el delito menor de violación de financiamiento de campañas del cual se declaró culpable, sino por las acusaciones de soborno y corrupción” del pliego original “que acordó desestimar”.

Según la defensa, el argumento central de la Fiscalía se basa en un “juego semántico”.

“(La Fiscalía) afirma que Vázquez ‘aceptó las contribuciones políticas que le prometieron’, confundiendo la aceptación de una promesa con la aceptación de contribuciones reales”, indicaron los abogados.

“Sin embargo, la ley penaliza ambas por separado: prohíbe aceptar ‘una contribución o donación’ o ‘una promesa de hacer una contribución o donación’. Se trata de delitos distintos”, explicaron.

Sostuvieron que la estipulación de hechos en el acuerdo de culpabilidad “confirma esta distinción”.

“Las partes estipularon que ‘el valor de la contribución prometida era superior a $15,000, pero no excedía los $25,000’”, apuntó la defensa.

Recalcó que “la estipulación cuantifica la promesa, no las contribuciones reales recibidas. Esto no fue una redacción descuidada; refleja la naturaleza del delito”.

Insistió en que “dos hechos siguen siendo indiscutibles: nunca se recibió dinero extranjero para su campaña y no se le proporcionó ayuda procesable”.

Según los abogados, la Fiscalía federal también tergiversó el estado en que se encuentran las objeciones sobre el informe presentencia.

Asimismo, alegaron que amenazó responsabilidad por presentar una impugnación legítima, que usó su deber de franqueza para eludir el acuerdo de culpabilidad, que amenazó con resucitar el proceso por soborno mientras simultáneamente utiliza acusaciones de soborno para justificar su recomendación de sentencia y que caracterizó erróneamente las declaraciones fácticas exactas de la convicta como “falsas”.

La defensa sostuvo que la expresión de la Fiscalía al defender la recomendación de sentencia, “en vez de refutar, confirma el incumplimiento” con el acuerdo.

“Su retórica agresiva no puede ocultar que sigue abogando por la pena máxima legal basándose en una conducta que excede los límites negociados en el acuerdo de culpabilidad”, apuntó.

Las vistas de sentencias para Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini están pautadas para el próximo 29 de enero.