La empresa pagaría $10,000 millones a 125,000 demandantes. Conoce los detalles.

Un total de 20 residentes de Puerto Rico alegan que desarrollaron cáncer a consecuencia del uso del popular herbicida Roundup, creado por Monsanto y ahora propiedad de la multinacional alemana Bayer, según una demanda federal que reclama una compensación global de $10 millones.

El recurso, sometido en el Tribunal federal del Distrito de Puerto Rico en abril de este año, alega que la exposición al ingrediente glifosato de ese herbicida provocó en los demandantes diferentes tipos de cáncer, como linfoma, leucemia, mieloma y carcinoma.

Esta demanda a nivel local se une a miles de otras reclamaciones en Estados Unidos contra la farmacéutica alemana, que heredó el pleito legal tras adquirir Monsanto en el año 2018.

El pasado 24 de junio, Bayer anunció que pagará más de $10,000 millones para transar demandas contra Monsanto, ante alegaciones de que su producto Roundup les causó cáncer. 

Aunque el acuerdo espera por la aprobación del juez del Tribunal de Distrito del Norte de California, Vince Chhabriael plan contemplaría recursos para atender sobre 125,000 demandas pendientes y futuros litigios, mientras el producto continúa a la venta sin necesidad de añadir notificaciones sobre los potenciales daños a la salud en la etiqueta.

"Como un resultado aproximado de la conducta de los demandados, cada uno de los demandantes ha sostenido, sufrió y continúa sufriendo (...) lesiones corporales y personales, así como gastos y pérdidas económicas", sostiene la demanda radicada en Puerto Rico.

"Cada uno de los demandantes tiene derecho a recuperarse de los demandados, en conjunto y separadamente, con una compensación completa y justa por los conceptos citados con la suma de no menos de $10 millones", agrega el reclamo legal contra la empresa.

El licenciado Jorge Carazo Quetglas, en representación de los 20 demandantes, explicó a El Nuevo Día que el tribunal y los peritos designados evalúan cada reclamación para determinar si proceden sus alegaciones, si son elegibles para alguna compensación y la cantidad que les correspondería a cada uno.

"Se está en una etapa de evaluar cada reclamación individualmente para ver si el tipo de daño que se reclama cualifica para recibir una compensación, porque no todas las reclamaciones tienen derecho a una compensación económica", sostuvo Carazo Quetglas. "La cantidad va a depender de los daños y esa evaluación es individual".

En marzo del año pasado, un jurado de California consideró que Roundup contribuyó al linfoma no Hodgkin que padece Edwin Hardeman, un hombre de 70 años que demandó a Monsanto porque su producto le causó cáncer. Como parte del veredicto, se le otorgaron $80 millones en daños.

Previamente, en agosto del 2018 se produjo un veredicto similar en el caso de la demanda de Dewayne Johnson, quien padece de cáncer terminal y quien alega que contrajo linfoma a consecuencia del uso y exposición al Roundup como parte de su trabajo como jardinero y controlador de plagas en una escuela. La sentencia inicial condenaba a Monsanto a abonar $289 millones, pero luego una jueza redujo esa cantidad a $78 millones (39 por daños y otros 39 de castigo ejemplar). 

En Puerto Rico, Carazo Quetglas solicitó a través de una moción la semana pasada que la demanda sea transferida a California para que se consolide con el caso en el que la empresa Bayer anunció un mecanismo el mes pasado para llegar a acuerdos con los demandantes.

La demanda sometida en Puerto Rico indica que "las reclamaciones que han sido sometidas contra Monsanto relacionadas al herbicida Roundup han sido transferidas al Tribunal (federal) del Distrito Norte de California para coordinarse o consolidarse los procedimientos con antelación a juicio". 

La compañía demandada todavía no ha contestado las alegaciones sometidas en el tribunal de San Juan.

El Nuevo Día solicitó entrevistar a algunas de las personas que sometieron los reclamos en la demanda, pero declinaron la petición a través de su abogado.

El glifosato es un químico esencial en cientos de los herbicidas más utilizados a nivel mundial y también uno de los más cuestionados por sus supuestos vínculos al cáncer.

El químico, un ingrediente activo en productos para controlar la maleza y la mala hierba que se venden de forma masiva en cualquier ferretería o agrocentro, se ha utilizado desde la década de 1970 como un pesticida, según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, en inglés).

LOS DEMANDANTES

Entre los demandantes en Puerto Rico figuran las familias de tres personas que fallecieron tras padecer condiciones cancerosas: Ramón Berríos de San Germán y Ana Lydia Acevedo de Río Grande, que padecieron linfoma; mientras que Ramón Antonio Galarza González, de Carolina, tuvo mieloma.

En el caso del resto de los 17 demandantes, cinco padecen linfoma, dos leucemia, tres mieloma y siete carcinomas. Los demandantes son residentes en los municipios de Yabucoa, Caguas, Adjuntas, San Juan, Vega Alta, Bayamón, Canóvanas, Jayuya, Villalba, Gurabo, Camuy, Quebradillas, Vega Baja y Orocovis.

"Los demandantes mantienen que Roundup y/o glifosato es defectuoso, peligroso a la salud humana, impropio e inadecuado para ser mercadeado y vendido en el comercio, y carece de precauciones adecuadas e instrucciones sobre los peligros asociados a su uso", indica la demanda.

La demanda destaca que la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC, en inglés) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) concluyó en el 2015 que el glifosato en el herbicida Roundup "es un 'cancerígeno probable' Clase 2A".

"El grupo de trabajo de la IARC encontró un creciente riesgo entre la exposición y el linfoma no Hodgkin (NHL, en inglés) y varios sub-tipos de NHL, y que el creciente riesgo continuó después de ajustes para otros pesticidas", señala la demanda.

Mientras, la posición de la EPA se mantiene en que el herbicida es seguro cuando se usa con protección.

Por su parte, los demandantes denuncian que la empresa no tomó medidas para modificar las etiquetas para incluir información relevante sobre los riesgos que conlleva el uso del producto.

"La falla de los demandados en advertir e informar adecuadamente a la EPA ha resultado en las advertencias inadecuadas sobre seguridad presentada directamente a los consumidores", alegan los demandantes.

Los agricultores en la Isla usan productos a base de glifosato para casi todos los cultivos, ha asegurado el secretario del Departamento de Agricultura, Carlos Flores.

Flores indicó que el producto está disponible porque la EPA no lo cataloga de alto riesgo, pero advierte que es necesario usarlo según la etiqueta y evitar exposición a altas dosis.

Mientras, el oncólogo Fernando Cabanillas ha señalado que “no hay duda” de que el glifosato “es cancerígeno”.

El galeno explicó que los individuos pueden entrar en contacto con el glifosato mediante los alimentos derivados de organismos genéticamente modificados (GMO, en inglés), pues se han creado plantas GMO resistentes al químico para que no mueran al exponerse al producto.

EN EL AIRE LEGISLACIÓN PARA PROHIBIR SU USO

El choque de posiciones entre diversos sectores sobre los riesgos del químico quedó expuesto en las discusiones de dos proyectos de ley que buscaban limitar el uso del glifosato en Puerto Rico.

Una de las medidas, sometida en el 2017 en la Cámara de Representantes, pretendía prohibir que se usara el glifosato para desyerbar carreteras y caminos estatales o municipales.

Entre los que favorecieron la prohibición figuraba el Colegio de Médicos Cirujanos y el catedrático del Departamento de Química del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, Enrique Meléndez Martínez.

En contra de la legislación, que no fue aprobada, comparecieron la doctora y toxicóloga Liza Dunn de la compañía Bayer Crop Sciencie Puerto Rico; la directora ejecutiva de la Asociación de Biotecnología Agrícola de Puerto Rico (PRABIA, por sus siglas en inglés) y la presidenta de la organización Productores de Café de Puerto Rico (PROCAFE).

Mientras, un proyecto similar sí fue aprobado en el Senado en mayo del año pasado.

Recibió la posición a favor de los departamentos de Salud, Recursos Naturales y Ambientales, Transportación y Obras Públicas, Autoridad de Carreteras.

Se expresaron en contra el Departamento de Agricultura, Puerto Rico Agricultural Biotechnology y la Industry Association (PRABIA).

La medida quedó estancada cuando llegó a la Cámara de Representantes.